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Manuel Parejo y Norberto Plasencia tienen 20 días para entrar en prisión

La juez notifica el auto de ingreso a los exconcejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación relacionados con el mamotreto.

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El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, Manuel Parejo, en un momento del juicio./ EFE (Ramón de la Rocha)

El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, Manuel Parejo, en un momento del juicio./ EFE (Ramón de la Rocha)

El juzgado de lo penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife notificó ayer el auto de ingreso en prisión en un plazo de 20 días a los exconcejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, acusados de haber cometido delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación en el denominado caso Mamotreto.

No obstante, ambos tienen la opción de solicitar la remisión provisional de la pena o, incluso, el indulto, por lo que todo apunta a que, en cualquier caso, no ingresarían en prisión antes del próximo año.

La sentencia considera probado que los ediles Parejo, Plasencia y Pastor y la funcionaria municipal María Loreto Ariz, autorizaron a sabiendas de su ilegalidad la construcción en la playa de Las Teresitas del edificio de aparcamientos conocido popularmente como el Mamotreto.

La juez Beatriz Mendez consideró a los tres, autores de dos delitos de prevaricación urbanística y uno contra la ordenación del territorio, mientras que absolvió de todos los cargos que se le imputaban a la también exconcejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Luz Reverón, en la actualidad directora insular de la Administración General del Estado en La Gomera.

La sentencia, considera probado que los ediles Parejo, Plasencia y Pastor y la funcionaria municipal María Loreto Ariz, autorizaron a sabiendas de su ilegalidad la construcción en la playa de Las Teresitas del edificio de aparcamientos conocido popularmente como el Mamotreto.

Asimismo, condenó a los técnicos Epifanio Gómez y Candelaria Bénitez como autores de un delito de prevaricación urbanística y como cooperadores necesarios de un delito contra la ordenación del territorio, respectivamente.

La juez ordenó que ese edificio, cuya obras fueron iniciadas en 2006 y paralizadas dos años más tarde, sea derribado y que los seis condenados en este proceso asuman a partes iguales los gastos que ello acarree.

El resto de los condenados en este caso eluden el ingreso en prisión ya que sus penas no superan los dos años.

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