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El PSOE pone en duda ahora la compra de un edificio por el Cabildo de Tenerife al empresario Antonio Plasencia

La portavoz socialista en la Corporación insular, Josefa Mesa, considera que la operación, a la que votaron a favor en el consejo rector del IASS, "se está tornando oscurantista o, al menos, poco transparente"

Pleno del Cabildo de Tenerife celebrado este viernes, el último del año 2018

Imagen de archivo de un pleno del Cabildo de Tenerife

El PSOE en el Cabildo de Tenerife empieza ahora a replantearse la compra por 23 millones de euros de un edificio al constructor tinerfeño Antonio Plasencia, condenado a penas de 52 millones de euros por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar, después de que votara a favor de la adquisición de ese inmueble en el consejo rector del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) de la Corporación insular.

La secretaria de organización del PSOE en Tenerife y portavoz en el Cabildo, Josefa Mesa, ha considerado este lunes que la operación "se está tornando oscurantista o, al menos, poco transparente" y ya ha exigido que se prime el interés general en la compra del nuevo edificio para el IASS. Mesa advierte de que "estaremos atentos a que no se destinen fondos públicos a fines particulares u otros no transparentes".

Desde las filas socialistas indican que, a pesar de que votaron a favor de la compra, la forma de tramitar hasta ahora el expediente por parte de su socio de gobierno, Coalición Canaria, les ha puesto "en situación de alerta" y, por tanto, van a "analizar a fondo el expediente".

Dentro de las dudas generadas tras el consejo rector del IASS está que, si la infraestructura propuesta (un edificio de 13 plantas) es adecuada para el centro, la elevada inversión que suponen las obras de adecuación, la propiedad de este o si puede tener el uso que se le pretende dar con un planeamiento en el aire por sentencias judiciales.

En este sentido, la vicesecretaria general del PSOE de Tenerife, Marián Franquet, recuerda que la anulación del actual PGO de Santa Cruz de Tenerife está pendiente del Tribunal Supremo. "Si el Supremo confirma la anulación del Plan General, cabe la posibilidad de que no se pudiera destinar ese edificio a un uso sociosanitario”, incide Franquet.

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