El exjefe de Contabilidad del Recinto Ferial de Tenerife se enfrenta a ocho años de cárcel por un presunto desfalco de 145.000 euros

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita ocho años de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta para el exjefe de Administración y Contabilidad del Recinto Ferial de Tenerife, Ignacio Castillo Melo, por apropiarse de más de 145.000 euros de fondos públicos de la empresa dependiente del Cabildo insular.

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, el juicio contra el exjefe de Contabilidad del Recinto Ferial se celebrará ante el Tribunal del Jurado. El Ministerio Público considera que Ignacio Castillo cometió un delito continuado de falsificación de documento público para llevar a cabo una malversación de caudales, lo que se conoce como concurso medial.

La Fiscalía cifra el montante del presunto desfalco en 145.304 euros, la misma cantidad que reclama al acusado como indemnización al Recinto Ferial de Tenerife. Cuatro testigos y tres peritos, a petición del Ministerio Público, también tendrán que comparecer ante el Tribunal del Jurado durante la celebración de la vista oral.

El fiscal Santiago Guibert considera probado que Ignacio Castillo, siempre mediante un comportamiento que califica de “mendaz”, utilizó su posición en el Recinto Ferial, donde ejercía todo el control sobre el dinero efectivo que se ingresaba sin ser fiscalizado, para apropiarse de fondos públicos mediante la creación de asientos ficticios en la contabilidad de la empresa y el desvío de dinero no justificado.

Según el relato del fiscal, el exjefe de Contabilidad, que ocupó el puesto entre 2005 y 2016, aunque ya trabajaba en el Recinto Ferial desde 1989, utilizó la caja de la empresa pública como una hucha personal de la que extraía cantidades de dinero que destinaba a cubrir gastos particulares.

El escrito de acusación, firmado por el fiscal Santiago Guibert, expone que “entre el 22 de septiembre de 2005 y el 17 de junio de 2016”, el acusado “se apoderó para sí de 124.508 euros en efectivo”. Para llevar a cabo sus intenciones, siempre a criterio del Ministerio Público, “ocultó las salidas de los fondos de caja, con ánimo mendaz, en una cuenta contable del subgrupo 578”, que simulaba pertenecer a la Tesorería de la empresa pública sin ser así. De esta manera, se anotaron 118.420 euros como pagarés pendientes de cobro y 6.088 euros como 15 vales “no justificados que en realidad no existían”.

 Embargos e impuestos

Otra de las actuaciones que la Fiscalía considera delictiva está relacionada con el desvío de 11.222 euros de los fondos del Recinto Ferial de Tenerife que fueron utilizados por el acusado, según el escrito, para hacer frente a embargos ordenados por el Juzgado de Familia, en 2007 y 2009, por una deuda pendiente con su exmujer.

El fiscal explica que Ignacio Castillo, en lugar de descontarse la cantidad embargada de su sueldo, unos 510 euros mensuales, traspasó el dinero desde el Recinto Ferial de Tenerife. Después devolvió una parte y el resto fue camuflado mediante “un asiento ficticio en la contabilidad” y la emisión de un cheque “que no existió”.

Una artimaña que se repitió dos años después, cuando fue dictado el segundo de los embargos judiciales, mediante dos nuevos asientos ficticios en la contabilidad del Recinto Ferial de Tenerife. De nuevo, el dinero salió de la empresa pública para no regresar, según concluye el fiscal.

El descontrol que imperaba en la sociedad del Cabildo de Tenerife se vuelve a demostrar en otra de las actuaciones llevadas a juicio por la Fiscalía. En el año 2010, el exjefe de Contabilidad ordenó a un subordinado que pagara con dinero del Recinto Ferial de Tenerife 354,53 euros de impuestos municipales. En concreto, por el rodaje de un quad Yamaha y un Smart, así como en concepto de IBI por el domicilio y el garaje que posee el acusado.

Además de las penas solicitadas, el fiscal también ha pedido que se abra una pieza de responsabilidad civil y se reclame al acusado la aportación de una fianza por el importe reclamado. Ignacio Castillo ya autorizó durante la instrucción del caso que le fueran retenidos 6.051 euros, correspondientes al 25% del premio de jubilación, para cubrir las posibles irregularidades contables. El Grupo Sí Podemos del Cabildo de Tenerife ejerce la acusación popular en la causa.