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El Comisionado de Transparencia deja en evidencia al alcalde de La Laguna por ocultar información que es pública

Rubens Ascanio (centro), portavoz de Unidos Se Puede en La Laguna, en la rueda de prensa de este lunes

Néstor Morales

Santa Cruz de Tenerife —

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El Comisionado de Transparencia de Canarias ya ha resuelto la reclamación presentada el 21 de marzo de 2018 por Rubens Ascanio, portavoz de Unidos Se Puede en La Laguna, respecto a la gestión de servicios públicos relacionados con el ciclo integral del agua que realiza la empresa municipal Teidagua, SA (de carácter mixta).

En la rueda de prensa del grupo Unidos Se Puede celebrada en la mañana de este lunes, el concejal José Luis Hernández recordó que se recurrió a ese organismo ante “el poco apego del Ayuntamiento a ser transparente con  la oposición”. Además, el concejal lagunero consideró que el grupo de gobierno local priva a los concejales de la oposición de su derecho a la información, algo que considera que se ha llevado a cabo durante todo el mandato actual.

El grupo de izquierdas reclamó esa información al Ayuntamiento a principios del año 2018, ya que consideró que existían irregularidades en la gestión de la empresa mixta Teidagua, SA, de la cual posee el 49% Canaragua, SA, aunque, según Rubens Ascanio, esta “gestiona el 100%” de ese recurso en la localidad.

Para el portavoz de Unidos Se Puede, los laguneros y laguneras “no se merecen la gestión de Teidagua”, pues afirma que esta supone “un derroche de 25 millones de euros de dinero público sin justificar”. Además, dijo que el interventor del Ayuntamiento reconoció que en los últimos ocho años de gestión del agua no ha habido un control legal de la auditoría de Teidagua, por lo que se desconocen las actuaciones de esta empresa con mayoría accionarial del Ayuntamiento (51%), así como de las cuentas internas de la sociedad mercantil.

El Ayuntamiento de La Laguna se negó a ofrecer esa información al grupo municipal de Unidos Se Puede alegando que la oposición “no tiene derecho a recibirla”, según sostuvo este lunes Rubens Ascanio, aunque en el dictamen del Comisionado de Transparencia de Canarias se niega que la postura del grupo de gobierno local sea la correcta. Y no solo eso: también se afirma que esa información debe de ser entregada a los grupos de la oposición municipal.

Además, el portavoz considera que lo ocurrido es un ejemplo más de la “rebeldía” de José Alberto Díaz desde que asumió el bastón de mando en el municipio en 2015, y subrayó que esa información debía estar colgada en el apartado de transparencia de la web del Ayuntamiento lagunero.

Ahora, tras la resolución dictada por el reseñado Comisionado, el Ayuntamiento de La Laguna dispone de 15 días hábiles, hasta el 28 de febrero, para ofrecer esa información a los grupos de la oposición.

Si por el contrario el grupo de gobierno no la entregara, ello constituiría una infracción grave o muy grave prevista en el artículo 68 de la ley que regula la transparencia. En este artículo, se considera la posibilidad de la inhabilitación durante tres años del alcalde por tal posible incumplimiento, aunque el Ayuntamiento en ese caso dispondría de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo, este una vez se ponga fin a la vía administrativa. 

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