El Cabildo tumba los planes del Antiguo Santa Cruz y Los Hoteles-Pino del Oro por no proteger 130 inmuebles históricos

El Cabildo de Tenerife ha decidido rechazar los planes especiales de protección de los conjuntos históricos del Antiguo Santa Cruz y Los Hoteles-Pino del Oro (ambos estuvieron en información pública este verano), entre otras razones por dejar sin protección al menos 130 inmuebles con valores históricos y artísticos.

Sobre la mayoría de ellos ya había en 2015 un principio de acuerdo entre los técnicos del Ayuntamiento y los insulares para preservarlos legalmente, cuando el área de Urbanismo la gestionaba el PSOE y los planes los redactaban funcionarios municipales. Ese criterio de ampliación sustancial del catálogo ahora lo ha cambiado el Ayuntamiento, tras externalizar a un privado, por iniciativa del PP (están al mando de esa área local los concejales Zaida González y Carlos Tarife), su redacción. Esta se ha adjudicado por concurso a arquitectos. Cerca de los 30 inmuebles de nuevo en discordia se localizan en el Antiguo Santa Cruz y el resto, un centenar, en Los Hoteles-Pino del Oro.

En un acuerdo adoptado a finales de septiembre pasado, pero al que ahora ha tenido acceso Tenerife Ahora, el Consejo de Gobierno insular (CC-PSOE), cuyo criterio es vinculante para el Ayuntamiento, concluyó que ambos planes tienen “efectos significativos negativos” en el patrimonio histórico, desde la perspectiva de la evaluación estratégica de sus impactos ambientales.

En aquella sesión (extraordinaria y urgente, y presidida de forma accidental por el socialista Aurelio Abreu) se acordó igualmente emitir un informe desfavorable a los dos documentos presentados por el Ayuntamiento santacrucero al considerar que no garantizan la protección integral de sendos cascos históricos, ni su propuesta de ordenación y de catalogación se lleva a cabo con criterios que aseguren su preservación.

La disconformidad del Cabildo con el plan del Antiguo Santa Cruz ya fue adelantada por Tenerife Ahora a raíz de que este diario informara de que la propuesta de sus nuevos redactores, Joaquín Mañoso y Federico García Barba, inventaba una inédita categoría de “protección documental” que afecta a casi una treintena de inmuebles, estos con valores patrimoniales para la Unidad Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo.

De ser aprobada en sus términos esa propuesta, se permitiría incluso la “sustitución” o demolición total de tales edificaciones con solo dejar constancia de que existieron a través de fotos y planos que se incorporarían a un archivo público. Posteriormente, el Gobierno canario adelantó en un pleno del Parlamento canario su negativa a esta propuesta y su plena sintonía con el Cabildo en este asunto.

Cien inmuebles con valor sin protección en Pino del Oro

Ahora se sabe que el Cabildo también se opone al borrador del avance del plan de Los Hoteles-Pino de Oro, porque excluye de su catálogo a un centenar de inmuebles que, a juicio de los funcionarios insulares, merecen un grado de protección. Entre ellos figuran significativos ejemplos de los estilos racionalista y neocanario (como los que ilustran esta noticia).

Con una argumentación similar en ambos planes, el Servicio Insular de Patrimonio Histórico ha advertido de la necesidad de subsanar una serie de conclusiones para el Cabildo negativas pero que figuran como positivas en la evaluación ambiental estratégica y en el borrador de sendos avances.

En el caso del Antiguo Santa Cruz, casco histórico fundacional de la ciudad, entre otras muchas cuestiones se advierte a sus redactores de que sus propuestas de “protección documental o singular” no las permite la ley en esta materia. Por ello, se requiere además que asuman preservar inmuebles mencionados en el decreto por el que se declaró ese conjunto Bien de Interés Cultural (BIC), así como la ampliación del catálogo consensuado en 2015 “como punto de partida para su discusión, más cualesquiera de otros inmuebles suceptibles” de ser protegidos “por contar con valores suficientes”.

Respecto a Los Hoteles-Pino del Oro, las exigencias del Cabildo van en el mismo sentido, pues el equipo redactor, Cabrera-Febles (dirigido por Agustín Cabrera Domínguez), no contempla el grado de “protección parcial” recogido en la legislación e introduce dos nuevos grados de protección como “espacios y elementos urbanos”, terminología tampoco prevista en la ley. Igualmente, en este caso el Cabildo les insta a no dejar fuera del catálogo inmuebles que se citan en el decreto por el que se declara ese BIC y los que ya en 2015 habían consensuado los funcionarios de las dos administraciones públicas.

“Soluciones imaginativas en lugar de demoler lo histórico”

En ambos cascos históricos, incide el Cabildo en la necesidad de que se visite el interior de los inmuebles para poder saber si tienen o no valores que proteger, así como para evaluar las repercusiones de la edificabilidad propuesta (tanto en parcelas de inmuebles no protegidos como, mediante remontas, en los catalogados). 

Como criterio general, el Cabildo defiende soluciones que no pasen por demoler los inmuebles ni alterar la configuración histórica de este conjunto, sino por “medidas compensatorias” a sus propietarios por las posibles limitaciones de mayores volumetrías, incentivos que pasan por “ayudas para redacción de proyectos de rehabilitación, para la financiación de las obras y la puesta en uso o proyectos pilotos de intervención”. “Se trataría de valorar soluciones imaginativas que promuevan la rehabilitación y recuperación de la edificación histórica sin que implique su demolición, su transformación o el incremento de volumetría”, recomiendan los funcionarios del Cabildo en la exposición de motivos del acuerdo institucional adoptado.

Llama la atención además en la resolución del Gobierno insular un largo párrafo destacado en mayúsculas, negrita y subrayado, en el que se previene al Ayuntamiento y a los técnicos que elaboran ambos planes especiales de “la trascendencia” del informe del Cabildo en todo este proceso, al ser “preceptivo y vinculante” conforme dicta la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, por lo que se insiste en “la necesaria coordinación y reuniones” para “alcanzar un oportuno consenso” que permita la aprobación final de este planeamiento.

En todo el municipio, los funcionarios de Patrimonio Histórico del Cabildo proponen desde hace más de una década proteger más de 500 inmuebles que ahora podrían ser demolidos, como ya ha ocurrido con tres en el antiguo barrio de Miraflores, otros tres en la misma zona cuyas fachadas el Consistorio negocia con los promotores salvar tras las advertencias del Cabildo de acudir a los tribunales, y varias decenas más desde 2006 a la actualidad en otras partes de la capital.

La conformidad del Cabildo, con la vigente normativa, es vinculante si se trata de un BIC (sean conjuntos históricos o bienes aislados), pero en el resto de los casos es el Ayuntamiento el que tiene la última palabra para catalogarlos o no.