Fernández Arcila: “Lo primero son políticas sociales. Lo demás, es secundario”

Pedro Fernández Arcila, abogado especializado en Urbanismo, es candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por Si Se Puede, formación sociopolítica de izquierda ecológica. En las anteriores elecciones, Fernández Arcila, junto con su compañera de filas, Asunción Frías, entraron como concejales en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña.

Si se habla de prioridades en case de poder gobernar, lo tiene claro: “Hay que aumentar el presupuesto en políticas sociales. Es lo primero. Lo demás es secundario”.

Describe su paso como oposición por el Ayuntamiento chicharrero con partes iguales de desesperación y de esperanza. En resumen: “Ha sido una experiencia muy enriquecedora, en el sentido de que hemos visto cómo funciona políticamente e internamente el Ayuntamiento, pero nos hemos quedado asustados del bajo nivel, de la poca capacidad y del poco interés que demuestran quienes mandan en los asuntos fundamentales, como políticas sociales”.

Si las encuestas no fallan, Fernández Arcila volverá a estar en el Ayuntamiento chicharrero. Pese a estar imputado por el encargo de unos informes urbanísticos para el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, por parte de un responsable del área, que es de su mismo partido. Cobró 10.200 euros. La denuncia indica que cobró sin que haya huella en los registros de sus informes. Arcila asegura que se ha dado prueba a la jueza del registro de los informes, con lo que espera que el asunto quede zanjado cuanto antes.

Pese a esa premisa de imputación, el candidato de Si Se Puede está convencido de que es posible cambiar las formas y el fondo. Que los funcionarios y técnicos de la corporación saben hacerlo, que son las decisiones las que fallan, que ha habido y hay una desidia que es posible sacudir, que después de cuatro años dentro y en la oposición tiene claro que es necesario más fuerza para resolver cuestiones inmediatas y lejanas.

“El de CC-PSOE ha sido un Gobierno ineficaz e incapaz de ver proyectos estratégicos para Santa Cruz. Y eso por falta de un proyecto de ciudad y un proyecto de municipio”, sostiene. “La primera moción que yo presenté fue el apoyo a un proyecto de energías renovables y sobre el proyecto hidrológico de Los Campitos. Fue en 2011. Y después de mucho insistir, hace solo unos meses, salió un estudio en el que se habla de la potencialidad de Los Campitos para energías renovables y nos dieron la razón”, explica. “El Gobierno local, sencillamente, no se creyó nuestra petición”.

Porque, ¿de verdad sirven de algo las mociones si no se ejecutan?

“Volvemos a los mismo”, responde. “Las mociones las suelen presentar en el 90% de lo casos los grupos de la oposición, pero no hay que limitarse a que se apruebe la moción sino que se cumpla, y en nuestro caso no tenemos muy buena experiencia porque lo que entiende el que hasta ahora ha sido grupo de gobierno es que es muy negativo para su imagen no aprobar mociones trabajadas desde plataformas vecinales y con respaldo social, pero si luego no se ejecutan…Hemos exigido en las comisiones de control al Gobierno que nos digan por qué no se cumplen las mociones aprobadas o el estado de su cumplimiento, pero nunca hay interés en informar. Les da igual”.

Frente al no, acciones judiciales

Ante ese panorama, aparte de la presión política, no queda otra que la presión judicial. Es el caso de Emmasa, la empresa mixta que gestiona todo lo que tiene que ver con el agua en Santa Cruz de Tenerife, denunciada por Fernández Arcila ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial y que ha recaído en el juzgado de Instrucción 2. La última novedad es que el juzgado ha pedido una auditoria de Emmasa-Sacyr Vallehermoso. La denuncia es idéntica a la presentada por la Fiscalía contra Emalsa en Las Palmas de Gran Canaria.

“Emmasa es mitad pública (el Ayuntamiento), mitad privada (Sacyr Vallehermoso). La parte pública va ya por unos 10 millones de euros de pérdidas, mientras que cuando se vendió, tenía un superávit de 500.000 euros. El caso es que las pérdidas de la parte pública son ganancias de la parte privada, son beneficios de las empresas del grupo de Sacyr, colocadas en áreas estratégicas de la gestión del agua”.

Y añade que “desde SsP hemos aportado datos que arrojan los propios técnicos municipales, y en cuatro años no se ha hecho absolutamente nada en la resolución del contrato, con una intervención sin que el interventor haya hecho absolutamente nada, que lleva desde noviembre trabajando y en seis meses tenía que cumplir su función y cada mes tenía que rendir cuentas a la junta de Gobierno sobre las acciones que estaba realizando, y no ha presentado ni una sola remisión de cuentas. En definitiva no quieren que el interventor expliqué que ha hecho, porque no ha hecho nada, y posiblemente no haya hecho nada, quizás por instrucciones del aún alcalde, José Manuel Bermúdez”.

Otro caballo de Troya a combatir ha sido la cesión de la gestión de los siete cementerios a Cetensa, una empresa privada con la concesión del tanatorio por 70 años y sin tener que pagar canon ni tasa alguna a las arcas municipales. “Es un negocio garantizado, porque la gente muere, pero se podría gestionar muy bien ese servicio desde lo público, porque el tanatorio está construido sobre suelo público, servicio del que el Ayuntamiento no se lleva ni un céntimo. Hemos pedido una auditoria sobre esa gestión pero Cetensa se niega a aportar información. Por eso lo hemos denunciado también en los tribunales”, indica.

Plan Estratégico de la ciudad y propuestas

En el fondo, el cúmulo de asuntos no resueltos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, algunos de los cuales atañen a los derechos básicos y sociales de las personas, se resume, según el candidato de la eco-izquierda a la Alcaldía, en una falta de planeamiento de la capital y el municipio a corto, medio y largo plazo.

“No ha habido un plan estratégico. Bueno, rectifico, hace unos meses se presentó un borrador del anteproyecto ese Plan, después de cuatro años para planear el futuro del municipio”. Agrega: “Se carecía de un proyecto estratégico que permitiera tomar decisiones a medio plazo, y en servicios sociales, se ha caminado a propuestas o exigencias de Si Se Puede y de otros grupos de la oposición, pero no ha habido una anticipación ni planificación de la situación. Cada día ha sido una mera improvisación en materia de asuntos sociales y otras área”.

Por ello, propone potenciar medidas para políticas sociales preventivas, de ayudas a las familias en coordinación con otras instituciones, “que se adelanten a los problemas”, por ejemplo, los surgidos con las tramitaciones de las Prestaciones Canarias de Inserción, las PCI, mal tramitadas por falta de personal.

Que los servicios públicos sean públicos es otra de las premisas de la formación de izquierdas, no solo el agua, sino también del cementerio, de los parques y jardines, de la recogida de basuras, con subrogación de trabajadores.

Y también toda la política relacionada con viviendas, como en el barrio de El Toscal, en el que se prioriza la peatonalización de la calle antes que la rehabilitación de viviendas.

“Hay que destinar el dinero de la UE y del Gobierno estatal para la rehabilitación y regeneración urbana, con lo que generar empleo. Y adquirir viviendas para destinarlas a alquileres sociales, como las más de un millar que corresponden al patronato benéfico de La Candelaria, y que una vez disuelto el patronato, deben ser de titularidad pública.

“Son viviendas alquiladas y se debe garantizar el derecho de esos inquilinos, pero si las viviendas son públicas, el dinero de los alquileres puede servir para pagar alquileres sociales. Es esencial”.