Manuel Martínez: “Tenerife necesita 500 millones para alcantarillado y hay que prohibir por ley los pozos negros”
El consejero de Aguas en el Cabildo de Tenerife, Manuel Martínez (PSOE), sabe, por su profesión, lo que es dirigir la construcción de una red de saneamiento y pluviales (lo hizo en El Médano, municipio de Granadilla), reutilizar aguas depuradas para riego (se encargó de la red de Santa Cruz) y encauzar un barranco (como el de Cha Joaquina, en Granadilla). Precisamente son estas las materias con las que tiene que lidiar cada día al frente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF).
Nacido en La Laguna en 1974, Manuel Fernando Martínez es arquitecto técnico por la Universidad de La Laguna e ingeniero de la edificación por la de Nebrija. Comenzó en política con su actual partido, el PSOE, entonces como concejal en el Ayuntamiento de El Rosario.
En esta entrevista, Martínez demuestra tener muchos calderos al fuego, porque la isla está que arde con problemas de saneamiento y depuración de aguas residuales. La solución es construir estaciones de bombeo y depuradoras (como la que está en marcha en el Valle de Güímar, una EDAR), con una sentencia y multas de la Justicia europea en los talones; montar redes de alcantarillado (advierte de que hacen falta 500 millones de euros de inversión pública en todo Tenerife para ese fin), y prohibir los pozos negros en las viviendas, para lo cual defiende que el Parlamento canario cambie la actual Ley del Suelo.
Con la Justicia penal también acechando a las administraciones públicas por los vertidos al mar desde el polígono industrial de Güímar, el consejero insular confía en que la estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI) resolverá el problema: solo faltan los informes de Costas y de la Viceconsejería de Medio Ambiente para licitar su construcción.
¿Cómo va la adaptación del Plan Hidrológico de Tenerife a la normativa europea, un asunto que puede suponer sanciones para España?
Está aprobado el de Tenerife [de segundo ciclo], y llegamos a fin de año y no sabemos qué va pasar. La Comisión Europea establecía un plazo para adaptarlos a la Directiva Marco del Agua. El primer ciclo era en 2009, y de 2015 a 2021, el segundo. Aquel año fue cuando se aprobó el primer ciclo del plan de Tenerife, la única isla que lo tuvo por el procedimiento ordinario. El resto de las islas lo tuvieron que aprobar por el artículo 47, o sea, con carácter de urgencia. A raíz de este procedimiento empezamos con el segundo ciclo. Europa vio que había un retraso y obligó a que los cabildos cedieran las competencias específicas para este trámite al Gobierno de Canarias, que ahora tiene en sus manos finalizarlo [los de segundo ciclo ya los tiene todos aprobados salvo el de Gran Canaria]. Si no se completa en las siete islas, puede haber sanciones o bloqueos de fondos europeos.
Hablamos de la planificación de un recurso estratégico para las islas...
Efectivamente. Se trata de ordenar todo lo que tenga que ver con el agua, desde la gobernanza, la calidad del recurso, los acuíferos, el tratamiento de las aguas costeras, determinar las infraestructuras necesarias para cumplir con la Directiva Marco del Agua... Y de ahí luego salen las inversiones para el convenio de obras hidráulicas con el Estado o para el protocolo que se ha firmado recientemente. En el Cabildo de Tenerife hemos empezado ya con el tercer ciclo del Plan Hidrológico, pues el plazo es 2021 y hay que iniciarlo con dos años de antelación. Ahí ya hemos cogido el mismo carro que las demás comunidades autónomas, pues Canarias es la única que no tiene el segundo ciclo aprobado. Esperemos esta vez cumplir con el plazo.
¿Tenerife tiene resuelto el abastecimiento de agua potable para su población, para la industria, para la agricultura y para el turismo? ¿Cómo va el acuífero insular, esa gran reserva natural de agua?
El acuífero, en cuanto a calidad, está bien, pero en cantidad sigue bajando. Aquí la política que se ha desarrollado desde el Cabildo es buscar que de la cota de 400 metros sobre el nivel del mar hacia la costa -de Fasnia a Santiago del Teide- el agua sea de origen industrial -entre agua desalada y agua regenerada-, y que se quede el resto del agua -sobre todo la de las galerías- en la zona de medianías, para los cultivos. De este modo se puede estabilizar el acuífero insular, pues ahora puede llegar a su agotamiento. Sí que está claro que hay un binomio agua-energía, donde el 50% del coste lo representa la energía. Todo lo que mejoremos para que haya energías renovables y esta sea más barata, pues redundará en tener un agua más barata.
El agua de las galerías se la han disputado el turismo y los ayuntamientos no turísticos para el abasto. Ahí ha habido siempre tensiones.
Hemos metido 14.000 metros cúbicos de agua desalada en Granadilla; en el oeste (Fonsalía), 9.000 metros cúbicos -gran parte va a la población y otra parte a la agricultura-, y esa agua la ha absorbido el mercado sin que se hayan alterado los precios, porque había realmente una demanda y la hemos cubierto con esas dos infraestructuras de desalación de agua de mar. En 2018, a raíz de las sequías que hemos sufrido en años anteriores, hemos hecho una obra con carácter de urgencia: el depósito regulador entre la desaladora de Fonsalía y la balsa de Balo, con el cual abarcamos desde los municipios de Adeje a Arona. Hablamos de un sistema global del agua, es decir, que una desaladora en Granadilla va a permitir que quede agua en Vilaflor o en Fonsalía o en Fasnia, donde no es posible llevar agua desalada por el coste energético que ello tiene.
¿Cómo está la situación en el Valle de Güímar, con las sanciones de la UE?
Para llegar a una solución lo que hace falta es que todos sigamos remando en la misma dirección, y que busquemos soluciones, no culpables. En el Valle de Güímar estamos construyendo la depuradora de aguas residuales urbanas (EDARU), cuya ausencia es el motivo de la sanción de Europa. Ya hubo una depuradora que se construyó en 1996, y nunca funcionó, y hemos tenido que hacer otra nueva. Hay una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que ya decía en 2011 que no había depuradora en el valle y que había que cumplir antes de 2013.
Usted llega al cargo a mediados de 2015...
Sí. En octubre de ese año tuve una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente sobre la sentencia de la UE y sus consecuencias, e inmediatamente trasladé al presidente del Cabildo que la solución la teníamos que liderar nosotros porque, después de 20 años, no lo habían resuelto otros. Como el Consejo Insular de Aguas tenía capacidad para resolverlo, lo está haciendo. Si no hubiésemos tomado esa decisión, estaríamos empezando ahora a redactar el proyecto de la depuradora. En estos momentos, hay que impulsar las aguas negras desde la costa, desde el emisario, para que lleguen a la depuradora. Llegará inmediatamente, por gravedad, del resto de la población, pero de la costa hay que bombearla. Y en eso estamos... Los proyectos ya están prácticamente terminados y algunos con financiación.
Al final el Ministerio ha resuelto que la multa por esa sentencia europea sobre el Valle de Güímar la pague a medias el Gobierno canario y el Cabildo, a diferencia de lo ocurrido con Valle de Guerra (La Laguna), que solo la pagará la Viceconsejería...
Sí, 147.000 euros a partes iguales. El Cabildo va a recurrir, porque, si en un caso es así y solo paga el Gobierno de Canarias [con Valle de Guerra], ¿por qué en el otro no? En 2015, cuando vimos la situación de lo de Güímar, solicitamos al Gobierno canario ayuda para agilizar la solución. Lo del Ministerio es un informe previo de inicio de expediente de la sanción: no es definitivo. Esa infraestructura tenía que estar hecha hace 20 años y no lo está. El Gobierno canario no la terminó y es el Cabildo el que la está haciendo en Güímar, por decisión voluntaria; por ello, no entendemos que se nos multe. El alcantarillado y el saneamiento son municipales; eso lo tengo clarísimo, aunque podría quedar en la duda que, al existir una depuradora supramunicipal y comarcal, esta la tenga que liderar otra administración pública. En función del tiempo que se tarde en cumplir con esa sentencia, habrá más sanciones cada seis meses. Con el criterio que se aplique entonces, se verá quiénes son los responsables de pagar esa otra multa coercitiva.
Pero ¿bastará con construir y poner en marcha esa depuradora comarcal para ejecutar la sentencia?¿Qué pasa con la red de alcantarillado?
No sé cómo se interpretará eso. La infracción es por incumplir dos artículos de la Directiva Marco del Agua, el 3 y el 4, es decir, tanto por la red de alcantarillado como por el sistema de colectores. Yo al pleno del Cabildo he presentado una moción [aprobada el pasado viernes] para que haya un plan regional de saneamiento complementario al nacional, para que los ayuntamientos puedan invertir en alcantarillado.
¿Y cuál es la situación respecto al polígono industrial de Güímar, sobre el que además hay una causa penal abierta?
Hay un plan de etapas diseñado para la estación depuradora de aguas residuales industriales del polígono industrial (EDARI). Ahí lo que ocurrió es que la entidad que desarrolla ese polígono obtuvo una autorización de vertido con un sistema de tratamiento para expulsar a través de un emisario submarino. Este debe cumplir un programa de vigilancia y de control para mantener ese permiso. No sé por qué motivo entre 2011 y 2013, cuando se entrega el polígono a los ayuntamientos [Güímar, Arafo y Candelaria], caduca la autorización. Y entonces hubo una denuncia, en 2015, aunque la denuncia viene a raíz de que se emite un decreto de la alcaldesa de Candelaria, pues el secretario municipal decía que había que proceder al cierre inmediato del emisario submarino. En ese procedimiento administrativo, no penal, el juez tomó unas medidas y nos obligó a las administraciones a colaborar y trabajar. Nosotros firmamos un convenio con los ayuntamientos en el que nos encargamos de tramitarles la autorización nuevamente para los vertidos. Elaboramos toda la documentación necesaria, hicimos las analíticas de las aguas y se la solicitamos a la Viceconsejería de Medio Ambiente. El juez da un plazo. A nosotros nos corresponde como Cabildo elaborar el proyecto y construir la EDARI, que es lo acordado en un nuevo convenio. A día de hoy, el plan de etapas establecía que en el mes de noviembre pasado tenía que estar adjudicada la licitación de la EDARI, pero nos faltan dos informes sectoriales, uno de Costas, que ya sabemos que es favorable, y otro de la Viceconsejería, que espero que llegue cuanto antes, pues ya con eso estaremos en disposición de licitar la obra.
Tenerife Ahora ha sido testigo de cómo han continuado los vertidos en esa costa del polígono, en la zona de Arafo.
Ha habido algunos vertidos, sí. Había empresas o más bien zonas de aparcamiento de coches donde estos se lavaban y esas aguas, conectadas a las redes pluviales, iban directamente al barranco. En materia de competencias, hay diferentes interpretaciones jurídicas. El CIATF entiende que son otros los competentes en esta materia.
En El Rosario hay desde hace muchos años unos vertidos en el litoral de Tabaiba, y la Fiscalía, que primero archivó una denuncia, le ha dado curso ahora a otra.
Ahí estamos poniendo soluciones, pero hay un problema de disponibilidad de suelo para la estación de bombeo. En la denuncia hay una parte en la que el agua ha roto el volcán desde un edificio de viviendas que tiene un pozo no conectado a la red de alcantarillado y está vertiendo casi a la playa, a una pequeña calita que hay allí.
Pero otra cosa distinta es que hay una pequeña estación construida dentro dominio público marítimo terrestre, y esta tenemos que desplazarla. Además, esos edificios se tienen que conectar a una red de alcantarillado, y de ahí a un tratamiento para que luego se vierta por el emisario. Esta obra la adjudicamos. Lo ha estado haciendo el Cabildo para resolver este asunto, pero hay un problema con el suelo, pues uno de los propietarios está negociando con el Ayuntamiento para cederlo. Hasta que no nos lo den no podemos ejecutar esa obra, a la que además ha habido que hacer un modificado de proyecto. Esperamos que en unos meses el Ayuntamiento obtenga el suelo.
Ahí el Gobierno municipal rosariero alega que no puede atribuir a un edificio en concreto la responsabilidad de los vertidos objeto de denuncia.
Claro... Es que si hay 10 edificios y han hecho analíticas el Seprona y el propio Ayuntamiento y no han detectado quién es el causante..., aunque lo puedas intuir por proximidades. Y si hay muchos edificios y ninguno está conectado a la red, lo que hay que buscar es la solución, que pasa por conectarlos a un alcantarillado.
En Santa Cruz hay una causa penal abierta por los vertidos de Emmasa en La Hondura, un problema no resuelto, pendiente de la ampliación en curso de la EDAR.
Ahí todas las aguas que están en la zona de la avenida de Anaga llegan a una estación de tratamiento que se halla por la zona de El Corte Inglés, la estación de guaguas y la ermita de Regla. El Consejo Insular de Aguas aportó una solución técnica para cumplir con unos parámetros que establecía la autorización de vertidos, que igual no cumplen con la normativa vigente a día de hoy, pero que fue dada en esas condiciones. La vía que estamos buscando son los planes de etapas, es decir, transitoriamente hay que seguir tratando el agua en esas condiciones, pero luego hay un compromiso de las administraciones de que en un horizonte temporal el problema se va a solucionar.
Esperábamos que estuviera ya la ampliación de la depuradora, pero en noviembre se adjudicó el contrato de adjudicación de la obra. Ahora quedan tres meses para elaborar el proyecto, otros tres de tramitación administrativa y en seis meses esperemos que empiecen los trabajos. Todas las soluciones en la isla pasan por que exista una depuradora, porque no la hay o es insuficiente en este caso. En Granadilla es necesaria y no la hay.
O sea, que tenemos un problema grave en estas islas con las aguas residuales y no se le ha puesto solución hasta ahora.
Desde luego Canarias no le ha dado la importancia que tiene a la Directiva Marco del Agua, que está desde 1991 y se traspone en 1996 al sistema jurídico español. Tenía que cumplirse de forma obligatoria entre los años 2003 y 2005.
Hace un año y pico la floración masiva de microalgas en la costa reactivó la preocupación social por las aguas residuales sin tratar, aunque no esté demostrada la relación directa entre ambos fenómenos. ¿Qué moraleja saca de aquella polémica?
Ya veníamos trabajando en soluciones y habíamos denunciado esta situación con las aguas residuales. Si se tira de hemeroteca, cada vez que algún medio de comunicación me ha dado esa posibilidad lo he dicho: este problema hay que solucionarlo. Creo que aquella polémica ha beneficiado en este sentido, porque la población es consciente de que hay un problema con las aguas negras, que no tuvo nada que ver con las cianobacterias, pero que, dada la repercusión que tuvo en la sociedad, hoy en día cualquier vertido se denuncia en las redes sociales y hay mayor conciencia, con lo cual eso se traslada en una presión hacia la clase política para solucionar el problema. Antes se decía que las inversiones en saneamiento no daban votos, pero yo creo que hoy en día la gente joven, y la que no es tan joven, sí exige la protección del medio ambiente y políticas en materia de aguas y de reducción de vertidos. Así que las cianobacterias contribuyeron a despertar esa conciencia en la ciudadanía, que no existía antes.
Las cifras de inversiones públicas necesarias para resolver este problema son milmillonarias.
En este mandato hemos hecho una radiografía exacta de la situación en la isla en cuanto a saneamiento, alcantarillado y depuración de aguas en los 31 municipios, y hemos fijado las prioridades para el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y de las calidades de agua de baño. Y eso nos ha dado una inversión necesaria de al menos 1.000 millones, de los cuales en torno a 400 o 500 millones son para sistemas de depuración y colectores. El resto es para red de alcantarillado.
Pero nos queda además el agua residual que no va al mar ni se recicla, sino al subsuelo directamente.
En efecto, ahí está el problema de los pozos negros, que la propia Ley del Suelo los sigue permitiendo. Creo que en el próximo mandato habrá que modificarla porque no se puede hoy en día permitir que la condición de solar en cualquier casco urbano abarque tener ese sistema individual, que habrá que regular de alguna manera.
Se trata de un problema muy extendido en la isla, ¿verdad?
El consumo de Tenerife en agua es de 83 hectómetros cúbicos al año. Se calcula que el 20% del agua negra se queda consumida, y quedan entonces 63 hectómetros, de los que recogemos 34. De estos depuramos 24 y reutilizamos 11, es decir, muy poco. El aumento de este porcentaje es el objetivo, para que lo use la agricultura.
¿Entonces la isla necesita 500 millones para completar su red de alcantarillado?
En este último pleno del Cabildo he llevado una moción [que se ha aprobado] para que el Gobierno canario -pues ya el Estado está elaborando un plan nacional de saneamiento y depuración y el Cabildo invierte en ello- se dote de un plan regional de saneamiento, de modo que los ayuntamientos puedan afrontar esas inversiones en redes de alcantarillado a las que se conecten las viviendas.
Los lodos de las depuradoras llegan al vertedero de Arico con demasiada agua y para cumplir con la normativa es necesario deshidratarlos. ¿Cómo está este asunto?
Hablamos principalmente de la depuradora Adeje-Arona, para la cual firmamos un convenio desde hace tiempo. Vengo exigiéndole al Gobierno de Canarias que licite la obra. El Cabildo apostó por un nuevo sistema más sostenible y eficiente que el que contemplaba el proyecto. Se trata de un secado solar. Firmamos un convenio con el Gobierno canario y le dimos cuatro millones para que sacara a licitación el secado solar. Ahora mismo no ha sido licitado. Me dicen que en un mes o algo así lo estará, y esperemos que eso quede resuelto en un año o año y medio. Ese modelo lo queremos hacer en todas las depuradoras, como la del Valle de Güímar.
El Cabildo tramitó hace años un Plan de Defensa frente a Avenidas que identificó más de 500 puntos de riesgo de inundaciones debidas a ocupación de cauces de barrancos. ¿Qué pasó con ese plan y qué nos queda por corregir de esos puntos negros?
Por directiva europea, ese plan ha tenido que ser de riesgos e inundaciones y como llevamos retraso en el Plan Hidrológico... El problema es que todos estos planes, cuando llegan a la Viceconsejería de Medio Ambiente, se eternizan, porque a veces les hacen un tratamiento de plan general. Ese ha sido el tapón o cuello de botella para que todo esto no esté ya tramitado. En efecto, son numerosísimos los puntos de riesgo. Se han corregido los más importantes en cuanto a población afectada, sobre todo en el área metropolitana, y en el próximo mandato tenemos una asignatura pendiente con los barrancos que llegan a Adeje, en Los Realejos y el Valle de La Orotava en general, donde hay algunos barrancos con bastante riesgo.
Además, hay que tener en cuenta que se calcula para esas obras los periodos de retorno de lluvias de 500 años, pero, si cada vez las lluvias son más intensas, eso puede influir en dejar fuera de ordenación, por así decirlo, ciertas infraestructuras que a día de hoy tienen una sección de tubo insuficiente. Sobre ese plan de riesgos de inundaciones estamos pendientes de firmar un convenio con el Gobierno canario a ver si lo termina a través de la empresa pública Tragsatec.
¿Hay especialización suficiente en este sector en la isla?
Me alegra que me haga esta pregunta porque asó animo a los jóvenes a que se formen y mejoren su preparación en estas materias relacionadas con el ciclo integral del agua, porque en los próximos años se va a necesitar personal para estos fines.
