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El Cabildo de Tenerife recurre la sentencia que anula el proyecto del tercer carril en la autopista del sur de la isla “por indefensión”

Obra de Las Chafiras-Oroteanda en Tenerife.

Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —
20 de diciembre de 2020 13:41 h

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Los servicios jurídicos del Cabildo de Tenerife han presentado un recurso de nulidad en relación con las obras del enlace de Oroteanda en la autopista del sur de la isla, en Las Chafiras (San Miguel), para intentar que los trabajos continúen pese a la sentencia del Tribunal Supremo.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha indicado este domingo que, aunque las obras han sido licitadas por el Gobierno de Canarias, la corporación insular recurre “por indefensión, al no habernos dado la oportunidad de personarnos en el procedimiento abierto entre el Gobierno de Canarias y los propietarios de los terrenos”.

El recurso de nulidad ha sido interpuesto una vez que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado contra la sentencia originaria, y por ello “quedar abierta legalmente, a partir de esa declaración, la vía procesal que establece la Ley para denunciar la indefensión que ha padecido, al no habérsele dado la oportunidad de personarse y defender la legalidad del proyecto en el proceso judicial tramitado”.

Lo que se pide, indica Pedro Martín,es que se anule la sentencia, se retrotraigan las actuaciones y se dé a la corporación insular la oportunidad de formular alegaciones y proponer las pruebas que procedan para acreditar la legalidad del proyecto.

El presidente del Cabildo de Tenerife entiende que “se trata de una obra de muchísimo interés por la que la ciudadanía de la zona no puede seguir esperando, y desde el Cabildo hemos dado pasos para su celeridad a la hora de llevarla a cabo, prueba de ello es el convenio firmado con el Gobierno de Canarias para delegar en ellos la ejecución del tramo que nos correspondía, con una aportación de 5 millones de euros, con lo que facilitábamos la rapidez de los trabajos”.

Pedro Martín entiende que “como corporación debemos defender el interés público e intentar jurídicamente todo lo que esté en nuestra mano para que esa obra salga adelante, y más teniendo en cuenta que no se nos preguntó durante todo el procedimiento judicial, y ello sin negarnos al dialogo con las partes para llegar a acuerdos”. 

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