La fiscal considera acreditada la prevaricación y pide 14 años de inhabilitación para el alcalde de El Tanque

Este miércoles, solo unas horas después de anunciar en Facebook su intención de presentar la dimisión, el alcalde de El Tanque, Román Martín, se sentó por segundo día consecutivo en el banquillo del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. Y salió de allí con una acusación reforzada por la Fiscalía, que considera que la vista oral ha dejado acreditado el delito de prevaricación continuada por la contratación de nueve trabajadores a dedo. 

Tal y como recoge Mírame TV, el Ministerio Público pide para el dirigente socialista, que también ha presentado su baja del PSOE tras una primera condena en una causa penal anterior, un total de 14 años de inhabilitación absoluta. La defensa sostiene la libre absolución del alcalde porque considera que todas las contrataciones estaban motivadas en criterios de urgencia que, en su opinión, justificaban la decisión de Román Martín de levantar uno tras otro los diferentes reparos impuestos por la secretaria-interventora del Ayuntamiento.

Este miércoles continuaron las declaraciones de los testigos, todos ellos beneficiarios de los contratos “arbitrarios” del alcalde, según repitió hasta el agotamiento la fiscal. Los ocho testimonios ratificaron el hecho sustancial que sostiene la acusación: nunca pasaron por un proceso selectivo donde se promoviera la concurrencia y se valoraran los méritos. En algunos casos, admitieron que ni siquiera llegaron a presentar su currículum en las dependencias municipales.

También fue una jornada dedicada a escuchar al alcalde, que reconoció que levantó los reparos de la secretaria porque tenía que cubrir necesidades que calificó de “imperiosas”. Entre los trabajos contratados figuran labores de ayuda domiciliaria, limpieza, fontanería o mantenimiento. “No puedo dejar los colegios sin limpiar”, aseguró Martín.

“No tenía ningún interés personal en las contrataciones; conozco a esas personas porque son vecinos”, relató el dirigente de El Tanque. El debate jurídico entre la defensa y la Fiscalía está en aclarar si había amparo legal para esos contratos en la Ley de Presupuestos del Estado por motivos de urgencia. Ni el Ministerio Público ni la secretaria comparten esa posibilidad, pero la defensa quiso dejar claro que “no es una interpretación jurídica disparatada en nuestra opinión”. 

La fiscal remató su actuación con el recordatorio de que una parte de las contrataciones objeto de la causa penal han sido declaradas nulas por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Las sentencias no solo consideraron injustificada la urgencia, sino que llevaron a la apertura de la causa ante la posibilidad de que existieran indicios de una actuación penalmente reprobable. 

Pero lo importante, además del marco legal, está en dilucidar si existió voluntad por parte del alcalde de actuar de forma arbitraria, lo que se conoce como el elemento subjetivo del delito o dolo. A la fiscal no le cabe duda, pero la defensa tiró de jurisprudencia para evidenciar que no se dan todos los requisitos y que Román Martín actuó de forma coherente con las necesidades de su municipio.

“¿En base a qué se hizo la selección? ¿Dónde están las actas de las reuniones? ¿Dónde están los baremos? ¿Dónde están los currículos? No hay nada de eso en el expediente porque estas contrataciones responden a la imposición de la voluntad del alcalde”, remató la fiscal.

El juicio ha quedado visto para sentencia. El futuro de Román Martín, tras anunciar este martes su dimisión y con otra condena por prevaricación a cuestas, también.