El fiscal pide seis meses de cárcel para el exconcejal de Urbanismo
El fiscal Rafael Ruiz mantuvo este viernes, durante la última sesión de la vista oral por la construcción de la galería comercial de Alcampo, las acusaciones que pesan contra el exconcejal de Urbanismo de La Laguna Francisco Gutiérrez y dos funcionarios, a los que considera responsables de un delito de prevaricación urbanística. El representante del Ministerio Público pide seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para el político de Coalición Canaria; mientras que solicita la misma pena de cárcel para el arquitecto Vicente González Colino y la jurista Rosa María Paz, a los que rebaja a siete años la posible prohibición para ocupar empleo público en las administraciones.
Con la lectura del informe de las partes, el juicio quedó visto para sentencia, después ocho años de instrucción y de una vista oral que se ha prolongado durante cuatro jornadas. Frente a la acusación del fiscal, las defensas solicitaron la absolución de sus clientes. La última palabra, al menos en primera instancia, la tendrá la jueza de refuerzo del Juzgado de lo Penal Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, María Elena Hernández.
Rafael Ruiz explicó que su escrito de acusación divide la causa en dos bloques. En el primero, que dató hasta el 19 de enero de 2004, solo considera responsable de un delito de prevaricación urbanística al exconcejal del Ayuntamiento de La Laguna. Antes de esa fecha, el representante del Ministerio Público, como relató durante su exposición, concluye que la actuación de los técnicos fue correcta.
El 19 de enero es una fecha clave en el expediente porque fue el día en que Francisco Gutiérrez concedió la primera licencia de obras a la empresa Alcampo para ampliar su galería. Una resolución que se llevó a cabo, según el criterio de la acusación pública, en contra de dos informes desfavorables de los funcionarios que se sientan en el banquillo. Tres días antes de la decisión política, el arquitecto González Colino emitió un dictamen en el que consideraba que el proyecto “cumplía” con los parámetros urbanísticos, pero establecía una salvedad: era necesario retirar la estructura de una cubierta ilegal que la multinacional había construido sin permiso.
La jurista Rosa María Paz también presentó una propuesta desfavorable, en la que solicitaba al concejal que suspendiera la concesión de la licencia por incumplir el planeamiento, en base a un informe negativo que realizó un aparejador municipal en marzo de 2002, y por carecer de la licencia comercial específica que tenía que conceder el Gobierno de Canarias. Con estos antecedentes, Francisco Gutiérrez hizo caso omiso al criterio de sus técnicos y autorizó el inicio de las obras de ampliación de la galería de Alcampo. La funcionaria, el mismo 19 de enero de 2004, se cubrió la espalda y realizó una diligencia para dejar constancia de que el político le había solicitado que informara a favor del permiso, como recordó el fiscal.
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