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La Fiscalía archiva el caso Juan Luis Guerra por no tener relevancia penal pero confirma las irregularidades del expediente

Concierto de Juan Luis Guerra en los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dado carpetazo a la investigación abierta por la contratación de Juan Luis Guerra y del grupo Orishas en los Carnavales de 2019. En un decreto firmado por la fiscal María Farnés Martínez, adelantado este viernes por el periódico El Día y al que ha tenido acceso Mírame TV, se acuerda el archivo de las diligencias preprocesales al considerar que "los hechos denunciados son de imposible identificación y averiguación".

La Fiscalía abre diligencias por la contratación de Juan Luis Guerra en el Carnaval 2019 de Santa Cruz de Tenerife

La Fiscalía abre diligencias por la contratación de Juan Luis Guerra en el Carnaval 2019 de Santa Cruz de Tenerife

La actual jefa de la Fiscalía Provincial, que instruyó la causa cuando aún ocupaba el puesto de delegada del área de Anticorrupción, concluye que los hechos, que fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público por Podemos-IU, carecen de relevancia penal porque "no consta que los miembros del órgano de contratación tuvieran conocimiento de todas las irregularidades".

El escrito de la fiscal disipa cualquier duda sobre las anomalías detectadas en el expediente. Farnés Martínez comparte el criterio del funcionario que realizó una investigación interna y concluye que existen tres posibles motivos para anular el procedimiento, pero este factor no es suficiente por sí mismo para provocar la responsabilidad penal. La representante del Ministerio Público lo explica así: "Aun siendo evidente que se han producido numerosas irregularidades en la contratación efectuada, y que se ponen de relieve en el expediente administrativo, lo cierto es que no es lo mismo la infracción de normas administrativas que la infracción penal derivada de la comisión de un delito de prevaricación, que requiere el elemento de arbitrariedad junto a la injusticia de la resolución".

El decreto considera que no ha quedado acreditado el dolo, la voluntad y conciencia de cometer el delito, "en cuanto que se exige que se trate de una resolución tomada a sabiendas y con conocimiento pleno de la injusticia". La fiscal aprovecha para incidir en que "la jurisdicción penal no puede convertirse en una suerte de jurisdicción de control de la actividad administrativa de los servicios públicos, suplantando a la jurisdicción contenciosa".

Cerrada la vía penal, queda abierta la senda administrativa, que se refuerza con el decreto de la Fiscalía. Farnés Martínez recuerda que la legislación establece que, "en el caso de que se incurra en vicios que puedan determinar la nulidad de los actos preparatorios o de adjudicación de un contrato, como en este expediente, se siga el proceso de revisión de oficio". La misma conclusión a la que llegó el funcionario municipal que llevó la instrucción.

Irregularidades

El escrito de la fiscal hace referencia a las diversas irregularidades detectadas en el procedimiento interno abierto por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Uno de los posibles motivos de nulidad radica en que no queda acreditada en el expediente la existencia de un derecho de exclusividad que justificara la tramitación mediante un procedimiento negociado sin publicidad. 

Además de que se siguió un trámite irregular para la contratación, ni siquiera se llegaron a negociar los aspectos establecidos en el pliego, lo que supone otra posible causa de nulidad. Lo mismo ocurre con la cuestión económica, ya que el adjudicatario no cumplía con los requisitos. De este modo se pudo cerrar la contratación con un intermediario que no pudo avalar tener la exclusividad del artista ni la solvencia necesaria para acceder a un contrato que superó el medio millón de euros. 

También acredita la fiscal que se incumplieron las condiciones establecidas en el pliego para realizar el primer pago, que ascendió a 250.000 euros. Hay que recordar que el representante de los artistas presentó la factura el mismo día en que se firmó el contrato y logró que en menos de 24 horas se ordenara la transferencia. Otro vicio del que advierte el decreto es la falta de motivación para justificar la tramitación del procedimiento por la vía de urgencia. 

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Publicado el
23 de octubre de 2020 - 13:35 h

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