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Siete años de inhabilitación para el exalcalde de Santa Úrsula Ricardo García por 22 contrataciones ilegales

El exdirigente de AISU-CC confiesa un delito de prevaricación continuada y acepta una sentencia de conformidad para evitar el juicio oral 

El fallo concluye que el político nacionalista ignoró las advertencias de la secretaria municipal y del interventor para colocar en el Ayuntamiento a más de una veintena de personas con contratos indefinidos

Ricardo García, en el centro, junto a Cristina Valido y al actual alcalde de Santa Úrsula, en una imagen de archivo.

Ricardo García, en el centro, junto a Cristina Valido y al actual alcalde de Santa Úrsula, en una imagen de archivo. Foto: Mírame Televisión

El exalcalde de Santa Úrsula Ricardo García (AISU-CC) ha confesado un delito continuado de prevaricación administrativa, por el que ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, y ha llegado a un acuerdo la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife para evitar sentarse en el banquillo de los acusados por la contratación ilegal de 22 personas entre los años 2005 y 2011.

La sentencia de conformidad, dictada el pasado 8 de julio por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, contra la que no cabe recurso, concluye que Ricardo García, "actuando en el ejercicio de su cargo público de alcalde de Santa Úrsula, con ánimo de parcialidad y con pleno conocimiento de que sus resoluciones eran contrarias a la legalidad", colocó en el Ayuntamiento a un total de 22 personas sin respetar los criterios de mérito, capacidad y concurrencia que establece la legislación.

Entre los beneficiados por las resoluciones arbitrarias llevadas a cabo por el exdirigente de AISU-CC se encuentran un extesorero de la formación nacionalista en la localidad tinerfeña y el hermano de un exconcejal, además de otras personas con las que Ricardo García mantenía algún tipo de afinidad. El modo de proceder consistía en la concatenación de contratos de servicios, pese a que la secretaria municipal y el interventor accidental advirtieron en varias ocasiones de su ilegalidad, hasta que finalmente se autorizaba su incorporación al Ayuntamiento con carácter indefinido.

Profesores, auxiliares administrativos, jardineros, pedagogos, informáticos y hasta un sepulturero se encuentran en la lista de los 22 beneficiados por las contrataciones que el propio Ricardo García ha reconocido como ilegales. Su confesión ha permitido al exalcalde, ya retirado de la primera línea política, evitar un juicio oral en el que estaba prevista la declaración de cerca de medio centenar de testigos.

El nombre de Ricardo García se suma al de su sucesora en la alcaldía de Santa Úrsula, Milagros Pérez (PP), que junto al exconcejal Víctor Hernández (PSOE) también han sido condenados en primera instancia por otro delito de prevaricación continuada por colocar en el Consistorio a personas afines. La sentencia ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En ambos casos, la actuación del Ministerio Público ha estado representada por el fiscal Santiago Guibert. En la actualidad, el municipio tinerfeño vuelve a ser gobernado, con mayoría absoluta, por un dirigente de AISU-CC, Juan Acosta.

La resolución que ha aceptado Ricardo García, donde se aplican las atenuantes de dilaciones simples y confesión, pone de manifiesto el uso arbitrario del Ayuntamiento tinerfeño como una agencia de colocación para personas afines, siempre sin respetar los criterios de concurrencia y publicidad establecidos, entre otras normativas infringidas, en la Ley de Bases del Régimen Local o el Estatuto Básico del Empleado Público. Una forma de proceder que comenzó con AISU-CC pero continuó con el PP y el PSOE tras las elecciones de 2011.

Indefinidos

En todos los casos analizados en la sentencia de conformidad se pone de manifiesto la intención última de incorporar a las personas beneficiadas con carácter permanente en el Ayuntamiento de Santa Úrsula. Varios de los contratados comenzaron su vinculación con el Consistorio mediante la prestación de servicios temporales, para finalmente convertirse en indefinidos. Otros entraron directamente con esa condición en la administración local.

Uno de los casos más llamativos es el de Daniel Labrador, extesorero de AISU-CC en Santa Úrsula. Su primer contrato como profesor de apoyo para la "realización de actividades educativas" se firmó en enero de 2008. Un año después se dictó una segunda resolución para contar con sus servicios de manera temporal, hasta que en 2010 fue incorporado con carácter indefinido. Después de las elecciones de 2011, cuando Ricardo García aún estaba en funciones como alcalde, el exdirigente nacionalista procedió a despedir al trabajador, lo que provocó que su sustituta, Milagros Pérez, tuviera que abonar una indemnización de 9.873 euros.

Aunque Labrador fue contratado como profesor de apoyo, su puesto se encontraba en el área de Obras y Servicios, donde tenía su mesa. Todas sus contrataciones fueron consideradas ilegales por la secretaria municipal y el interventor accidental del Ayuntamiento tinerfeño.

En 2007 fue contratado como jardinero un hermano del exconcejal de Infraestructuras Mario Jacobo Guzmán. Al año siguiente, Ricardo García volvió a autorizar su incorporación al Consistorio, esta vez como peón de limpieza con carácter indefinido. El exalcalde también desoyó las advertencias de los técnicos municipales.

También en 2007 se incorporó al Ayuntamiento a un sepulturero en contra del criterio de la secretaria del Consistorio y del interventor. Su relación laboral se amplió de nuevo en 2008 con carácter temporal "hasta la terminación de traspaso de restos y acondicionamiento de nichos del ala derecha del cementerio". Un año después se firmó un tercer contrato, en esta ocasión con el mismo propósito pero "en el ala derecha" del camposanto, aunque ya con carácter indefinido.

El mismo modo de actuar se siguió con las otras 19 personas contratadas de manera ilegal, cuyos servicios iban desde "la coordinación del área de juventud" hasta “la gestión de las actividades administrativas de la Policía Local”. Incluso uno de los beneficiados entró directamente en el Ayuntamiento con carácter indefinido para realizar labores de "lector-cobrador".

La sentencia de la jueza María Cristina González Padrón es firme, al ser asumida por el único condenado, el exalcalde Ricardo García, por lo que no cabe recurso. 

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