Un juzgado abre diligencias para investigar a Ricardo Melchior y a dos trabajadoras de la Autoridad Portuaria

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha abierto diligencias previas para investigar a Ricardo Melchior, expresidente de la Autoridad Portuaria, y a dos trabajadoras del ente estatal, según publica mirametv.com.

En la causa, que surge a raíz de una denuncia presentada por el exdirector general de Puertos de Tenerife Rafael Díaz, figuran como investigados (término que sustituye al de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) el político de Coalición Canaria y dos trabajadoras de la Autoridad Portuaria, la jefa de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa, Maite Salazar, y la secretaria de la Presidencia, Ángeles Pérez.

Las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que aún se encuentran en una fase inicial, se producen en paralelo a la investigación que desde finales de 2017 conduce de oficio la Fiscalía Provincial por diversas contrataciones efectuadas por Melchior durante su gestión al frente de la Autoridad Portuaria. 

Fuentes oficiales consultadas aclaran que, aunque las personas implicadas coinciden en ambos procedimientos, los hechos que se investigan en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife y en la Fiscalía Provincial son distintos. 

En las primeras diligencias practicadas, el Juzgado ya ha tomado declaración al denunciante y ha solicitado documentación relacionada con los procesos de contratación impulsados por Ricardo Melchior, además de otros expedientes que se encuentran bajo sospecha por la presunta actuación delictiva del expresidente y de su círculo de personas de confianza.

Rafael Díaz fue destituido como director general de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en abril de 2017 por discrepancias mantenidas con Melchior, a quien acusó de haber cometido irregularidades en su gestión. Tras el cese, presentó una denuncia que ha desencadenado la apertura de diligencias previas de investigación. 

Discrepancias

Ricardo Melchior fue nombrado presidente de Puertos de Tenerife en octubre de 2015, pero también fue destituido de su cargo el pasado mes de julio. Desde septiembre, al frente de la Autoridad Portuaria se encuentra Pedro Suárez, del Partido Popular. En una reciente entrevista publicada en el periódico Diario de Avisos, el también expresidente del Cabildo aseguró que Rafael Díaz “mintió en los juzgados y en todas sus intervenciones”. 

Las afirmaciones de Melchior contrastan con el criterio mantenido por la Fiscalía, que durante el procedimiento por el que se juzgó la contratación ilegal de una asesora del expresidente de Puertos consideró “clarificadora” la declaración del exdirector general, quien, “fiel a su deber de ser veraz, dio fe de las intenciones de la actora de regularizar su situación laboral”, según aseguró el representante del Ministerio Público en su escrito de conclusiones.

La asesora, que fue colocada a dedo y cobró 30.000 euros durante algo más de un año de relación laboral, ganó su plaza por sentencia, que ha sido ratificada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), y su caso forma parte de los expedientes que investiga la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife desde finales de 2017, cuando abrió diligencias de oficio a requerimiento del fiscal “a la vista de los indicios de discrecionalidad y arbitrariedad en la contratación”.

No fue la única que llegó a Puertos de Tenerife por la puerta de atrás. Hay registros de abonos que superan en total los 35.000 euros, también durante más de un año, a otra trabajadora colocada por Melchior sin contrato para realizar labores de asesoramiento. En la documentación que ya está en manos del juzgado y de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife figuran otros pagos por contrataciones que no están relacionadas con la gestión portuaria y sobre las que pesan sospechas de arbitrariedad. 

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en una reciente auditoria realizada sobre los procesos de contratación llevados a cabo por Puertos de Tenerife entre enero de 2016 y julio de 2017, también ha detectado irregularidades administrativas en diversos expedientes tramitados durante la presidencia de Ricardo Melchior.

El informe elaborado por la IGAE, entre otras deficiencias, halla adjudicaciones de contratos menores que incumplen la cuantía límite legal, fraccionamientos, sobrecostes, ausencia de trámites obligatorios y, en relación a la situación laboral de dos informáticos, advierte de una posible “cesión ilegal de trabajadores”.