Sí Se Puede recalca que la posible imputación de Clavijo por el caso Grúas debe implicar su cese como presidente

El portavoz de Sí Se Puede, David Hernández, ha mostrado este viernes su firme convicción sobre que la previsible imputación por prevaricación y malversación de caudales públicos de Fernando Clavijo por parte del TSJC, tras las peticiones de la Audiencia Provincial, la Fiscalía y la propia jueza del caso Grúas, “no puede ser compatible con el ejercicio de la presidencia del Gobierno de Canarias”.

Para Hernández, los datos que se van conociendo de este caso indican cada vez con mayor fuerza, y con el apoyo de los diferentes ámbitos de la judicatura, que la gestión de Fernando Clavijo como concejal de Seguridad -responsable de la privatización de ese servicio- y como alcalde en La Laguna está basada en un “modelo de construcción de redes clientelares mediante la colocación de afines en las empresas que prestan servicios públicos”.

Desde Sí Se Puede creen que esa práctica “sustenta en buena parte la acción política de Coalición Canaria en el archipiélago, aparte de ser elementos que tienen que ver con la prevaricación y el tráfico de influencias”. Este tipo de actuaciones “además generan un sobrecoste en los servicios públicos que recibimos y un límite para aquellas personas que quieren acceder a un puesto de trabajo por méritos y no por el dedo de un responsable político”, subraya Hernández.

El portavoz canario de Sí Se Puede, David Hernández, asegura que una imputación de estas características “haría que en cualquier país democrático el responsable político afectado se apartara voluntariamente de su cargo, hasta que los presuntos delitos imputados se aclararan; sin embargo, en las últimas horas estamos viendo lo peor de Fernando Clavijo, que parece dispuesto a todo por mantener su cargo”.

La organización apunta que una situación así va mucho más allá de las posibles consecuencias penales para Clavijo; también afecta a la imagen del archipiélago, que “no puede costearse mantener a un presidente imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos”.