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La vista oral del supuesto desfalco de hasta 600.000 euros en el Recinto Ferial tinerfeño arranca a partir del 21 de enero

La jueza de instrucción emite un auto que incoa el procedimiento para el juicio en el que está imputado el exjefe de Contabilidad y Administración de la empresa pública Institución Ferial de Tenerife, con gestión de CC

A Ignacio José Castillo Melo se le imputan los delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida; el agujero que pudo ocasionar este empleado público, ya jubilado, puede cuadruplicar lo denunciado en origen

Efraín Medina, Carlos Alonso (presidente del Cabildo de Tenerife) e Ignacio Pintado, gerente dimitido

Efraín Medina, Carlos Alonso (presidente del Cabildo de Tenerife) e Ignacio Pintado, el gerente dimitido

La vista oral sobre el supuesto desfalco detectado en el Recinto Ferial del Cabildo de Tenerife, instalación situada en Santa Cruz de Tenerife y obra del arquitecto Santiago Calatrava, se iniciará a partir del 21 de enero próximo, según se recoge en un auto de este proceso judicial al que ha tenido acceso Tenerife Ahora.

La jueza de instrucción de esta causa, María Jesús García Sánchez, así lo establece en el escrito oficial que incoa el procedimiento para el juicio en el que está imputado el exjefe de Contabilidad y Administración de la empresa pública Institución Ferial de Tenerife, con gestión política de un consejero insular de Coalición Canaria, Efraín Medina, y la presidencia en el consejo de administración de esa sociedad anónima de Carlos Alonso, en su condición de presidente del Cabildo de Tenerife.

A Ignacio José Castillo Melo, que era jefe de Contabilidad cuando ocurrieron los hechos que ahora se van a juzgar (los denunció ante la Fiscalía el luego dimitido gerente de esa entidad, Ignacio Pintado), se le imputan los delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida. El agujero que pudo ocasionar este empleado público, ya jubilado, es posible que alcance hasta los 600.000 euros, según el informe pericial de los estados económico-financieros de la citada empresa pública encargado por el juzgado de instrucción, el nº 5 del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife. Inicialmente, la cuantía vinculada a la pérdida patrimonial de la empresa pública por la comisión de aquellos supuestos delitos se había cifrado en 124.000 euros.

El auto de inicio del juicio oral fue remitido a las partes el 17 de diciembre, y en el se recoge la fecha de 21 de enero próximo como de comparecencia del investigado, el fiscal, el acusador particular (el Cabildo de Tenerife) y la acusación popular, representada por dos consejero insulares de Podemos: Fernando Sabaté y Julio Concepción. 

El supuesto desfalco se conoció a mediados de 2016 en la Institución Ferial de Tenerife (IFTSA), empresa pública del Cabildo insular que se encarga de la gestión del Recinto Ferial de Santa Cruz. Se trata de una causa que afecta de lleno, al menos en el plano político, al Gobierno de CC-PSOE en el Cabildo de Tenerife, aunque sobre todo a integrantes del primero de esos dos partidos, de manera especial al consejero delegado de tal sociedad anónima de capital público, Efraín Medina, a su vez responsable del área de Desarrollo Económico en la Corporación insular.

La formación política que sostiene la acusación popular es Podemos, en la oposición en el Cabildo. Este partido, que tiene como consejero insular de referencia para este asunto a Julio Concepción, ya manifestó en su día que "es realmente preocupante que, según las pruebas que se están recabando durante la investigación judicial, no se descarte que el agujero económico en la sociedad pública del Cabildo de Tenerife sea aún mucho mayor que lo visto en un principio [hasta 600.000 euros], aunque por ahora es muy difícil de conocer la cuantía total del desfalco debido a la insólita destrucción de los discos duros que contenían la contabilidad anterior al ejercicio de 2011 en esa empresa dependiente" de una Administración pública.

El descubrimiento de aquellos supuestos delitos en la gestión de la empresa del Recinto Ferial costó el puesto al gerente de esta sociedad insular, Ignacio Pintado, que se vio forzado a dimitir tras estallar el caso. Pintado había sido en los últimos años una persona de extrema confianza de CC y había ocupado puestos de responsabilidad pública en torno a este partido desde hacía muchos ejercicios.

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