Más madera, que es la guerra. Continúa en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria el culebrón de la gestión del Partido Popular y sus socios en el Ayuntamiento de Santa Brígida. Este martes volvió a declarar el ex alcalde, Carmelo Vega, en calidad de imputado tras una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción interpuesta por el portavoz socialista, Antonio Ramírez. Junto a Vega, declaró también como imputado el arquitecto Pablo Hernández Monroy, que reconoció que trabajó para el Ayuntamiento en calidad de asesor, firmando documentos e informes sin estar contratado. Sus trabajos se los pagaba -según dijo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2- el entonces concejal de Urbanismo, Carlos Sánchez, actual consejero de Política Territorial del Cabildo. Pero, atención, Sánchez abonaba los honorarios del arquitecto con cheques que él mismo extendía. Un fiera este Sánchez, que además pagaba del mismo modo a otra arquitecta de Urbanismo. Es más que probable que el hoy consejero tenga que ir a explicárselo a su señoría, que habrá flipado en colores.