La Sexta los pone de los nervios

Mientras los trapos sucios se laven en casa, nada que objetar. Todos nos conocemos, por eso no importa que de vez en cuando un periodista inquieto publique una noticia incómoda o circule una foto de un empresario corrupto nuevamente llamado a declarar por un eterno caso de urbanismo salvaje en la isla de Lanzarote. Son unos corruptos, sí, pero son nuestros corruptos. La quietud parece quebrarse, sin embargo, cuando el espejo no lo sostiene uno de los nuestros, cuando es una cadena nacional la que se acerca boquiabierta a comprobar si es verdad lo que dicen los expertos, que Lanzarote tiene el triste récord de ser el lugar de España con más imputados por habitante, arrebatando los honores nada menos que a la ciudad de Marbella. El reportaje de La Sexta emitido la noche del pasado viernes ha puesto nuevamente Lanzarote patas arriba porque no ha dejado títere con cabeza y porque ha recordado a los conejeros y a todos los canarios que, a pesar de los escandalosos hechos descubiertos, a pesar de la veintena de hoteles levantados sin licencia o con licencias ilegalmente tramitadas; a pesar de las miles de horas de radio y de televisión, de las toneladas de papel o los millones de gigas servidos en las webs, a pesar de las decenas de detenidos, de la confirmación de los comportamientos que todos conocían, todo sigue igual que el primer día. O casi todo, porque tras aquel cataclismo del caso Unión, quizás el caso de corrupción más grueso que ha vivido Canarias, los imputados se han organizado de la manera habitual para tener a su disposición a los mejores abogados y a los más aguerridos (y necesitados) periodistas con los que tejer, ¡cómo no! una conspiración que coloque a los denunciantes como delincuentes y a los denunciados como víctimas de no se sabe muy bien qué maleficio.

Juan Francisco Rosa, la víctima

En el centro de la conspiración, cómo no, el empresario que peor queda en el reportaje de La Sexta, Juan Francisco Rosa, del que se llega a decir que ha levantado su fortuna en base a una sucesión interminable de ilegalidades permitidas por un clan infame de políticos convenientemente untados. Rosa termina por convertirse en el protagonista máximo del reportaje, y no por un error de los periodistas llegados a la isla para esta única encomienda, sino porque alrededor de su figura se acumula el mayor número de atropellos urbanísticos y sociales de cuantos se cuentan en la isla. Es imposible comprender todo lo ocurrido a lo largo de estas décadas de desafueros sin hacer un seguimiento al comportamiento de Juan Francisco Rosa, cuya última aportación a la colección de causas penales ha sido la bodega Stratvs, un ejemplo de buen hacer empresarial si no fuera porque es una obra ilegal en toda su extensión, y si no fuera, maldita realidad, porque ocupa espacio protegido y suelo que ni siquiera es de su propiedad. Pero Rosa es, para sus escribidores, en realidad una víctima. Ya se ha ocupado el empresario de comprar medios de comunicación y de repartir sobres en algunas redacciones. O lo más reciente, de prometer prestar sus emisoras de radio a quien más lejos sea capaz de llegar en la difusión de esa doctrina estúpida e increíble de la conspiración, aderezada, eso sí, con datos muy concretos facilitados por los ilustres letrados de la causa, empeñados en adaptar los acontecimientos tan a su medida, que hasta pretenden hacer creer al mundo que el juez Pamparacuatro es en realidad un loco que aterrizó en Lanzarote para joderle la vida a estos magníficos emprendedores a los que incordia esa china en el zapato llamada Ley.

Narciso Ortega, ¡dirigiendo a la Guardia Civil!

La sucesión de disparates lanzados a las ondas hertzianas,a la web y a las rotativas parece propia de un concurso de misses: la Fundación César Manrique es co-productora del documental, junto a La Sexta; la Fundación César Manrique, junto al PSOE “talibán” y el despacho del diputado socialista Manuel Fajardo “conforman un lobby enquistado en los partidos de izquierdas” (…) “con aviesas intenciones”, que no son otras que la de “quedarse a solas para repartir a su capricho el territorio y las ganancias consecuentes”. Cualquiera que conozca Lanzarote sabe perfectamente que la Fundación César Manrique y el diputado Manuel Fajardo se dedican a la promoción urbanística y a la construcción de hoteles y, naturalmente, quieren echar de la isla, Tahíche mediante, a todos los empresarios de la competencia. Pero el delirio de los conspiradores supera los límites del más acá cuando colocan al que fuera jefe superior de Policía de Canarias Narciso Ortega como el gran muñidor de la operación Unión, que como casi todo el mundo sabe, ejecutó un amplio equipo de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil, llegado de Madrid. Por más que a Ortega le hubiera encantado estar en ese fregado, resulta imposible, además de marciano, pretender relacionarlo. De momento, no tenemos confirmado que los teóricos de esta nueva conspiración hayan incluido en ella a Juan Fernando López Aguilar y a Canarias Ahora, pero mucho nos tememos que eso harán hoy mismo, sin ir más lejos. Sí han metido -con animus injuriandi- a La Voz de Lanzarote, cuya directora apareció en el reportaje contando lo que todos los periodistas inquietos sabemos sin necesidad de que nos venga a visitar Luis Lleó con un maletín rebosante de billetes.

Pamparacuatro, el objetivo

El objetivo de esta estrategia de la conspiración, como rápidamente habrán colegido nuestros atentos lectores, no es otro que desmontar la investigación judicial ahora que ha pasado el tiempo suficiente como para que la presión social haya disminuido y no resulte muy escandaloso cualquier resultado. En realidad, las acciones no han empezado ahora: hace tiempo que se pusieron en marcha con mucho sigilo y con la profesionalidad propia de quien sabe lo que hace. Lo primero ha sido desacreditar al juez instructor, César Romero Pamparacuatro, al que tratan de reducir a la condición de negligente (en primer término) o de partícipe activo del contubernio (en cuestión de semanas), es decir, en prevaricador. Para ello, los representantes de Lleó y de Rosa han filtrado documentos del sumario en los que se recoge una parte de la verdad (los días de asuntos propios y vacaciones que pidió el juez) y no la verdad completa (los días que realmente se tomó). O conclusiones derivadas de las fechas de los autos, de las firmas de los autos o del aval con que contaron algunos de ellos, verbigracia, los más perjudiciales para los brillantes emprendedores. ¿Y el fiscal?¿Pudo el instructor hacer lo que le dio la gana sin que se lo afeara el Ministerio Público? Para esto también tienen una solución los conspiranoicos: Pamparacuatro y Stampa eran amigos y se permitieron muchos compadreos. Falso, se conocieron al estallar el proceso. A todo ello suman las peripecias y penalidades que tuvo que sufrir el juez para poder investigar en territorio comanche, pero las convierten en castigo del TSJC cuando llegan a afirmar que lo purgaron mandándolo a La Laguna. Cuando el equipo médico habitual montado por Lleó y Rosa estaba absorto en esa tarea de descalificar al juez y untar a periodistas, va La Sexta y se presenta con un equipo en Lanzarote para emitir un reportaje que les echa por tierra el camino andado. Porque, evidentemente, los reporteros elogian abiertamente la labor de Pamparacuatro, lo que indigna sin disimulo a los cronistas a sueldo. Se han encendido todas las alarmas; la corrupción denunciada en Lanzarote ha saltado a Madrid; ya es comentada en despachos de magistrados y fiscales, ya no es un endemismo enclaustrado en nuestros tubos de ensayo. La Sexta, mala. Rosa y Lleó, nuestros emprendedores.