El recurso de Soria, cuyo abogado madrileño se olvidó de firmar, lo que obligó a nombrar a un sustituto canario, es una sucesión de quejas contra la sentencia emitida por el juez García-Sotoca el pasado mes de septiembre. El vicepresidente se muestra disconforme con la absolución de los periodistas, pero precisamente por “la argumentación de la sentencia y la jurisprudencia constitucional”, declina recurrirla y se limita a reclamar de la Audiencia Provincial que le exonere del pago de las costas. Las quejas contra la resolución de García-Sotoca llevan a Soria a afirmar que “no está justificado que sus meras conjeturas sobre la realidad de lo acontecido sean convertidas en dogmas irrefutables que permitan arrojar al infierno de la ignorancia o de la temeridad a los discrepantes, y menos aún a quienes han ido a juicio oral y público a defender su verdad, la verdad de la que están convencidos, frente a la difamación (real o sentida), con autorización de los tribunales y otorgamiento de fundamento de su postura, puesto que tal decisión supone la amputación de las manos de quienes las extienden en demanda de tutela judicial”.