El Ayuntamiento de Telde, como todos los de España, se ha acogido al plan de ajustes ordenado por el Gobierno de Mariano Rajoy con el muy plausible propósito de agilizar el pago a proveedores, mayormente pequeñas y medianas empresas acogotadas por los impagos de las administraciones locales. En su envío al Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento que preside Mari Carmen Castellano (PP) hizo constar un listado de facturas que en total sumaban 35 millones. Esa relación de facturas fue reglamentariamente facilitada a la oposición, muy interesada en saber si entre ellas se pudo haber colado alguna referida a los pagos investigados por la justicia en el marco de la operación Faycan. Nada ha trascendido de momento en tal sentido. Pero las sospechas se han disparado esta semana al conocerse la existencia de un segundo listado que eleva esa primera cuantía de deuda hasta los 65 millones. Segundo listado que en esta ocasión no ha sido facilitado a la oposición, que empieza a temerse lo peor. Teniendo en cuenta que la alcaldesa y el interventor de la ciudad son dos de los principales encartados en la trama corrupta de Faycan, es absolutamente legítimo pensar mal. El propio interventor se ha dedicado estos días a restar importancia a cualquier irregularidad en el informe remitido al ministerio porque, como él dice, “total, eso es una mierda”.