La sentencia de la cucaracha

Parecía imposible imaginar una sentencia más surrealista que la que ha anunciado (porque todavía no está formalmente redactada) la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre el famoso caso Faycán. Un comunicado de prensa en el límite de las vacaciones judiciales anunciaba urbi et orbi que los ocho acusados que no pactaron con la Fiscalía Anticorrupción reconocer los hechos y conformarse con una pena exigua iban a resultar absueltos por obra y gracia de las apreciaciones penales del magistrado Salvador Alba Mesa. El mismo que, como también sabe todo el orbe, está de baja por enfermedad y suspendido como juez por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de que se le abriera juicio oral por la presunta comisión -nada menos- que de cinco delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Para tararí y no echar gota.

De este polémico magistrado (suspendido) no dejan de sorprender algunas de sus ocurrencias, y la ultima es la fórmula legal que empleó para eludir hasta en ocho ocasiones consecutivas que los agentes judiciales le notificaran resoluciones en su contra sin que, sorprendentemente, ningún órgano jurisdiccional haya actuado ante tamaña tomadura de pelo. Debería patentar tal práctica para que todos los delincuentes y presuntos delincuentes puedan aprender de un juez suspendido y tan experimentado trucos para esquivar tan grácilmente la acción de la justicia. Hace exactamente 17 días (naturales) que la Comisión Permanente del CGPJ decidió suspenderlo como juez y todavía no se ha dejado notificar tan importante resolución. Importante porque, mientras tanto, Alba sigue ejerciendo como juez como si esta guerra no fuera la suya, como si los cinco delitos que le ha imputado un auto de apertura de juicio oral, por los que la Fiscalía General de Canarias le pide diez años de cárcel, fueran en realidad una nadería.

Imitando la astucia de la cucaracha, que se esconde junto a los bajantes y las cloacas, y detrás de los electrodomésticos y los muebles que nunca se mueven para pasar la fregona, el juez (suspendido) Alba se ha atrevido a dictar la sentencia del caso Faycán. Y lo ha hecho con tal impunidad que sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas la han asumido como si todo se hubiera desarrollado con absoluta normalidad. Alegan tales jueces en su descargo que Alba era el ponente, y que el artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) “le obliga” a poner la sentencia. Falso. Lo que dice exactamente ese artículo es que el juez suspendido o apartado estaría obligado en tal caso a emitir su voto, momento procesal que ocurre cuando -en el caso de un ponente- los demás compañeros de tribunal no están de acuerdo con la ponencia. El artículo 155 de la Lecrim dice exactamente así: “Cuando fuere trasladado, jubilado, separado o suspenso algún magistrado, votará las causas a cuya vista hubiere asistido y que aún no se hubiesen fallado”. Lo que en realidad ha hecho Alba, y la Audiencia Provincial se lo ha admitido de modo inaudito, es emitir la sentencia estando de baja por enfermedad, camuflarla en forma de voto particular y aceptarla como cuerpo principal de la resolución, añadiendo tan solo la condena al Partido Popular como responsable civil subsidiario. Como si con esa salvedad consiguieran los restantes magistrados (Oscarina Naranjo y Carlos Vielba), salvar una sentencia que -por lo que se sabe gracias a las filtraciones de Alba- no se sostiene por ninguna parte.

Lo realmente notable es que la sentencia la ha redactado y entregado Salvador Alba estando de baja por enfermedad, y si el 12 de mayo (ver Canarias7) anunció públicamente que tal situación de incapacidad le impedía hacerlo, ¿qué ha cambiado para que finalmente obrase el milagro? Muy sencillo, que el CGPJ acordó sus suspensión como juez y algo ignoto llamó al apremio. Durante los cuatro meses desde que acabó el juicio hasta el anuncio vía comunicado de prensa del sentido del fallo del caso Faycán, Alba pudo haber puesto la sentencia. Pero no lo hizo. Prefirió irse de vacaciones (irregulares) a Las Maldivas y hacer turné por los medios informativos cantando al mundo su verdad.

Alba ha montado en cólera al enterarse de que sus compañeros de tribunal solo piensan cambiar su sentencia en lo que respecta a la responsabilidad civil del Partido Popular. No se la han leído, ha argumentado el juez en suspenso, o no tienen ni puta idea, ha dicho sin que se recojan esos precisos exabruptos en el periódico (Canarias7) que ha tenido la oportunidad de compartir con él su particular interpretación de esta causa y su sentencia.

Sólo en el Partido Popular se han alegrado enormemente de la sentencia de Alba y de su defensa numantina de la absoluta inocencia de ese partido. Lo admiran, y no es para menos. Al fin y al cabo se trata del juez (aunque en suspenso) que más se ha mojado últimamente por los intereses del PP, superando incluso las dudas que le condujeron hace unos pocos meses a tontear con los ultraderechistas de Vox, el partido al que más se acercan sus ideales de una justicia que comprenda y dé cobijo a los que, como él, quieren acabar con los adversarios ideológicos mediante los métodos más expeditivos. Incluidos los legales, a veces, claro.

No es novedad que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas beneficie al PP. Ya en 2014 su presidente, Emilio Moya, opinó públicamente que este juicio de Faycán había que posponerlo para evitar que coincidiera con las elecciones locales de mayo de 2015, a las que se presentaba la entonces alcaldesa Mari Carmen Castellano, ahora absuelta por Alba en esta sentencia tan sandunguera. Resulta pertinente recordar que Moya fue viceconsejero de Justicia en un Gobierno canario integrado por el PP y que nunca hizo lo más mínimo (dentro de la legalidad) por evitar que Alba presidiera este juicio, aun siendo consciente de que corría peligro su nulidad o, como estamos presenciando ahora atónitos, una resolución absolutamente catastrófica en unas condiciones todavía más catastróficas.

Pero vayamos a la sentencia. El juez (suspendido) Salvador Alba ha dictado una sentencia pensando en él mismo. Ha puesto lo que podría denominarse una sentencia preventiva, o mejor dicho, una sentencia defensiva. En realidad se trata de una estrategia (por llamarla de algún modo) que ha venido aplicando de un tiempo a esta parte, más o menos desde que se sintió atrapado por la instrucción penal que lo ha conducido al banquillo. Si en el caso Unión anuló grabaciones de la Guardia Civil para exculpar a imputados conejeros de muchos kilates, tratando así de cargarse el núcleo principal de la instrucción, en el caso de Faycán ha disparado directamente a la Policía y a la Fiscalía Anticorrupción, insinuando que actuaron con altas dosis de negligencia y de falta de profesionalidad, acumulando pruebas que, a su juicio, son endebles porque respondían a intereses espurios, verbigracia al dictado del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Para ello, Alba no solo ha disparado contra el magistrado instructor, Javier García-Sotoca (de su misma Asociación Profesional de la Magistratura, que sigue protegiéndolo), sino también contra la entonces jefa de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía, que fue la que llevó esta investigación. El magistrado presuntamente ponente ha sido capaz de poner negro sobre blanco (siempre según la versión que él mismo ha desgranado ante Canarias7) que la comisaria Concepción de Vega envió una carta al magistrado instructor con una serie de apreciaciones que invalidarían en gran medida la investigación. Cualquiera que se moleste en preguntarle a la señora De Vega por tal carta (como ha hecho un periodista de Canarias Ahora) se puede encontrar con una respuesta tan elocuente como irreproducible. Más que nada por ahorrarle disgustos profesionales a la comisaria, que ya bastante tuvo durante su paso por esta república bananera.

Además, haciendo un doble salto mortal con tirabuzón, el magistrado suspendido ha sido capaz de meter en Faycan retazos del caso Unión para descalificar así al juez instructor, César Romero Pamparacuatro, proclamando que no era a él a quien hubiera debido corresponder la instrucción de aquella macrocausa que tanto parece inquietar al rey de las cucarachas escurridizas.

Lo que trata Alba es de introducir en el sistema judicial canario las dudas que más le convienen: primero, que nadie debe fiarse de ninguna grabación, aunque haya sido hecha y comprobada por la Guardia Civil. Segundo, que las instrucciones judiciales son una mierda, aunque hayan sido santificadas en esa fase por la Audiencia Provincial de la que todavía forma parte, por lo que cualquier justiciable está en su derecho a discutirlas porque puede encontrarse directamente con su absolución por nulidad. Y tercero, que en el sistema judicial canario no se respeta el reparto neutral de las causas, lo que dicho de otro modo, los jueces y la policía se ponen de acuerdo a ver a quién le cae determinada causa para conseguir un final u otro. De traca si fuera verdad.

Así las cosas, cualquiera de las personas condenadas en las dos piezas desgajadas de la causa principal de Faycán, entre ellos el famoso José Luis Mena -ingresado en Juan Grande y con todos los boletos para salir en tercer grado a final de año- podrán pedir a partir de septiembre que se revisen sus sentencias y, llegado el caso, reclamar millonarias indemnizaciones. Porque si el juez ponente (suspendido) es capaz de descalificar la instrucción de la causa como ha hecho Alba, cualquiera que lo intente arguyendo sus tesis explosivas puede lograr al menos que se genere la contradicción y la duda.

Claro que, en un caso así, con un juez así (suspendido, ma non troppo) lo que cabe reflexionar es si ha actuado más en legítima defensa que en inmaculada defensa de la legalidad vigente. No es nada creíble que un juez camino del banquillo, con altas posibilidades de ser expulsado definitivamente de la carrera, se tome la molestia de hacer un último homenaje a la Justicia y a la decencia. Más bien cabría pensar que actúa en aplicación de aquel principio prosaico de “para lo que queda en el convento, me cago dentro”, y así poner la sentencia que mejor se acomoda a sus intereses y a los de los principales encartados, mayormente dos exalcaldes del PP. Quedará a la conciencia de los otros dos magistrados del tribunal seguir el baile de la cucaracha, o por el contrario, hacer un pequeño esfuerzo y trabajarse una sentencia técnicamente intachable, porque esta que ha ido explicando en capítulos el juez Alba no lo es.

Mientras, quedamos a la espera de conocer qué especialista ha firmado la última renovación de su baja. Si la primera se la extendió un médico experto en falsificar historiales clínicos y la segunda un pediatra, ¿qué será esta vez? ¿Quizá un veterinario? ¿Tal vez un entomólogo experto en cucarachas?