La acusación mantiene la petición de penas excepto para Elena del Castillo

“Puedo concretar mi argumento en dos palabras: lo sabía”. El abogado Juan Sánchez Limiñana, que representa a cinco querellantes en el caso de la presunta estafa de Hoya Pozuelo, ha solicitado de esta manera una pena de 17 años y medio de prisión y 4 millones de euros de indemnización para el promotor inmobiliario Jaime Cortezo por la venta de unos dúplex afectados por un expediente sancionador de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) y una orden de derribo al incumplir la Ley de Costas.

Sánchez Limiñana ha protagonizado la exposición más agresiva y vehemente de cuantas han tenido lugar este martes en el cierre del juicio.

Ha comenzado su intervención explicando la razón por la que, nueve años después, ha retirado la acusación contra Elena del Castillo, esposa de Cortezo. El letrado ha cuestionado que la sobrina del Conde de la Vega Grande no acudiera a los juzgados a denunciar la presunta falsificación de su firma, ya que esta aparecía en algunos documentos del expediente a pesar de que ella siempre ha negado que diera poderes para que actuaran en su nombre. “Si hay familia en la isla que se pueda permitir movilizar a todos para ver quién ha falsificado su firma es la familia de Elena del Castillo. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque sabe que lo hizo su marido. Y como no va a ir contra él, retiramos la acusación”, sostuvo.

Limiñana ha querido echar por tierra el argumento esgrimido por la defensa acerca de la devolución de 1,8 millones de euros a quienes compraron sobre plano viviendas en la parcela I4, una fase posterior a la I2, en la que se encuentran los inmuebles afectados por la orden de derribo.  

En este sentido, cuestionó la estrategia de defensa por llevar a corroborar esta versión “sólo” a  tres testigos cuyos testimonios, dijo, “no encajan”. Así, recordó que a uno de ellos le informaron “que había un contencioso y se echó para atrás porque ya se había mudado dos veces y su mujer quería que sentara la cabeza”, que a otro le devolvieron el dinero “porque había un retraso” y que el tercero “estaba muy ilusionado, pero no preguntó a su cuñada (Victoria González, apoderada de Hoya Pozuelo) por los problemas de las viviendas”. “Es absurdo, un insulto”, comentó el letrado.

Limiñana reiteró la expresión ya acuñada en el escrito de acusación para referirse de forma irónica a sus representados como “el club de los idiotas”. “Son los idiotas, los listos están en la I4. ¿Es que nadie pide la devolución? O eso no ocurrió así o aquí hay algo raro”, dijo.

Para el abogado, Cortezo conocía “perfectamente” la existencia del expediente de la Apmun desde un primer momento, pues el entonces consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, Tomás van de Walle, es familiar suyo. Limiñana considera que el consejero advirtió al empresario de la posible infracción urbanística y que éste precipitó la venta de las viviendas firmando la mayoría de las escrituras en ese periodo.

Sobre las reuniones con los vecinos, aseveró que las testificales han acreditado que el promotor “no les dijo que el expediente podía llevar al derribo, sino que todo estaba bien”.

“Nadie se cree que nadie preguntara si iban a tirar la casa (como declaró el jefe de Administración de Hoya Pozuelo) ni que en la firma ante la notaría los compradores hablaran del derribo y los vendedores callaran”, ha añadido el letrado, quien ha concluido recordando que una denuncia simple, de apenas un par de folios, de alguien a quien Cortezo consideraba “su empleaducho” fue más poderosa “que todos los bufetes de abogados especialistas” contratados por Cortezo. “Si su empleaducho lo sabía, él también”.

Engaño por ocultación

Por su parte, Mónica Pérez, que representa a otros dos querellantes, expuso que en el caso de Hoya Pozuelo el promotor engañó a sus clientes por ocultación, ya que les vendío las viviendas “cuando había una resolución firme de derribo y varias sentencias” desfavorables a los intereses de la empresa. Además ha recordado que los inmuebles adquiridos por sus representados (Antonio Antón y Julián Téllez) no tenían licencia de primera ocupación.

La letrada ha puesto de manifiesto las “contradicciones y faltas a la verdad” en los testimonios de los testigos propuestos por la defensa y de los empleados de la sociedad de Cortezo. “Se desprende que la información era sesgada, parcial e inducía al error a los compradores”, ha señalado Pérez, que ha recordado que el promotor tiene “un plus de responsabilidad”.

Para la abogada, una prueba fundamental de que los afectados desconocían que las viviendas tenían una orden de derribo es que las compraron a precio de mercado. “Es sangrante que se diga que buscaban lucrarse, ha habido un quebranto tanto económico como moral y lo único que buscan es un resarcimiento de los padecimientos sufridos”, ha zanjado.

Pérez ha mantenido la petición de penas para los acusados, esto es, ocho años de prisión para Jaime Cortezo y cuatro para Juana Rosa Fuentes, contable de Hoya Pozuelo que firmó la escritura de compraventa de uno de sus representados.