La Audiencia Nacional ordena al Ministerio de Transportes informar a un particular sobre descuentos aéreos en Canarias
La Audiencia Nacional ha ordenado en una sentencia al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que informe a un particular sobre la cuantía de las subvenciones de vuelos entre algunas islas Canarias entre 2018 y 2021.
La petición en principio había sido negada en 2022 por el Ministerio, aunque luego fue aceptada por Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por lo que el Ministerio acudió a los tribunales, donde en primera y segunda instancia se le ha dado la razón al ciudadano que exigía dicha información.
Ahora la Audiencia Nacional obliga a través de una sentencia, con fecha del 8 de octubre, al Ministerio a que en el plazo de diez días informe a este particular sobre las subvenciones agregadas de la ruta Tenerife Norte-Gran Canaria, la de La Palma-Tenerife y Gran Canaria-Lanzarote durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
Igualmente, deberá dar cuenta del porcentaje de viajeros que volaron con el descuento de residente en las mencionadas rutas durante los ejercicios señalados.
El Estado basó su negativa en que esta información se encontraba en poder de la Dirección General de Aviación Civil y no en el Sistema Nacional de Subvenciones, y en el mismo se refleja que entre 2018 y 2022 constataban 92.332 registros.
El total de ayudas para una compañía en ese período fue de casi 642 millones de euros, -la que recibe más subvenciones de España-, para otra 495 millones, una más 442 y la última 359 millones.
El peticionario, que quiere salvaguardar en todo momento su anonimato, se confiesa como “un apasionado del sector y de la transparencia” y por ello cada año hace la misma solicitud.
Desde el Ministerio se recordó que la Obligación de Servicio Público (OSP) impuesta en todas las rutas insulares exige ofrecer un mínimo de asientos al año.
En concreto, entre Gran Canaria y Tenerife Norte, estos deben ser 300.000 en verano y otro tanto en invierno, con lo cual se alcanza la cifra de un millón de viajeros por ejercicio.
La Audiencia recuerda que la base de datos nacional de subvenciones es un instrumento que se rige por el régimen especial de información previsto en la ley y opera como un sistema de ámbito estatal y su fin es promover la transparencia, planificar políticas púbicas, mejorar la gestión y luchar contra el fraude en las ayudas.
No obstante, se podrá negar el derecho de acceso, rectificación y cancelación cuando se obstaculicen las actuaciones administrativas para asegurar el cumplimiento de la entrega de ayudas, entre otros extremos.
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