La Audiencia de Las Palmas juzgará el próximo 4 de junio a una falsa médica acusada de inyectar silicona

El juicio contra la mujer acusada de inyectar silicona líquida en la cara de 37 mujeres en Las Palmas de Gran Canaria arrancará el próximo martes, 4 de junio, en la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas después de que en octubre no se llegara a un acuerdo para evitar la vista.

El tribunal tendrá que dilucidar si, tal y como apuntan las acusaciones, la acusada, G.E.B.H., cometió un delito de intrusismo laboral -ya que se hacía pasar por médica jubilada- y 37 de lesiones por imprudencia grave.

La vista está dividida en tres sesiones que se desarrollarán la próxima semana -el martes, miércoles y jueves- en la sección sexta de la Audiencia, presidida por el magistrado Emilio Moya.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, esta falsa médica realizó entre 2016 y 2019, en su propio domicilio y sin disponer de ningún título para ello, infiltraciones estéticas de relleno en labios con silicona líquida subcutánea, material inyectable que no está autorizado en España como sustancia de relleno por la Agencia Española del Medicamento, haciendo creer a las víctimas que en realidad era ácido hialurónico.

“A consecuencia del proceder de la acusada, más de una treintena de personas, todas mujeres, comenzaron a sentir semanas después de la intervención dolor en los labios y presencia de durezas en los mismos”, describe el Ministerio Público, que relata que la falsa médica les decía que era algo normal tras la intervención y que se masajeasen la zona.

Debido a esta acción presuntamente cometida por la acusada, a las víctimas les han aparecido granulomas, así como una hipersensibilidad en los labios.

Además, agrega la acusación pública, las perjudicadas podrían presentar en el futuro secuelas tales como aparición de más granulomas, celulitis o migración del producto a otras zonas.

Para la extracción de dichos granulomas es preciso tratamiento médico consistente en cirugía, intervención a la que no se han sometido muchas de las perjudicadas por falta de recursos económicos.

Es por estos hechos que la Fiscalía solicita penas que suman 30 años y diez meses de cárcel por un delito de intrusismo laboral y por otros 37 de lesiones por imprudencia grave.

Asimismo, pide al tribunal que condene a G.E.B.H. a indemnizar con 5.000 euros a cada una de las víctimas por los daños físicos y morales que les causó su proceder.

El juicio se celebrará finalmente después de que el pasado mes de octubre las partes no llegaran a un acuerdo para evitarlo, al no quedar las víctimas satisfechas con la reparación que les ofrecía la acusada, de 200 euros al mes durante 18 años a repartir entre todas ellas (43.200 euros).

Dicha oferta fue considerada por una de las perjudicadas, la única que se persona como acusación particular a la vista, como “vergonzosa”.

Además de esta víctima, también se personó en la causa el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, que solicita una condena por intrusismo laboral contra la acusada por haberse hecho pasar por falsa facultativa.