El juicio del 'caso Brisan', aplazado sin fecha el día en que iba a empezar

El juicio contra el exconcejal del Ayuntamiento grancanario de Santa Brígida Luis Manuel Troya, el empresario Pedro Morales y los interventores municipales Jacinto Hernández y Santiago Hernández por supuesta corrupción ha quedado aplazado sin fecha este lunes, cuando iba a comenzar su vista oral.

Una enfermedad grave del abogado defensor de uno de los procesados en el juicio del llamado caso Brisan ha motivado la suspensión de la sesión y de otras que estaban previstas para los siguientes días, acordada por la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, competente en este asunto.

Los encausados, que se enfrentan a peticiones de penas de 5 años de prisión salvo en el caso de Pedro Morales, para quien solicitan 2 años y 6 meses, están acusados de tomar parte en una trama de pago de facturas falsas o engordadas a una ferretería que habría impulsado el concejal Luis Troya “con un desmesurado ánimo de ilícito enriquecimiento”, conforme al planteamiento del fiscal.

El cual destaca en su escrito de acusación que Troya actuó “de común acuerdo con el otro acusado, Pedro Morales”, y “especialmente en el periodo comprendido entre los años 2000 a 2005”.

Prueba de ello es que el entonces edil, al acometer una de las supuestas operaciones fraudulentas, “siendo conocedor de que el total del material suministrado excedía lo previsto en la legislación aplicable para la contratación directa sin licitación (12.020,24 euros)” decidió “acudir la fraccionamiento del suministro para evitar, como resulta obvio, la contratación mediante concurso público”, a pesar de que su proceder estaba “expresamente prohibido” por la Ley.

Esa maniobra, además, se repitió en doce ocasiones, desembolsando en cada una de ellas el Ayuntamiento cantidades que oscilaron entre 23.902 y 186.568 euros, relata el fiscal.

Y añade que, al tiempo, Troya y Morales arreglaron el abono de 260 facturas por trabajos de transporte de materiales atribuidos a la ferretería y que en realidad llevaba a cabo personal municipal con vehículos públicos, sumando una cifra total de 40.494,47 euros “que han incorporado a su patrimonio ambos acusados”.

A Jacinto Hernández y Santiago Hernández les achaca, por su parte, el haber avalado con sus firmas todas las referidas operaciones haciendo posible el fraude y sin denunciarlo pese a que, por su profesión, tenían conocimientos suficientes para comprender que eran ilegales.

Puesto que “en ningún caso han emitido resolución de reparo alguno para el abono de esas facturas, debiendo conocer todas las irregularidades puestas de manifiesto” en el trámite de las mismas, argumenta.

Por todo ello, a los enjuiciados se les imputan delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsificación documental y fraude.

Su juicio, en cualquier caso, ha quedado hoy aplazado sin fecha, al ser imposible reanudarlo mañana por el estado del letrado enfermo y carecer la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas de otras fechas a las que trasladarlo en las próximas semanas, debido a su abultada agenda de asuntos.

Una circunstancia esta por la que no se descarta que la nueva fecha que se señale para la vista oral del llamado “caso Brisan” tenga que fijarse recurriendo ya al calendario del año próximo, según han informado a Efe fuentes judiciales.