El complot para silenciar a tres radios de Telde se cierra en falso

Como si fuera un accidente. O una irreparable equivocación que dejó fuera de onda a tres radios críticas con Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), uno de los partidos con mayor poder e influencia en la segunda ciudad de Gran Canaria, Telde.

En eso ha quedado el complot urdido en 2010 contra Canal Telde, Radio Cibelio y PCL Radio, una emisora municipal y dos radios privadas precintadas por la Guardia Civil. Y todo por una denuncia promovida desde el entorno político de Ciuca, con la excusa de que se dedicaban a la piratería y a la venta de la música que emitían.

Siete años después del registro y detenciones en esos medios, con una orden que casi le cuesta una condena en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a la jueza que le dio cobertura, el juzgado del que era titular ha archivado la última de las diligencias “por prescripción” del delito. Y ni rastro de delito ni de las radios.

En todo este tiempo, las únicas decisiones que tomó la jueza Ángeles Zabala fueron la de precintar el mismo día que se lo reclamó la Guardia Civil; aclarar dos días más tarde que los precintos no afectaran a la emisión, cuando el daño ya estaba hecho y los programas requisados; y defenderse de la querella por prevaricación que por tal atropello le interpuso el gobierno municipal liderado por Nueva Canarias.

De ahí que el juzgado que dirigiera Zabala –la jueza ejerce desde hace años, tras su caso en el TSJC, en Instrucción 1 de Santa Cruz de Tenerife- haya decretado el archivo de esa investigación abierta el 12 de julio de 2010, y que solo estuvo viva hasta el 1 de octubre de ese año. A uno de los investigados le ha llegado ahora, en 2017, ese carpetazo a una causa que terminó con su radio sin que se moviera ni un papel de la instrucción judicial en todo este tiempo.

El caso de las radios de Telde tiene todo el cariz de una trama orquestada en la que intervinieron la Guardia Civil; la jueza siempre afín a las denuncias de Ciuca contra Nueva Canarias, su principal contrincante político en la ciudad de los faycanes, y la propia formación liderada por Guillermo Reyes, un avispado dirigente local del que se dice que tiene amplios conocimientos de las cañerías del Estado. Y que niega por completo ser el inductor de nada, aunque en más de una ocasión lo parezca.

Pero es que hasta la Guardia Civil no tiene respuestas lógicas cuando hoy en día se le cuestiona por qué la fuerza actuante en las entradas y registros procedía del otro extremo de la isla, Santa María de Guía, cuando una misma patrulla fiscal tiene su base en Vecindario, justo al lado de Telde. Que es a donde llevaron detenidos a una decena de trabajadores y propietarios de radios por su evidente cercanía. “Aquí hubo algo raro, sí”, aseguran desde la Comandancia de Las Palmas. Lo que también repiten los afectados, claro.

Son sospechas que arrojan los testimonios de políticos, empresarios y empleados de la operación dirigida por la jueza Zabala. Coincidentes en que todo estaba orquestado para silenciarlos en pleno año preelectoral y con el concurso de radios del Gobierno de Canarias en el calendario. Ninguno de ellos pudo concurrir en condiciones y hasta la emisora municipal dejó de existir, cuando la crisis y la deuda galopante se llevaron por delante las arcas municipales de Telde.

“¿Dónde está el material requisado?”

Siete años después del precinto de las radios de Telde son muchas las preguntas que quedan sin respuesta. Aunque indicios haya unos cuantos para concluir que a alguien se le fue la mano. Eduardo Luis Garoz era propietario de Radio Cibelio. Ha sido ahora, en 2017, cuando ha conocido el auto de archivo por prescripción. En una investigación que no buscó demostrar hechos punibles en los escasos tres meses que avanzó el procedimiento, sino que se limitó a precintar las emisoras.

“En resumidas cuentas, fue para quitarse de en medio a tres radios”, concluye Garoz de forma tajante cuando relata aquel 12 de julio de 2010. Estaba en antena con el que fuera alcalde de Telde y entonces portavoz del PP, Paco Santana, cuando entraron los guardia civiles. “Llegó la Guardia Civil de Guía con un secretario judicial. En el acta estaban identificados dos guardias, el secretario y un perito informático que venía de Madrid, pero allí había tres guardias y dos peritos”, resalta.

La entrada y registro empezaba a apuntar irregularidades luego demostradas, pero que se quedaron en nada en el TSJC. “A mí esta historia me descolocó. Se llevaron todo el material: ordenadores, aparatos, discos duros. Un coste de unos 8.000 o 10.000 euros, con programas básicos de la radio. Nada de lo que había producido, todo lo grabado, la hemeroteca, no tengo nada. Ni la facturación de la empresa”.

Garoz ha iniciado los trámites para reclamar sus pertenencias al juzgado. “Sí, sí, ya se le contestará, me dicen”. Pero se lamenta que de nada servirá esa reclamación, salvo para almacenar cacharrería inservible. “Todo lo que se llevaron cabía en un carro de la compra; ¿dónde está el material requisado? ¿En un almacén judicial? ¿Lleno de polvo y humedades? ¿Se habrá perdido? Eso ya no vale para nada”, dice.

Tampoco ha habido respuesta por parte del Decanato de Telde a las consultas trasladadas al gabinete de prensa del TSJC por este diario, para conocer el paradero del material de Canal Telde, Radio Cibelio y PCL Radio. De manera extraoficial han explicado en esos juzgados que todo debe estar inventariado en el almacén judicial, a la espera de que alguien formalice su reclamación.

Pero de esos discos duros, CDs y DVDs, lo cierto es que nada encontró la Guardia Civil que sirviera para acusar a las radios de delitos contra la propiedad intelectual. “Si hubiesen encontrado algo, ¿la investigación se paraliza a los tres meses?”, se cuestiona Garoz. Y justo a los tres meses se inició en el TSJC la causa por la que el Ayuntamiento de Telde se querelló contra la jueza por prevaricación judicial.

Sin condena a la jueza: “Perro no come carne de perro”

Paco Santiago, histórico líder de Nueva Canarias en Telde, era alcalde de la ciudad en ese año preelectoral de 2010. Su enemigo íntimo y portavoz de Ciuca, Guillermo Reyes, mantenía una guerra total contra él. Reyes niega cualquier mano suya o de los suyos meciendo la cuna del juzgado de Zabala, pero Santiago lo tiene claro.

“La denuncia la presenta un familiar de la secretaria del grupo municipal de Ciuca, y ya se ve la mala fe y la intencionalidad de solo hacer daño político”, sostiene Paco Santiago con el paso del tiempo. En el caso del Ayuntamiento de Telde, su causa (la jueza abrió tres diligencias distintas, 887, 888 y 889/2010 para cada radio) fue archivada en 2015, dos años antes que esta última de Radio Cibelio.

“Aquello fue una medida totalmente desproporcionada, un soberano abuso de la Administración de Justicia, que además no investigó nada”, critica Santiago. Y a la jueza no la deja en buen lugar precisamente, como tampoco el presidente del TSJC de entonces, Fernando De Lorenzo, que instruyó su querella en el alto tribunal y que en el auto de sobreseimiento provisional solo le saca los colores. Sin condena.

“Sin investigar nada, sin nada meditado, solo por darle credibilidad a la denuncia sin analizar el fondo, detuvieron a una decena de personas sin indicios claros”, dice el ex alcalde. “Y una prueba clara de que lo que se pretendía era hacer daño es que cuando se archiva provisionalmente, ni se recurre ni nada [por parte del ayuntamiento que pasó a ser gobernado en 2011, otra vez, por PP y Ciuca, que se personó como acusación particular]. El objetivo era hacer daño a Paco Santiago”.

El histórico dirigente de Nueva Canarias señala directamente a Guillermo Reyes y a Ciuca. “Ese partido encontraba en la titular de ese juzgado su principal aliado. Son muchos los casos que el mismo día en que se firmaba una denuncia por el abogado que la presentaba, ese mismo día era admitida a trámite, ese día se imputaba a cinco o seis miembros de mi equipo de gobierno, y ese día se citaba, de un viernes para un lunes, a esos miembros imputados con media docena de delitos cada uno”.

Santiago, que como otros miembros de NC ha sido condenado a inhabilitación por prevaricación administrativa –en su caso por conceder a una ONG de prestigio, la Fundación Yrichen, una parcela para su centro social-, señala de nuevo esa connivencia entre la jueza y su partido rival: “Ya nos gustaría que la celeridad fuera así en todos los casos . Es difícil abstraerse de observar una maldad en este caso”.

Además, recuerda perfectamente como el entonces coronel de la Guardia Civil en Las Palmas, “hoy general en una misión muy especial del Estado”, lo llamó a él para decirle expresamente que las detenciones fueron efectuadas por orden de la jueza. Como es lógico y legal, aunque entonces se quisiera quitar de encima ese muerto.

“Intentaron decir que la orden fue de la Guardia Civil, pero había tres secretarios judiciales en tres radios el mismo día de las detenciones”, recalca. “Un guardia, incluso, confundió al portavoz del PP, Paco Santana, conmigo, y se le escuchó decir ”se nos ha escapado el alcalde“, cuando dejaron salir” al entrevistado, asustado, de Radio Cibelio. “Está claro que iban a por mí, y sabemos perfectamente quiénes”.

Santiago incide en la connivencia y los contactos de Guillermo Reyes en las esferas del Estado. “Es muy fácil hacer política sabiéndose protegido por los más elevados poderes”, apunta también por causas como la conocida operación Doramas, que no prosperaban en el juzgado de Zabala cuando afectaban a parcelas del poder local de Ciuca entre 2003 y 2007. Por el contrario, el caso Faycán que debe juzgarse en 2018 en la Audiencia Provincial siguió adelante y arrastró a todo el PP local.

“Aquí había una operación para hacerle daño a Paco Santiago y el objetivo era que se cerraran esas radios”, sostiene el ex alcalde de Telde, que ante las evidencias del caso y cómo acabó todo sin pena y con traslado a una plaza superior para la jueza Zabala, concluye: “Perro no come carne de perro”. Lo que en cristiano de Telde se traduce en que a Zabala le salvaron la carrera en el alto tribunal canario.

Guillermo Reyes: “Había 5.000 copias piratas”

A quien todo el mundo señala como el muñidor de esta operación no le gusta nada desempolvar tiempos pasados. Sobre todo estos, cuando se le pide su versión de los hechos. Guillermo Reyes sostiene que todo parte porque las radios “se ganaron el odio” del denunciante, el sobrino de su secretaria política. “Al muchacho le había dado leña la policía, en esas radios se habían metido con una buena persona, y el chico le cogió odio al Ayuntamiento de Telde”, justifica como móvil de la denuncia.

En esa denuncia, recogida en el auto del TSJC de sobreseimiento de la querella contra la jueza Zabala, se indica expresamente que quien la formula es persona carente de conocimientos sobre la propiedad intelectual. Un “reponedor de supermercados, anteriormente albañil”, que había escuchado que esas radios pirateaban música. Y movido por no se sabe qué afán se personó en la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas. Allí le indicaron que interpusiera denuncia en Santa María de Guía.

Según explica a este periódico Guillermo Reyes, el líder del Ciuca se personó en la causa “contra la radio municipal porque se demostró que había 5.000 copias piratas sin pagar derechos de autor. Que se haya archivado el caso no demuestra que no se hubiera cometido el delito”, dice . “Y solo me retiré, ni quise continuar con la causa adelante, cuando no había responsabilidad de los políticos del grupo de gobierno y solo estaban imputados los trabajadores. Me retiré y se acabó”.

Reyes da carpetazo al asunto. “La guerra mía era con Paco Santiago y yo ya me he retirado. Ya acabó mi guerra”, señala. Y en cuanto a la desaparición de Canal Telde a raíz del caso y la crisis, considera que “era una herramienta municipal no acorde a la legalidad administrativa. Los denunciantes [el reponedor de supermercados] fueron por la vía penal, yo hubiese ido por la administrativa”.

El enemigo íntimo de Santiago se defiende de quienes lo señalan como la mano que mecía la cuna del juzgado mixto número 6 de Telde (actualmente, Instrucción 1). “Eso fue una leyenda, también se decía que yo estaba detrás de Radio Aventura [la emisora afín a Ciuca], pero es que Carmelo Martín [el propietario de esa radio] me daba mucha cobertura. Después me alegré que no se multara a nadie, me retiré cuando ya sólo quedaba Ezequiel [López, responsable de la emisora municipal]. Pero había indicios para continuar adelante”, dice. “Y no lo hicimos”.

 Radio Aventura, ¿la cuarta emisora registrada?

“Al primero que visitaron fue a mí. Me entraron tres señores de la Guardia Civil y uno de ellos me amenazó con que no dijera nada, porque todo estaba bajo secreto de sumario”, asegura Carmelo Martín, propietario de Radio Aventura. Dice que fue el mismo día que detenían y registraban a las otras tres radios, pero que nada de eso le ocurrió a él porque lo tenía todo en regla. Y se enteró al día siguiente por la prensa de la suerte de sus otros tres competidores en las ondas locales.

No hay constancia documental alguna, ni en órdenes de entrada y registro ni en los autos de la causas abiertas, de que Radio Aventura fuera la cuarta radio registrada por la Guardia Civil, pero su dueño y locutor insiste. “Me revisaron ordenadores, me abrieron discos duros, les indiqué dónde estaba toda la música y también todos los CDs originales. Todo estaba en orden, por eso no se llevaron nada”, asegura.

Cuenta Carmelo Martín que incluso avisó en clave al resto de emisoras. Sostiene que al salir los guardias de Radio Aventura, continuó con su programa, en el que utiliza un personaje de nombre Andresito para sus críticas. Cuando le preguntaron en antena a Andresito que quién había llamado a la puerta para que hubiese salido él mismo a atenderlos, respondió: “No, nada. Son los de Medio Ambiente”.

“Pensaba que toda la operación era por mí”. Se dijo: “Estos cabrones no saben qué hacer ya conmigo”. Y todo porque el local de su emisora había sido precintado por el gobierno de NC y PSOE, al carecer de licencia. “Se precintó Radio Aventura y a las demás, no. Muchos comercios de Telde tienen dos pisos en un edificio ilegal, y solo fueron a por mí. Me llevé la radio a la cocina de mi casa con todos los aparatos y seguimos emitiendo”, dice Martin, ahora enganchado a Radio Las Palmas.

“Tengo un medio de comunicación muy crítico con el poder y debo blindarme las espaldas, tenerlo todo en regla, porque siempre me están buscando”, explica como justificación de que no cayera en una operación en la que no figura su nombre ni su emisora por ningún lado. “A mí lo que me extraña es que en las otras radios hayan encontrado material ilegal y se haya archivado el caso, porque les detectaron más de 30.000 archivos. A mi no me detectaron nada, por eso no se llevaron nada”, dice.

Son versiones contradictorias que nada tienen que ver con las experiencias vividas por los detenidos. Uno de ellos fue Ezequiel López, responsable en 2010 de la radio municipal. Además del mal trago de aquella situación inexplicable, López cuenta cómo Canal Telde se fue extinguiendo a raíz de la operación judicial. “Una vez que se llevaron lo que requisaron, el mundo fue de arrastre. De ahí nos fuimos a un almacén y hacíamos programas enlatados, los empaquetábamos y los difundíamos en diferido, porque se habían llevado todos los programas para emitir”.

Los trabajadores de la radio municipal siguieron en sus labores con sus horarios de trabajo, “entrevistando, haciendo programas y empaquetándolos para difundirlos en horario de tarde”. Todo por salvar los puestos de trabajo, que a los pocos meses se extinguieron por la inviabilidad del medio. Una radio enlatada sin presupuesto.

“Todos sabíamos lo que se movía”, dice Ezequiel López. “Iban a la caza y captura de Paco Santiago, querían que dijéramos que Paco Santiago estaba detrás de todo esto de la propiedad intelectual, que era quien mandaba ahí” como alcalde. López tiene claro que “el ayuntamiento ha hecho dejación de sus funciones en sus empresas de titularidad municipal, por no reclamar el material requisado”. Y le duele “que mi ficha siga ahí, en la Guardia Civil, como si fuera un delincuente”.

Esas mismas impresiones transmite Antonio Uche, comunicador y propietario de la tercera radio intervenida, PCL Radio. Aunque en puridad, las propietarias son sus tres hijas, Patricia, Carolina y Laura (PCL), que también pasaron una mala tarde en el cuartel de la Guardia Civil junto a su padre. Sin saber qué habían hecho para ello.

Uche no sabe, a ciencia cierta a día de hoy, si las diligencias previas 887/2010 que dan cobertura a la entrada y registro de su radio y la detención suya, de un técnico y de dos de sus hijas, fueron archivadas en su día, como le dijeron en el juzgado. “Vete a reclamar los aparatos que eso está archivado, me dijeron”. Desde el juzgado no ha llegado un solo papel con un auto de archivo negro sobe blanco. Tampoco la actual titular y decana ha contestado a esta cuestión planteada por este diario.

Un auto salvador sin desperdiciosalvador

La trama para silenciar a tres radios de Telde no puede cerrarse sin el soporte judicial que evitó que la jueza Zabala fuera condenada por prevaricación en el alto tribunal canario. La decisión del Ayuntamiento de Telde de querellarse contra “la jueza de Ciuca”, como se conocía en la ciudad a la magistrada, cogió a todos con el pie cambiado. Acto seguido, nada más se movió en el juzgado con respecto a este caso, y después de meses de recursos y más recursos, el TSJC sobreseyó la causa.

El auto no tiene desperdicio. Desde el varapalo que se le da a la jueza por su modo de proceder y maneras, hasta la ventana que se le abre para no ser condenada. Y así continuar sin tacha con su carrera, en Instrucción 1 de Santa Cruz de Tenerife.

El entonces presidente del TSJC, Fernando de Lorenzo, se remangó las puñetas para concluir que no hubo prevaricación judicial, ni dolosa ni culposamente, porque la jueza Zabala emitió un segundo auto a las 48 horas de haber provocado la requisa de los programas de emisión por el cual aclaraba que el primer auto solo afectara a los soportes musicales y no al derecho a emitir la programación.

“El segundo auto es discutible, pero perseguía solucionar una actuación indebida”, sostuvo la Sala de lo Penal en mayo de 2011. La conducta de la jueza apuntaba a “indicios de antijuridicidad”, pero sin la “intensidad exigible para constituir” un delito en toda regla. Así salió indemne la jueza de aquel atropello.

En ese auto también se recoge que “presumiblemente” la jueza sabía 15 días antes de que la Guardia Civil le solicitase orden de entrada y registro quién iba a ser el perito que interviniera. Y el hecho de que a la comitiva judicial la acompañara un perito informático supuso para el TSJC un indicio de que la jueza quería velar por los derechos de los detenidos, para que se requisara solo lo indispensable.

¿Dos peritos en los registros? Hasta Guillermo Reyes se excusa y levanta un poco más las sospechas cuando aborda el tema casi sin preguntarle: “Uno de los peritos era un antiguo hombre de los tiempos de Asamblea Canaria (origen de Nueva Canarias, en los años 80). Cuando me entero que estaba ese perito, me personé”.

El auto de entrada y registro era tan poco cuidadoso, que hasta un cabo primero de la Guardia Civil presente en la operación se permitió el lujo de declarar al tribunal superior canario: “Tal y como estaba redactado, podría incluso haber cerrado la emisora. Pero no fuimos con ese ánimo”.

Pero el resultado final fue como cerrarlas de un plumazo. Garoz, por ejemplo, se dedica a pintar porque no tuvo más remedio que vender toda la cacharrería que le dejaron en la radio. “Vendí todo pieza a pieza, el mobiliario, micrófonos, cascos… todo eso me cambió la vida, después de 23 años en la radio”.

Dice que ahora ha recuperado el tiempo para lo que le apasiona: la pintura. A buen seguro que no le apetecerá compartir exposición con Guillermo Reyes, médico y pintor. Su abogado en la acusación particular contra las radios era su hijo Daniel, actual consejero del Cabildo del grupo Unidos por Gran Canaria, liderado por el ex presidente José Miguel Bravo de Laguna. El único que colgó su retrato en la Casa Palacio antes de que acabar su mandato. Por obra y gracia de Guillermo Reyes, su autor.