Las contrataciones arbitrarias del presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, bajo la lupa de la Fiscalía
Un juicio por despido ha abierto la caja de Pandora en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. La Fiscalía Anticorrupción de la provincia occidental investiga desde finales de diciembre contrataciones “arbitrarias y discrecionales” en el ente presidido por Ricardo Melchior, histórico dirigente de Coalición Canaria (CC) y presidente del Cabildo entre 1999 y 2013. Fue el representante de la Fiscalía adscrito al Juzgado de lo Social 3 de la capital tinerfeña quien, en ese juicio, solicitó deducir testimonio para investigar la política laboral del organismo, dependiente de Fomento, a raíz de las pruebas documentales y testimonios aportados en un procedimiento que concluyó con una sentencia que declaraba nulo, por vulneración de derechos fundamentales, el despido de una trabajadora que prestaba servicios como abogada en la Autoridad Portuaria.
Fuentes oficiales de la Fiscalía han confirmado que las diligencias se abrieron sin mediar denuncia, como consecuencia del testimonio remitido por el juzgado de lo social ante los indicios de delito detectados en el juicio, y que el objeto de las pesquisas es la contratación de trabajadores “al margen de los procedimientos existentes”. El Ministerio Público, a través de la fiscal Anticorrupción María Farnés, trata de dirimir si se trata “de una actuación delictiva o de una irregularidad administrativa”.
Para ello, ha solicitado documentación a distintas áreas de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y ha llamado a declarar a varios empleados del organismo, además de a su presidente, Ricardo Melchior. “Las diligencias no han terminado, estamos analizando la documentación y no hemos decidido ni resuelto nada”, apuntan desde la Fiscalía.
Aunque el Ministerio Público no ha querido dar más detalles por tratarse de una investigación en curso, otras fuentes consultadas por este periódico sitúan el foco en la contratación, en el año 2015, de una asesora de Melchior que tiene un sueldo superior a los 2.000 euros. “Es una persona de su absoluta confianza, da órdenes a los funcionarios como la mano derecha del presidente”, apuntan. Las mismas fuentes aseguran que es un caso diferente al de la trabajadora despedida y readmitida como personal laboral tras el juicio por vulneración de derechos fundamentales, y que la investigación de la Fiscalía se ha extendido a otras actuaciones supuestamente irregulares de Ricardo Melchior al frente de la institución y que nada tienen que ver con la política laboral, sino con “otros gastos” y facturas del ente.
Siempre según estas fuentes oficiosas, por la Fiscalía ya han desfilado los jefes de recursos humanos, de los servicios jurídicos y del área económica-financiera, además de la trabajadora despedida en marzo del año pasado y readmitida por resolución judicial en octubre.
En el juicio laboral que abre la espita de la investigación de la Fiscalía prestó declaración como testigo el entonces director de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, José Rafael Díaz, que ya entonces, septiembre de 2017, mantenía una guerra abierta con el presidente del organismo, Ricardo Melchior, que desembocó en su fulminante cese el pasado mes de abril. El testimonio de Díaz habría resultado decisivo para que la Fiscalía acordase abrir las pesquisas. De hecho, el exdirector de Puertos, que también pertenece a Coalición Canaria (CC) y al que sitúan en el entorno del actual presidente del Cabildo, el nacionalista Carlos Alonso, sucesor de Melchior, vinculó su destitución a la negativa a “doblegarse al dictado de irregularidades y, seguramente, ilegalidades desde la Presidencia”.
En esa guerra interna en la Autoridad Portuaria, otro de los actores involucrados, el comité de empresa, se posicionó contra el anterior director. Los representantes de los trabajadores se rebelaron en julio del año pasado contra Díaz y pidieron su destitución inmediata tras acusarle de “amenazar, presionar y despreciar a sus compañeros”. Con este escenario y el caldo de cultivo del conflicto laboral, Melchior finalmente ganó el pulso a su subordinado logrando su destitución en el Consejo de Administración celebrado el 25 de abril, con el voto favorable de todos los presentes en la sesión, salvo una abstención.
Díaz, que lleva 25 años en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife como funcionario de carrera, denunció en una carta remitida tras su destitución que el presidente le había “degradado” de su puesto como jefe de departamento. En esa misiva anunciaba una demanda contra su despido. También la trabajadora que ganó en los tribunales su pleito laboral ha acusado a Melchior y al personal a su servicio de un “linchamiento” tras su reincorporación. Las acusaciones son cruzadas.
El histórico dirigente nacionalista, por su parte, continúa en el cargo a pesar de que había trascendido que el acuerdo alcanzado entre CC y el Partido Popular (PP) contemplaba un cambio en las presidencias de las autoridades portuarias de las Islas. En Las Palmas, el popular Juan José Cardona, exalcalde de la capital grancanaria, ha sustituido al socialista Luis Ibarra. En Santa Cruz de Tenerife se barajaba el nombre de Pedro Suárez para relevar a Melchior, pero los últimos acontecimientos hacen pensar que el expresidente del Cabildo se mantendrá en el puesto hasta las elecciones de 2019.
