Un convenio ya pactado para cerrar el concurso de acreedores del Grupo Anfi lleva un año en los cajones del Juzgado

Una propuesta de convenio apoyada formalmente por el 70% de los afectados por el concurso de acreedores del Grupo Anfi lleva un año en los cajones del Juzgado de lo Mercantil 1 de Las Palmas de Gran Canaria, donde fue declarada en septiembre de 2021 la situación de insolvencia de Anfi Sales y Anfi Resorts, filiales de la sociedad dedicadas al negocio del aprovechamiento por turnos de inmuebles turísticos o timesharing, líderes en Europa en esta actividad económica.

El convenio fue promovido en febrero de 2023 por IFA Canarias e Isla Marina, ambas empresas vinculadas al Grupo Lopesan, que posee la mitad de las participaciones del Grupo Anfi. Esta última sociedad (Isla Marina) fue la que solicitó el concurso necesario de Anfi Sales y Anfi Resorts, a quienes reclamaba alrededor de 30 millones de euros. La otra mitad del Grupo Anfi pertenece a los Hermanos Santana Cazorla, quienes, aparte del 50% de las acciones, también ostentan la denominada acción de oro, que les otorga una posición preferente respecto a determinadas decisiones. Desde el comienzo del litigio judicial, Lopesan y Santana Cazorla mantienen una reconocida pugna.

El acuerdo que pondría fin al concurso fue rubricado por IFA e Isla Marina, cuyos créditos superan el 20% de la deuda, cifrada en 56,6 millones de euros hasta 2020, que deben las concursadas Anfi Sales y Anfi Resorts, también firmantes del pacto. Al mismo se han ido sumando más acreedores hasta alcanzar el 70% del total, aunque el Juzgado de lo Mercantil 1 de Las Palmas reconoce que propietarios particulares de apartamentos en régimen de timesharing que inicialmente se oponían a hacerlo han cambiado de opinión y manifestado ahora extraoficialmente su deseo de adhesión. De este modo, la cifra de afectados que apoyan el acuerdo alcanzaría el 95%, según Eva Gutiérrez, abogada de Canarian Legal Alliance (CLA), especializada en timseharing y letrada de más 900 acreedores.

La propuesta de convenio implica que los afectados del concurso dejarían de cobrar el 45% de lo que les deben, pero recibirían el 55% restante lo antes posible (casi la totalidad de ese porcentaje sería comprometida en el primer año de vigencia del pacto) para no verse implicados en una posible fase de liquidación. El acuerdo busca “superar la insolvencia de las empresas” con el “beneficio” que ello supondría para todos los agentes vinculados con estas, como son los acreedores, trabajadores, clientes e instituciones públicas. Tanto Anfi Sales como Anfi Resorts han presentado sendos planes de viabilidad y de pagos para tratar de evidenciar el músculo financiero necesario para resolver los pagos. Las dos prevén satisfacer parte de las deudas “con los recursos que vayan generando mediante la continuidad del ejercicio de la actividad” económica.

Sin embargo, un año después de la presentación de la propuesta, el Juzgado de lo Mercantil 1 de Las Palmas de Gran Canaria aún no ha resuelto su aprobación. En el momento en que lo haga, cesarán todos los efectos jurídicos de la declaración del concurso y también lo hará la administración concursal, sin perjuicio de continuar los incidentes que hubiera en curso. Pero eso no ha ocurrido hasta ahora porque “se han presentado varios incidentes de oposición a la aprobación del convenio que hay que resolver”, apuntan fuentes consultadas, y “todo ello genera retraso”, remachan.

La abogada Eva Gutiérrez, por su parte, cree que la respuesta por parte del Juzgado deber ser “algo más rápida”. La letrada recuerda que en 2022 fue aprobada una reforma de la Ley Concursal que introduce múltiples modificaciones procedimentales dirigidas a agilizar este tipo de asuntos. Y que la aprobación del convenio “significaría un gran paso hacia el fin del proceso y el cobro de los créditos que se acumulan, en ocasiones, por más de una década”. Gutiérrez considera que este concurso, el del Grupo Anfi, puede ser de los de más impacto económico y social que esté tramitando el Juzgado; que el mismo afecta directamente a “más de 800 trabajadores”; y que por ello espera que se priorice la tramitación “con la máxima diligencia posible”.

Gutiérrez, abogada de cientos de acreedores extranjeros que fueron clientes de dicho grupo y obtuvieron en los tribunales una sentencia favorable por irregularidades en la comercialización de productos turísticos (y que aún siguen a la espera de que Anfi les devuelva el dinero), había mostrado en un principio oposición al convenio pactado. Pero asegura que retiró ese rechazo en noviembre de 2023 porque el tiempo se le está viniendo encima a sus representados. “La avanzada edad” de los mismos y “la dilación que arrastrábamos de los procesos en vía civil” aconseja, a su juicio, “la búsqueda de una solución rápida” que pasaba por enterrar la posibilidad de que el concurso entrase en fase de liquidación, siempre temida por “la incertidumbre” que la acompaña, y asegurar el crédito, que “quedará garantizado”. De acuerdo con una estimación de CLA, la deuda del Grupo Anfi con sus clientes alcanza los 56 millones de euros.

La letrada señala, además, que los acreedores han aceptado finalmente el acuerdo, que implica una quita del 45%, “también como una generosa visión de supervivencia” de la compañía, pues llevan “muchos años viniendo a Anfi y, al margen de la situación de ”conflicto“ de la empresa, todos quieren que esta supere el concurso con éxito, pensando, principalmente, en los empleados”, más de 800. Gutiérrez reconoce que, a pesar de ello, sus clientes no entienden por qué el acuerdo lleva un año sin ser ratificado por el Juzgado. Trasladar los motivos de por qué no ha sido así “es un gran desafío que sufrimos los letrados de los acreedores”, quienes han mostrado “cierta preocupación” por esto mismo.

La abogada de CLA admite que el conflicto existente “nos obliga a todos a un exhaustivo estudio” y también reconoce la “grandísima carga de trabajo” que sufren los Juzgados de lo Mercantil, “más a partir de la crisis económica motivada por la COVID”. Pero, precisamente por eso, incide, se llevó a cabo la reforma de la norma concursal, encaminada a acelerar este tipo de convenios. “Lo que esperamos es que se haga de esa reforma algo eficaz. Y que se agilice el proceso y, en la medida de lo posible, se cumplan los plazos”, concluye.