Las pugnas entre los dos socios de Anfi colocan al líder europeo de 'timesharing' al borde del concurso de acreedores

La sala 15 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria ha sido escenario este martes de un nuevo capítulo de la batalla que libran dos emporios turísticos del Archipiélago, Santana Cazorla y Lopesan, desde que se convirtieran en socios, hace ya cerca de cinco años, en el Grupo Anfi, empresa líder en Europa del negocio de timesharing. En esta ocasión, está en juego el futuro de las dos sociedades del grupo dedicadas a ese nicho de las vacaciones a tiempo compartido, Anfi Sales y Anfi Resorts, que podrían entrar en concurso de acreedores si Alberto López Villarubia, magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de la capital grancanaria, así lo decide tras la celebración de la vista que ha comenzado este martes para dirimir si esas empresas cuentan con activos suficientes para saldar sus deudas a corto plazo o si, por el contrario, debe declararse su insolvencia, lo que conllevaría que la gestión de su patrimonio pase a manos de un administrador concursal. 

El concurso necesario (no voluntario) fue solicitado por Isla Marina Sociedad Limitada, filial de Lopesan y uno de los acreedores de Anfi Sales y Anfi Resorts, a quienes reclama alrededor de 30 millones de euros. A esa petición se ha adherido Anfi International BV, controlada también por el mismo grupo hotelero desde su compra, en septiembre de 2016 y a través de la cadena IFA, a sus antiguos propietarios, los herederos de Bjorn Lyng, el empresario noruego que en los años ochenta levantó los complejos de multipropiedad (unos mil apartamentos) en el sur de Gran Canaria.

El grupo Lopesan posee el 50% de las participaciones de Anfi Sales y Anfi Resorts. La otra mitad pertenece a Santana Cazorla, que además cuenta con la denominada acción de oro, que le otorga una posición preferente (doble voto) frente a su socio en determinados asuntos, como la formulación y aprobación de cuentas, la designación de auditores o los nombramientos. En este caso, y ante las discrepancias existentes en el seno de la entidad, ha sido el presidente, Manuel Santana Cazorla, quien ha elegido a los abogados para actuar en representación de las dos sociedades en los procedimientos judiciales. En la vista celebrada este martes, los letrados de Anfi Sales y Anfi Resorts no solo se han posicionado en contra de la declaración del concurso necesario de acreedores, sino que además han señalando que a la otra parte (Lopesan) le mueven “intereses espurios”, insinuando que su intención es hacerse con el control de Anfi, quedarse con todo el grupo.

La deuda de aproximadamente 30 millones de euros que la filial de Lopesan reclama a las sociedades de timesharing tiene su origen en un préstamo que varias entidades financieras concedieron a Anfi en 2004 por un importe global de 95 millones. Ese crédito tenía tres finalidades, según explicaron en la sesión de este martes José Luis Trujillo, director general operativo del grupo desde hace casi dos décadas, y Arturo Ramírez, exdirector institucional de la empresa y la persona que lo negoció el acuerdo en nombre de la entidad. Para la primera, refinanciar antiguas deudas, se destinaba la cuantía más elevada (unos 70 millones de euros). Para la segunda, reforzar la actividad turística mediante la construcción de nuevos hoteles, se reservaban 10 millones. Con los 15 restantes se suscribió una póliza. 

El préstamo sindicado (entre varios bancos) se configuró como un bullet. Se trata de un tipo de crédito que permite a las empresas financiarse y pagar cuotas asumibles durante su periodo de vigencia (en el caso de Anfi, cada seis meses para hacerlo coincidir con sus necesidades contables), dejando para el final, para el vencimiento, la amortización de una parte importante del capital (un 25%, aproximadamente). Según han explicado los representantes de Anfi en la vista, la intención de suscribir un préstamo de estas características era reducir el importe de las cuotas y tener la posibilidad, una vez llegado el plazo para abonar ese elevado remanente, de refinanciarlo con las entidades. 

Lo cierto es que en diciembre de 2019, cuando se cumplió el plazo de vencimiento, Anfi ni había pagado esa cuota final del bullet (unos 23 millones de euros) ni había novado el préstamo. Tampoco había pagado las dos cuotas anteriores, las de mayo y noviembre del mismo año. En definitiva, acumulaba una deuda cercana a los 30 millones de euros (entre capital e intereses) que pasó de las entidades financieras a la filial de Lopesan después de que esta decidiera comprar el préstamo, una operación de la que surge la obligación que ahora puede llevar a Anfi Sales y a Anfi Resorts a entrar en concurso de acreedores. 

José Luis Trujillo, director general corporativo del Grupo Anfi, ha defendido este martes que hay diversas opciones para que el acreedor pueda cobrar las cantidades adeudadas. Una de ellas sería reclamar la ejecución hipotecaria de los inmuebles incluidos como garantía en el préstamo inicial, que según el alto cargo tienen un valor de 116 millones de euros, casi cuatro veces el montante de la deuda. Además, afirma que el grupo tiene más de 60 activos inmobiliarios con un valor total de mercado de 307 millones, 205 si se excluyen aquellos que tienen cargas hipotecarias. Trujillo asegura que en el Consejo de Administración se ha debatido la posibilidad de vender algunos de estos activos para saldar la deuda, pero que esta opción se ha topado con la oposición de los consejeros de Lopesan.  Los abogados de las empresas que han pedido el concurso han puesto de manifiesto que no ha habido ninguna oferta concreta de compra de esas propiedades.

También ha afirmado que la empresa dispone de un remanente de tesorería de unos 20 millones de euros, suficientes para hacer frente a las cuotas impagadas, pero no al bullet, al abono de vencimiento. Sin embargo, la fotografía de las cuentas presentadas este año en el Consejo de Administración celebrado la pasada semana dista de manera ostensible de la retratada el año pasado, justo antes de la pandemia, cuando el informe recogía un déficit de casi 54 millones de euros. ¿Cuál es la diferencia?, ha preguntado uno de los abogados de las empresas que han pedido el concurso. En las últimas cuentas no se contabilizan ni el bullet (“el año anterior me pidieron que lo pusiera”, aseguró Trujillo) ni tampoco los aproximadamente 30 millones de euros que Anfi adeuda a exclientes debido a condenas por irregularidades en la comercialización de los productos de timesharing. 

El director corporativo del grupo turístico ha explicado que, siguiendo directrices de los asesores jurídicos, han decidido cambiar de estrategia en relación con la ejecución de sentencias firmes e intentar garantizar los pagos con la designación de bienes suficientes para evitar el embargo de cuentas corrientes. Sin embargo, los despachos que representan a los clientes afectados ya han advertido de la imposibilidad de que los demandantes puedan cobrar por esta vía (al ser las cantidades adeudadas muy inferiores al valor de los inmuebles, que no se pueden repartir) y de que la mayoría de esas propiedades tienen cargas. 

Trujillo ha señalado que el grupo al que representa está intentando llegar a un acuerdo con Canarian Legal Alliance (CLA), el despacho de abogados que más procedimientos de ejecución lleva contra el Grupo Anfi. Suman, ha dicho, unos 40 millones de euros, de los que ya han pagado alrededor de 10. CLA los cuantifica en 54 millones de euros. La “carta de intenciones” presentada ante el Consejo de Administración contempla el pago de unos cinco millones de euros a este bufete para obtener del “derecho de crédito” que CLA ostenta sobre sus clientes (el 25% del dinero que Anfi debe devolver en cada condena). Según sus cálculos, esa cifra asciende actualmente a 11 millones de euros, por lo que, de rubricarse el acuerdo, el ahorro para la empresa turística sería de 6 millones. La segunda pata del pacto dependería de la voluntad de los clientes y pasaría por la condonación de las deudas a cambio de que Anfi les “legalice” el producto turístico en condiciones “mucho más beneficiosas”, con una valoración económica superior a la que figura en las demandas. 

A preguntas del abogado de Anfi Sales, Trujillo ha reconocido que el timesharing, la venta del derecho de uso de los apartamentos durante una o dos semanas al año constituye la principal fuente de ingresos del grupo y que la multipropiedad no es un negocio hotelero al uso, sino que se asocia al “lujo y la confianza”, por lo que la entrada de estas sociedades en concurso de acreedores “afectaría” a la comercialización de los productos y pondría en riesgo puestos de trabajo. La empresa cuenta en la actualidad con unos 700 empleados. “Sería devastador”, ha añadido en la misma línea Arturo Ramírez, exdirector institucional. 

Al margen de los procedimientos mercantiles y civiles, un juzgado de San Bartolomé de Tirajana investiga al Grupo Anfi por una supuesta ocultación de bienes para evitar embargos. Las diligencias se abrieron después de que la Fiscalía de Las Palmas presentara una denuncia en verano de 2019 contra Anfi Sales y Anfi Resorts por los posibles delitos de frustración de la ejecución, insolvencia punible y alzamiento de bienes. Las pesquisas del Ministerio Público se iniciaron a partir de la remisión de sendos escritos de los abogados Miguel Rodríguez Ceballos, del despacho Navarro y Ceballos, y Eva Gutiérrez, de CLA, que exponían las trabas que estaba poniendo la empresa para abonar las cantidades a las que han sido condenadas en numerosos procedimientos judiciales desde que, en una resolución dictada el 15 de enero de 2015, el Tribunal Supremo fijara doctrina sobre la materia al anular los contratos de por vida en el negocio del timesharing.