El “asesinato profesional” de un antidisturbios llega a los Juzgados de la capital grancanaria

Un grupo de policías 'quema' los barrios de LPGC. (Archivo).

Macame Mesa

Las Palmas de Gran Canaria —

El Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE) ha interpuesto este lunes una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria contra el jefe del Grupo 2 de la X Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, por un delito contra la integridad moral de uno de los agentes.

Alzar la voz o alertar de ciertas situaciones laborales que pueden resultar injustas en el seno de un cuerpo policial suele tener sus consecuencias y eso es lo que afirma el SIPE que le ha ocurrido a su delegado sindical en la Isla. Después de que el denunciado accediera al puesto en verano de 2014, el afectado pasó de ser un instructor de defensa personal y un agente en activo con cuatro años de servicio en la Isla que no contaba con ningún expediente disciplinario, a sufrir una baja por ansiedad y, posteriormente, ser expulsado de la UIP y trasladado a Tarragona, lo que le supone una merma de 600 euros en el salario.

Un hecho que desde la agrupación de las escalas básica y subinspección de la Policía Nacional, Unipe, han bautizado como el “asesinato profesional de un antidisturbios”.

El jefe en cuestión, P.C.A., no resulta desconocido entre los barrios capitalinos, como el Polígono Cruz de Piedra, una de las zonas más castigadas por la crisis económica, donde el grupo de Prevención y Reacción (UPR) dirigido por el conocido como Pegaso 2 fue dejando un reguero de animadversión y desprecio contra la Policía. Resulta curioso que, lejos de tomar cartas en el asunto, la Jefatura Superior de Canarias decidiera premiar la actuación del susodicho con el ascenso que le colocó en la UIP.

El secretario general del SIPE, Alfredo Perdiguero, afirma a Canarias Ahora que el hecho que centra la denuncia ocurrió en las propias instalaciones de la Policía, donde al parecer P.C.A. reunió a todos los agentes del Grupo para leer en voz alta un informe personal y oficial que el delegado había enviado a su superior “desprestigiando su imagen, para ponerle en contra de sus compañeros”.

Dicho informe, relata el sindicato, lo escribió el afectado cuando el denunciado lo amenazó con echarlo de la UIP a base de expedientes. El primero llegó poco tiempo después, pero se pudo resolver fácilmente y fue archivado. Perdiguero presentó a principios de año una serie de comunicados denunciando la “persecución” que sufría el delegado en las Islas y manifestó que se le intentaba “intimidar, debido a su labor sindical en defensa de unas mejores condiciones de trabajo de los compañeros a los que representa dicha unidad”.

Sin embargo y siempre según su versión, la Jefatura Superior de Policía de Canarias hizo caso omiso, al igual que lo había hecho antes el inspector jefe de la Unidad, ya que el último expediente que recibió, centrado en la falta de capacidad física del delegado del SIPE para seguir en la Unidad - sin mediar pruebas al respecto - le costó el puesto.

Actuaciones dudosas

Entre las actuaciones denunciadas por el SIPE antes de que comenzara la “persecución” se encuentra un grave fallo organizativo durante el pregón que realizó el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria en Telde, que se saldó con varios agentes lesionados.

Además, el sindicato señaló que el jefe de Grupo solicitó vacaciones durante la celebración del Mundobasket, evento que reúne a miles de personas, dejando el operativo en manos de sus subordinados. Por otro lado, puso de manifiesto que a su llegada a la UIP reorganizó todos los equipos operativos “de compañeros que habían estado juntos trabajando de manera impecable”, lo que a su juicio provocó “el malestar de los mismos y sin expresar el motivo de tal decisión de manera objetiva”.

La denuncia de 89 páginas, que ha sido presentada por Garzón Abogados, despacho liderado por José María Garzón, está pendiente de ser admitida a trámite. Fuentes del sindicato afirman que el afectado estudia interponer una demanda por la vía contencioso administrativa para revocar su expulsión.

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