El fiscal pide once años de cárcel para un exconcejal de San Bartolomé de Tirajana por presuntos sobornos
La Fiscalía pedirá el próximo martes once años y nueve meses de cárcel para el exconcejal de Obras de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) Francisco Guedes (PSOE), al que acusa de haberse dejado sobornar por dos empresas que pretendían obtener ilícitamente ventajas del municipio.
La Audiencia de Las Palmas comenzará a juzgar la próxima semana la operación Paraíso, en una vista que deberá dilucidar si, entre 2005 y 2007, la constructora Mazotti y la empresa Hernández Perera compraron a varios concejales y funcionarios del principal municipio turístico del sur de Gran Canaria para conseguir contrataciones directas de otras o preferencia en la compra de un solar público.
La acusación pública sitúa en el centro de la trama al concejal Pacuco Guedes y a su hijo, Jonás Guedes, administrador de una empresa de excursiones marítimas, a los que reprocha haber recibido sobornos de 243.606 euros de ambas empresas en forma de trabajos y obras realizadas en su embarcación Atlantiss y en su vivienda.
El Ministerio Fiscal sostiene que el director general de Mazzoti, Alejandro Navarro, compró al concejal de obras de San Bartolomé de Tirajana con más 240.000 euros destinados a suministros, reparaciones y mano de obra del barco de su empresa familiar, con el propósito de que este consiguiera que el Ayuntamiento le concediera las obras de urbanización del poblado Cesa, en El Pajar.
La empresa consiguió en subasta abierta una primera fase, adjudicada por 342.912 euros, y luego logró otros 261.741 euros adjudicados de forma directa “y totalmente ilegal” para acometer una supuesta segunda fase, que la acusación pública sostiene que no existía, sino que sirvió para pagar sus sobrecostes.
En ese propósito colaboraron, supuestamente faltando a sus deberes como responsables públicos, el concejal de Urbanismo y Contratación, Juan Santana, y el arquitecto municipal, Fernando Rivero, según el escrito de cargos presentado por la Fiscalía.
En cuanto a los hechos relacionados con la empresa Hernández Perera SL, la acusación pública los relaciona con su interés por adquirir un terreno municipal colindante con otro suyo, en concreto, el del campo de fútbol y el polideportivo de Aldea Blanca.
La Fiscalía sostiene que, para ello, pagó a su cargo obras en casa del concejal Francisco Guedes por valor de 3.606 euros y sobornó con 24.000 euros al funcionario que en aquellos momentos ejercía como secretario del Consistorio, Antonio Muñiz.
La acusación pública pide 11 años y nueve meses de cárcel y 28 de inhabilitación para Francisco Guedes por dos delitos de cohecho y uno de tráfico de influencias; ocho años de cárcel y 16 de inhabilitación para su hijo Jonás por dos cohechos; cinco años de cárcel para el director de Mazotti, Alejandro Navarro, por cohecho; y la misma pena para los administradores de Hernández Perera, Antonio Hernández y Antonio Hernández Perera, también por cohecho.
Asimismo, propone ocho años de cárcel y 14 de inhabilitación para el exconcejal Juan José Santana por prevaricación, falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos; cinco años y tres meses de cárcel y nueve de inhabilitación para el arquitecto Fernando Rivero por prevaricación y falsedad; y seis años y nueve meses de cárcel y 18 de inhabilitación para el funcionario Antonio Muñiz por cohecho y tráfico de influencias.
El juicio se celebrará desde este martes, 24 de enero, hasta el próximo 16 de febrero.
