El exconsejero de la Audiencia de Cuentas que realizó el anterior informe de las mascarillas cree que “muy mal” no lo hizo

El exconsejero de la Audiencia de Cuentas Fernando Figuereo, quien dirigió el proyecto de informe que detectó presuntas irregularidades contables en la compra de material sanitario durante pandemia y que rechazó el pleno del órgano fiscalizador, cree que “muy mal no lo hicimos”.

Figuereo ha llegado a esta conclusión durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de investigación en vista de que la Audiencia de Cuentas ha aprobado en la presente legislatura un informe similar que ha reconocido que no se ha leído porque no ha tenido “esa curiosidad” y porque su actual desempeño como director general de Emergencias le “quita demasiado tiempo”.

Ha recalcado que ese proyecto de informe de fiscalización, que “no existe como elemento jurídico susceptible de prueba”, fue confeccionado por “magníficos técnicos auditores” de la Audiencia y fue elevado, por decisión mayoritaria del pleno, a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ante los indicios detectados de responsabilidades contables.

Este organismo abrió diligencias previas, que archivó provisionalmente porque el Gobierno de Canarias inició un procedimiento de apremio y reintegro respecto al contrato de un millón de euros por cuatro millones de mascarillas suscrito con la empresa RR7.

Ha subrayado que mientras fue consejero de la Audiencia de Cuentas actuó “con total independencia” del partido que lo propuso para el cargo, el PP, y que no recibió de este ni de ninguna otra formación presión alguna, si bien le llegó “por terceras personas” el malestar que provocó en el Gobierno de Canarias el contenido de dicho proyecto de informe.

Se ha ratificado en las conclusiones del mismo después de que Esther González (Nueva Canarias) y Manuel Hernández Cerezo (PSOE) le hayan recordado que tres de los seis técnicos de la comisión de calidad de la Audiencia votaran en contra y uno no se pronunciara, y que recabara de una misma jurista sendos informes y no solicitara una segunda opinión.

También le han reprochado que el grueso de las alegaciones formuladas por el Gobierno de Canarias no fueron tenidas en cuenta pese a remitir a indicaciones de los órganos de contratación, incluso de la UE.

Hernández Cerezo (PSOE) ha detectado “diferentes anomalías” en este proyecto de informe, que adolece de “calidad técnica” y por eso, ha dicho, “lo cuestionamos desde el minuto uno. Se mantuvo porque simplemente hubo un cambio de mayorías en el pleno” de la Audiencia.

Fernando Figuereo ha insistido en que él no elaboró el informe sino los técnicos de la casa, “eso sí, bajo la dirección de los consejeros de las diferentes áreas”.

Por lo demás, ha opinado “por mucha situación de emergencia” como hubo en la peor fase de la pandemia de la COVID-19 la administración debió velar siempre por la concurrencia en la contratación del material sanitario.

“Puedo comprender, entre comillas, la emergencia que a veces obligó a actuar de forma que en otro momento no se actuaría”, ha apostillado.

Fernando Enseñat (PP) ha felicitado en nombre de su partido a todos los consejeros y técnicos de la Audiencia de Cuentas en la pasada legislatura que estuvieron detrás de este proyecto de informe “serio, riguroso y valiente”, gracias al cual se “destapó” el caso mascarillas.

Vidina Espino, del grupo Nacionalista, ha indicado que dicho proyecto de informe “releva verdades y hechos muy incómodos” para el anterior Ejecutivo canario, y ha opinado que el de RR7 es “un caso de manual de responsabilidad contable”.