Anfi vacía sus cuentas y elude el pago de las condenas por el negocio del ‘timesharing’

Antiguos clientes del Grupo Anfi, el líder europeo en el negocio del timesharing o vacaciones a tiempo compartido, están viviendo una auténtica odisea para poder cobrar las cantidades que les adeudan dos de las principales sociedades de este emporio turístico radicado en el sur de Gran Canaria, Anfi Sales y Anfi Resorts, como consecuencia de las cientos de resoluciones judiciales, muchas de ellas firmes, que han anulado contratos firmados desde los años noventa a través de esta fórmula. Las dificultades llegan a tal extremo que dos de ellos apenas han logrado rascar dos y cuatro céntimos en los últimos embargos tras pedir la ejecución judicial de condenas de miles de euros.

A la negativa sistemática del grupo turístico a acceder al pago voluntario de las cantidades decretadas en los fallos de las sentencias y a informar de sus bienes embargables se le ha unido el vaciado y cierre de decenas de cuentas corrientes de las dos empresas de timesharing, una vertiginosa desaparición de saldos que está impidiendo que los demandantes puedan recuperar de forma íntegra el dinero que invirtieron en estos productos.

Así se desprende de oficios judiciales e información patrimonial a la que ha tenido acceso este periódico. Anfi Resorts y Anfi Sales acumulaban más de 13 millones de euros en los bancos a finales de 2014, tan solo un mes antes de que el Tribunal Supremo dictara su primera condena en firme por las irregularidades en la comercialización de sus productos y fijara doctrina al tumbar las ventas de por vida de semanas turísticas y limitar su duración a los 50 años, tal y como establece la normativa de aplicación, la Ley 42/1998.

Los últimos datos disponibles, correspondientes a diciembre de 2017, rebajan esa cifra en más de 12 millones y sitúan el saldo total en torno a los 400.000 euros, una cantidad que, según despachos de abogados especializados en este tipo de productos, siguió disminuyendo el pasado año a tenor de las numerosas experiencias frustradas de reclamación de ejecuciones de sentencias contra el Grupo Anfi. Tan solo de 2016 a 2017 se evaporaron más de 6 millones de euros de las cuentas de esas sociedades, con destino desconocido y sin que las memorias anuales de la entidad hayan recogido una disminución de la actividad económica que justifique esa pérdida de fondos.

El caso ya está en manos de la delegación de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que ha admitido a trámite sendas denuncias interpuestas por los abogados Miguel Rodríguez Ceballos, del despacho Ceballos Navarro, y Eva Gutiérrez, del bufete Canarian Legal Alliance (CLA), por los presuntos delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y frustración en la ejecución. Los letrados relatan en sus respectivos escritos las estrategias de Anfi para “dilatar” los procesos y “entorpecer e, incluso, impedir el efectivo cobro de las cantidades aprobadas judicialmente”.

Rodríguez Ceballos sostiene que existen “sospechas fundadas” de que Anfi Resorts y Anfi Sales se han descapitalizado para dar lugar a una situación de insolvencia y evitar los pagos. La denuncia remarca que los saldos no solo se han reducido de forma considerable, sino que además se han cambiado de entidad bancaria. El de mayor cuantía apenas supera los 100.000 euros, cuando hace cuatro años contaba con varias cuentas por encima del millón.

El letrado habla de una actitud “rebelde” por parte de la empresa turística, al negarse a facilitar su relación de bienes o patrimonio para pagar las cantidades objeto de reclamación “a pesar de las advertencias” recogidas en las resoluciones judiciales ante la falta de respuesta a los requerimientos, lo que, en su opinión, puede derivar en un delito de desobediencia.

Gutiérrez, por su parte, recuerda que el despacho en el que trabaja ya ha ganado más de 500 procedimientos judiciales contra Anfi por irregularidades en la venta de inmuebles a tiempo compartido, más de 100 con sentencia firme del Supremo. Ello se traduce en condenas por importe de 7,7 millones de euros, de los cuales 2,5 corresponden a resoluciones que no se pueden recurrir. A pesar de ello, los clientes a los que representa solo han podido cobrar “una ínfima parte” de lo invertido y siempre por procedimientos de ejecuciones forzosas.

La abogada remarca que el Grupo Anfi no tiene ningún problema de liquidez, no ha experimentado ninguna modificación sustancial en su negocio y sigue firmando contratos bajo la fórmula del aprovechamiento por turnos de inmuebles de uso turístico, un escenario que “hace impensable” que pueda operar con saldos “tan insignificantes”, más propios de una economía doméstica que de una empresa turística con una prolífica actividad.

Cuotas de mantenimiento

Otras conductas alimentan las suspicacias. Las dos empresas del grupo Anfi contra las que se dirigen las denuncias no tienen las cuentas depositadas al día, según las informaciones mercantiles recabadas. Las últimas corresponden a 2015. A ello se le une un cambio llamativo en relación con las cuotas de mantenimiento que, para los denunciantes, supone un “claro indicio” de desviación patrimonial. Y es que, a pesar de que los contratos de timesharing se firman a través de Anfi Resorts y Anfi Sales, esas cuotas han empezado a girarse a otras empresas del grupo, en concreto a Anfi Tauro Resorts y a Anfi Real States, según consta en cartas a las que ha tenido acceso este periódico.

A pesar de los cientos de procedimientos de ejecución y embargos contra esas dos sociedades, Anfi está solicitando el ingreso de las cuotas en otras empresas del grupo. El objetivo, según los abogados, es el mismo: evitar los pagos. El despacho Canarian Legal Alliance incide además en que estas órdenes de abono se realizan en cuentas abiertas en el extranjero, concretamente en Noruega, con el “afán de eludir el cumplimiento de las condenas”.

Las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo que han declarado nulos los contratos del Grupo Anfi se han basado en tres motivos principales: la ya mencionada venta por plazo indefinido, la comercialización de las denominadas “semanas flotantes”, un producto indeterminado que ha originado graves incidencias en la práctica con respecto a la disponibilidad de los apartamentos, y el cobro de anticipos durante el periodo de reflexión fijado por la ley, que es de diez días ampliable a tres meses si falta información.

A pesar de las numerosas condenas que ha acumulado en los últimos tres años, Anfi sigue recurriendo, sin éxito, las sentencias desfavorables y oponiéndose a las demandas. Entre otros argumentos, esgrime normas que no estaban en vigor en el momento de la firma del contrato, cuestiona la interpretación del Supremo o acusa a los demandantes de un abuso de derecho.

El Grupo Anfi fue fundado en 1989 por el empresario noruego Bjorn Lyng. En la actualidad es propiedad del Grupo Santana Cazorla y Hoteles IFA, que compró el 50% de las participaciones a los herederos de Lyng en septiembre de 2016 por 41 millones de euros. La empresa turística no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico en relación con las denuncias.