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La Guardia Civil recaba documentación sobre expedientes sancionadores paralizados por González Arroyo

Domingo González Arroyo.

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

Agentes de la Guardia Civil se han personado este martes por la mañana en el Ayuntamiento de La Oliva, en la isla de Fuerteventura, para recabar documentación sobre expedientes sancionadores paralizados por el anterior alcalde del municipio, Domingo González Arroyo, del Partido Progresista Majorero (PPMajo), forzado a abandonar el cargo a finales del año pasado tras ser inhabilitado durante un periodo de nueve años por un delito de prevaricación, al haber permitido explotar una cantera en Lomo del Pájaro.

Según han confirmado tanto la Guardia Civil como la propia corporación municipal, el requerimiento de documentación está relacionado con la investigación abierta por la Fiscalía Provincial de Las Palmas después de que la Policía Local pusiera en conocimiento del Ministerio Público que el Marqués de La Oliva dejó sin tramitar decenas de expedientes sancionadores incoados por el cuerpo de seguridad municipal en materia de disciplina urbanística y actividades clasificadas, departamento que se encarga, entre otras cosas, de otorgar licencias a los comercios.

Esta práctica se habría extendido también a áreas como medio ambiente y gestión de residuos.

Fuentes del Ayuntamiento de La Oliva han explicado que los expedientes objetos de investigación se ciñen a la etapa de González Arroyo como regidor, entre junio y diciembre de 2015, y que las prácticas denunciadas no continuaron con su sustituto en el cargo, Pedro Amador, también del PPMajo, que gobierna gracias al apoyo de PP y PSOE. Además precisan que no se trata de un registro, intervención para la que es necesaria una orden judicial, sino de un requerimiento de documentación.

Según las mismas fuentes, el actual alcalde ha ofrecido a la Policía Judicial su “absoluta colaboración” para facilitar toda aquella información que le sea requerida al Ayuntamiento. Aunque por el momento se desconoce de manera oficial el volumen de documentación intervenida, desde Votemos La Oliva, partido en la oposición, se cifra en cerca de 200 los expedientes afectados.

La Guardia Civil ha informado que los expedientes recogidos este martes serán objeto de análisis por parte de la Fiscalía para determinar si hubo algún tipo de irregularidad en la actuación del grupo de gobierno.

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