La disputa por el control de Intersindical Canaria enreda la investigación por el desvío de fondos de sus cuentas
Rafael Passaro, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, ha reconocido en un auto dictado el pasado 6 de octubre que las disputas por el control de la Federación de Salud de Intersindical (IC) en la isla de Gran Canaria están añadiendo “una innecesaria complejidad” a la investigación abierta a finales de 2014 por el presunto desvío a cuentas particulares de fondos de la sectorial procedentes de las cuotas de los afiliados.
Tres años después de que se incoaran diligencias penales tras varias denuncias presentadas por afiliados del sector crítico del sindicato, el juez mantiene imputadas a siete personas. Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detectado pagos “sin justificación aparente” en la actividad sindical por valor de 80.000 euros en las contabilidad de IC entre los ejercicios 2010 y 2014. Con ese dinero se habrían pagado viajes para asuntos particulares, entradas para conciertos, fines de semana en casas rurales o préstamos personales de hasta 2.500 euros.
Sin embargo, la causa por esta presunta apropiación indebida de fondos se ha enredado en los dos últimos años como consecuencia de la pugna para determinar quién ostenta la legítima representación de la Federación Insular de Salud de Gran Canaria, que figura como denunciante en el procedimiento.
Por un lado, está el sector oficialista, que cuenta entre sus miembros con alguno de los investigados en la causa y que, a lo largo del proceso, ha tratado de achacar y reducir todas las responsabilidades de ese desfalco al extesorero de la sectorial, Juan Jesús Galván, que dimitió en abril de 2013 y que a principios de 2015 llegó a un acuerdo con el sindicato para devolver a plazos los 26.000 euros que, según una auditoría interna, se habían detraído de las arcas de la central en 2012. En el otro bando se sitúan los críticos, los denunciantes del desvío de esos fondos, que sostienen que fueron varios miembros de la cúpula los que se beneficiaron o consintieron esas operaciones.
El juez instructor advirtió en junio de 2016 de que, ante este conflicto por el control del sindicato, no atendería los escritos presentados por cada una de las partes “mientras no se reduzcan a una sola representación”. Su último auto responde a un recurso presentado por los miembros oficialistas contra una providencia dictada en septiembre de 2016. Este sector había presentado tres meses antes un escrito en el que reclamaba que se le reconociera la representación de la Federación de Salud de Gran Canaria. Su solicitud fue rechazada. “No corresponde a este juzgado ni es objeto de este procedimiento determinar a quién corresponde la legítima representación de IC”, recogía la mencionada providencia. El recurso ha corrido la misma suerte y ha sido también desestimado.
En medio de esta disputa se han producido varios hitos en el proceso. En mayo de 2016, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmaba y convertía en firme una sentencia que estimaba una demanda interpuesta por Miguel Ángel Morales, uno de los denunciantes del desfalco, contra su expulsión del sindicato y le restituía no sólo en su condición de afiliado, sino también en los cargos que ostentaba con anterioridad a la suspensión de militancia, esto es, la de miembro del Secretariado de la Federación de Salud de Gran Canaria. Morales había sido expulsado en mayo de 2014 por promover, junto a otros compañeros, un Congreso Extraordinario para denunciar el desvío de fondos.
El sector crítico sostiene que, año y medio después, IC sigue sin ejecutar esa sentencia firme y sin restituir a Morales a la Secretaría de la Federación de Salud. Los oficialistas discrepan de esta interpretación y defienden que la anulación de aquel Congreso Extraordinario en el que resultaron elegidos los ahora denunciantes fue legítima. Para sustentar esta postura, aportan una certificación, fechada en septiembre de 2016 y firmada por la jefa de servicio de Promoción Laboral de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, que acredita que es María Dolores Pérez la secretaria de la Federación de Salud.
El puzzle se completa con otra pieza judicial que ha corrido en paralelo a la principal con los mismos protagonistas. María Dolores Pérez denunció a Miguel Ángel Morales por haber portado a otra compañía dos líneas de teléfono de la sectorial de salud de IC en Gran Canaria. El Juzgado de Instrucción 2 de la capital grancanaria dio la razón al miembro del sector crítico, al considerar que ejecutó esta acción con “la convicción de formar parte de los legítimos órganos de gobierno” de la federación. La Audiencia Provincial ha confirmado ahora la absolución de Morales.
