Jueces para la Democracia ve “intencionalidades políticas de la peor especie” en el caso Alba
La asociación progresista Jueces por la Democracia ve “intencionalidades políticas de la peor especie” en las circunstancias “anómalas” que rodean la actuación desarrollada por el magistrado Salvador Alba en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria en sustitución de Victoria Rosell.
Jueces para la Democracia, asociación a la que pertenece Rosell, cuestiona la “sorprendente forma de sustitución” entre miembros de la carrera judicial en los juzgados de la capital grancanaria y, en concreto, que Alba haya podido acceder a esa plaza “sin evaluación alguna de la idoneidad, procedencia y oportunidad del nombramiento”.
“Sorprende que un magistrado de una sección penal de la Audiencia Provincial que va a juzgar, por sí o en apelación, asuntos en segundo grado del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, se apreste a sustituir en ese juzgado”, asevera la asociación en un comunicado.
Las últimas grabaciones descubiertas por la Guardia Civil sobre la conversación que mantuvo el juez con un investigado, el empresario Miguel Ángel Ramírez, para intentar incriminar a Rosell confirma los temores que suscitaron a la asociación de jueces progresistas las primeras informaciones publicadas en mayo.
En este sentido, Jueces para la Democracia cuestiona la investigación abierta por la Fiscalía de Las Palmas a Rosell por una posible infracción disciplinaria, declarada nula por el TSJC por vulneración de derechos fundamentales, y la “trama de intereses creados” hacia miembros de la carrera judicial “con grabaciones de voz incluidas”. “La función judicial ha de ejercerse con plena independencia e imparcialidad, de forma que cualquier uso torticero de la jurisdicción supone un intenso deterioro de la credibilidad de nuestro sistema judicial”, afirma.
La asociación de jueces recuerda que, a pesar de las evidencias contenidas en la grabación descubierta por la Guardia Civil, Alba ha interpuesto una querella contra Rosell, así como contra la jueza y el letrado de la administración de Justicia que han servido en Instrucción 8 con posterioridad a su sustitución.
Mientras, por la actuación de Alba existen unas diligencias informativas ante el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, “de las que a pesar del tiempo transcurrido se desconoce su estado”, así como un procedimiento penal que se instruye en el TSJC.
Sustituciones basadas en las restricciones presupuestarias
Para Jueces para la Democracia, nada de lo anteriormente expuesto hubiera sucedido si la reforma operada por la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, en materia de sustituciones, “hubiera puesto el acento no tanto en las restricciones presupuestarias y en la necesidad de sustitución interna, sino en la plena garantía de los llamamientos a sustitución bajo los principios de imparcialidad, independencia e inamovilidad”. El sistema instaurado por la mencionada ley se basa, según la asociación judicial, en el “simple voluntarismo del sustituto ante una vacante en un juzgado, lo que posibilita el mero traslado de un magistrado a otro órgano judicial con sólo pedirlo y sin evaluar los posibles conflictos de intereses”.
Jueces para la Democracia cree que la situación llegó “hasta el paroxismo” cuando el sistema de sustitución ni siquiera previó un plazo de final de sustitución, cuando otras medidas de refuerzo, como la comisión de servicio, sí que lo tienen.
Cabe recordar que Alba accedió al Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria tras haber superado el cupo legal de sustituciones permitido a un magistrado, fijado en 180 días al año, y que el CGPJ regularizó la situación concediéndole una comisión de servicios con carácter retroactivo.
Jueces para la Democracia reclama una mayor celeridad en la tramitación de los procedimientos administrativo y penal en curso contra Alba, “con pleno respeto de los principios y garantías a fin de depurar las responsabilidades a que hubiera lugar”.
