La jueza deniega a Clavijo el archivo del caso Grúas

La jueza que instruye el caso Grúas, Celia Blanco, ha denegado el archivo del procedimiento judicial por el que está siendo investigado el presidente en funciones del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al considerar que “con pruebas admitidas y pendientes de practicar, con otras diligencias inadmitidas y pendientes de recursos, no procede de modo alguno” acceder a lo solicitado por el encausado.

La defensa del dirigente de Coalición Canaria (CC) solicitó el pasado 13 de mayo al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones en el caso Grúas, denunciado en 2017. En su escrito, el abogado José Antonio Choclán afirmaba que, tras la declaración de Clavijo ante la jueza el 17 de abril, había “quedado acreditado” que no había cometido ningún delito.

Los hechos por los que se investiga al presidente canario se remontan a su etapa como alcalde de la ciudad tinerfeña de La Laguna. Los denunciantes, dos partidos de la oposición, Unid@s y XTF-NC, observaron indicios de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias. En concreto, se examina si fueron conformes a la ley las decisiones que el entonces alcalde de La Laguna tomó para permitir que el Consistorio concediera un préstamo a la empresa que gestionaba el servicio de grúas municipales, Autogrúas Poli, primero, y le prorrogara este servicio, después, además de un posible tráfico de influencias al colocar al frente de la compañía a amigos o conocidos del presidente en funciones.

El entonces alcalde hizo posible que se tomaran esos acuerdos al levantar los reparos formulados por el interventor del Ayuntamiento. Y la Fiscalía Anticorrupción aprecia en ambos casos indicios de que pudo actuar en contra de la legalidad a sabiendas, es decir, de que prevaricó.

Ante esto, Choclán defiende que Clavijo en todo momento siguió el expediente “conforme a la legalidad y al interés público”. Además, explica que en el momento en el que el Ayuntamiento adjudicó la concesión, la empresa concesionaria “estaba al corriente del pago de deudas con la Hacienda Pública y la Seguridad Social”.

Sobre el préstamo de 120.000 euros que se le realizó a la empresa con el objetivo de rescatar el servicio de retirada de vehículos, considera que ese delito no se produjo de “ninguna de las maneras”. “Ni de forma imaginaria ni remota en la situación expuesta”, detalla el abogado. Y, en relación al tráfico de influencias, afirma que el alcalde “no influyó” para que se beneficiase a los trabajadores de Autrogrúas Poli.

El pasado 29 de mayo se conocía que la Fiscalía se oponía a la solicitud de este archivo al considerar que era una decisión “muy prematura” y este jueves se pronunció la jueza instructora. “En última instancia, una vez practicadas las testificales, oída la investigación, recabada la documentación... sería el momento procesal oportuno para instar esta resolución, pero no ahora, desde luego”, dictó Blanco.

Junto a Fernando Clavijo están siendo investigados por el caso Grúas el actual alcalde en funciones de La Laguna, José Alberto Díaz; el concejal de Seguridad, Antonio Pérez Godiño, y la que fuera directora general de esa área, Rosario Hernández.

En las próximas semanas se practicarán las pruebas acordadas por la jueza instructora, que ha denegado -entre otras- la declaración del propietario de Autogrúas Poli, José Padilla, lo que ha sido recurrido por todas las partes, incluida la Fiscalía Anticorrupción. Todas ellas consideran que podría ser un testimonio decisivo al tratarse de la persona que desde el principio señaló a Fernando Clavijo como el autor de las presiones para que vendiera la mercantil a siete de sus trabajadores, previamente colocados en la plantilla también por indicaciones del hoy presidente canario.