Facturas falsas para generar dinero negro: la Guardia Civil detalla la trama de sobornos de OHL a Coalición Canaria

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil describe un sistema “arraigado” en el seno de la constructora OHL para generar una bolsa de dinero negro con la que pagar las comisiones a cargos públicos a cambio de adjudicaciones de obras, entre ellas los tres contratos de administraciones canarias que la Audiencia Nacional investiga en el marco de una pieza separada de la denominada operación Lezo, que implica a otros tantos ex altos cargos de Coalición Canaria (CC): Luis Suárez Trenor, ex tesorero de la formación y ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; Antonio Castro, ex consejero de Infraestructuras del Gobierno regional y ex presidente del Parlamento autonómico, y Julio Bonis, ex consejero de Sanidad y de Presidencia.

Tres son también los millones de euros que habrían cobrado en mordidas, según el informe de la Guardia Civil: 1,37 millones por la ampliación del Puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife; 1,33 millones por la duplicación de la carretera del norte de Gran Canaria (GC-2), en el tramo entre Santa María de Guía y el Pagador, y 360.000 euros por la prolongación del muelle de La Estaca, en el municipio herreño de Valverde. Esos tres contratos adjudicados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (el primero y el tercero) y por el Gobierno regional (el segundo) suman más de 200 millones de euros, siendo el de mayor cuantía el de Granadilla, con 114 millones, seguido del tramo de la GC-2, con 59,5. El coste de La Estaca fue de 29,3 millones.

Para lograr extraer del circuito legal el dinero para poder pagar esas comisiones y escapar del control de la Agencia Tributaria sin dejar rastro, la trama se habría servido de una serie de “proveedores de confianza”, en palabras de Paulino Hernández, conocido como el Villarejo de OHL por su costumbre de grabar todas las conversaciones comprometidas en el seno de la organización. Según las pesquisas de la Guardia Civil, esos “proveedores de confianza” eran supuestas subcontratas que remitían a la constructora investigadas facturas falsas, sin que entre ambas mediara ningún tipo de contraprestación de bienes o servicios. Estas facturas, que especificaban conceptos difíciles de verificar, se cargaban en “las obras de confianza”, esto es, en las adjudicadas por las administraciones públicas a a la trama de OHL. A través de esta fórmula, la empresa justificaba salidas de dinero en efectivo bajo una apariencia de legalidad y generaba de esta manera los fondos en B para el pago de las mordidas.

El modo de operar de los directivos de OHL que describe la UCO se asemeja al relatado recientemente por un subinspector de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) en su declaración como perito en un juicio por fraude fiscal. En esa vista, celebrada a finales de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, el técnico de Hacienda denunció haber recibido amenazas de muerte tras descubrir lo que definió como “la Gürtel canaria”, una presunta trama de comisiones ilegales vinculada a obra pública. Aunque evitó dar nombres, el subinspector detalló cómo se tejía una red que tenía en su cúspide a grandes constructoras y en su base a los denominados moduleros, autónomos acogidos a un régimen impositivo especial por el que tributan una cantidad fija con independencia de su facturación anual, una condición que facilitaba el ennegrecimiento del dinero sin repercusiones fiscales.

Según el esquema dibujado por este técnico de Hacienda, las grandes empresas adjudicatarias de obra pública subcontrataban los servicios de una constructora de menor tamaño, una intermediaria que tenía como función generar esa caja B a través de los moduleros. Eran estos profesionales de gremios como la albañilería, la carpintería o la fontanería los encargados de emitir facturas falsas, por trabajos no realizados, a cambio de una comisión de entre el 10 y el 12% de la cantidad declarada. El resto, entre el 88 y el 90%, era retirado en efectivo de las cuentas corrientes de los intermediarios sin que llegara a manos de los moduleros. Aunque en este punto se perdía el rastro de ese dinero, ya fuera del circuito legal, el subinspector de Hacienda sospecha que su destino final era el pago de comisiones ilegales a funcionarios y políticos a cambio de nuevas adjudicaciones de obras públicas.

En el sistema descrito por el perito, los sobrecostes de las obras coincidían, al céntimo, con el valor de las facturas falsas expedidas por los moduleros a la intermediaria de las grandes constructoras.

La presunta trama de sobornos de OHL se extiende de 2003 a 2014, según la investigación que instruye el magistrado Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional, aunque las dos principales adjudicaciones canarias bajo la lupa de la Justicia (el Puerto de Granadilla y el tramo entre Guía y El Pagador de la GC-2) corresponden a finales de 2006. Las pesquisas del subinspector de Hacienda sobre la denominada “Gürtel canaria” se concentran, por su parte, en los años 2007 y 2008.

“Si la pelota es muy grande, viene uno con un maletín”

El proceso para crear la caja B aparece explicado en una de las grabaciones intervenidas por la Guardia Civil en el registro al domicilio de Paulino Hernández. En concreto, en una conversación que mantienen en mayo de 2007, meses después de la adjudicación de los contratos de Granadilla y la GC-2, el ex director de Obra Civil de OHL con el empresario Abelardo Genaro, gerente de una constructora. El diálogo versa sobre el funcionamiento del sistema de facturas falsas. Después de explicar las dificultades que encuentra para trasladar dinero negro, en efectivo, en los vuelos, Hernández explica al constructor qué requisitos deben tener esas facturas y por quién deben estar rubricadas.

Abelardo Genaro: ¿Me dijiste que eso tiene que firmarlo todo el mundo?

Paulino Hernández: Claro, las facturas sí. En las facturas tienen que estar el administrativo, el jefe de obra, el jefe administrativo...

AG: Lo que no quiero es que esté todo el mundo firmando.

PH: Eso es otra posibilidad. En los temas contables no puede haber dos circuitos distintos (...) Para conseguirlo, hay que generar una serie de facturas de unos proveedores de confianza y esas facturas después se cargan de forma distinta a una serie también de obras de confianza y ahí se genera. (...) Si tú haces un pedido a una determinada obra, si es poca cantidad pues no pasa nada, pero si estás hablando ya de un tema puntual de 30.000 o 40.000 euros, al administrativo se le dice: Oye, esto para lo que sea y punto. Pero claro, cuando ya pides más cantidades es más complicado.

La conversación continúa y Hernández relata a su interlocutor el segundo mecanismo para hacer frente a esos pagos -comisiones- de importante cuantía: los maletines . Del análisis de los audios, la UCO sospecha que la persona encargada de entregarlos era Felicísimo Ramos, quien fuera director de Control de Gestión de OHL. Así se desprende de una de esas grabaciones que aluden a una 'mordida' superior a los dos millones de euros por la obra de la desaladora de Carboneras, de Acuamed.

PH: Si la pelota es muy gorda, muy gorda, muy gorda, muy gorda, entonces hasta viene directamente un tío con un maletín, al conseguidor directamente a pagarle.

AG: (Risas) Una pelota...

PH: Directamente al conseguidor, trae directamente el paquete, pero eso normalmente es a niveles más altos.

En esa misma grabación se habla de los “generadores” de facturas falsas, entre los que nombran “al del casino”, que tiene “una fábrica de madera”, o una cooperativa de transportistas que despierta los recelos de Hernández. “Eso me da mucho miedo”, dice. También aluden en la conversación a abogados que “mueven todo el dinero negro del coste de licitación”.