El registrador de la Propiedad de Pájara reconoce ante el juez que tenía empleadas a dos personas con visado de turistas

El registrador de la Propiedad de Pájara, Jorge Severo Alonso, ha declarado en el juzgado de Instrucción número 4 de Puerto del Rosario por la investigación abierta por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Fue denunciado en septiembre del pasado año por tener empleadas a dos personas que se encontraban en situación administrativa irregular y que, además, accedían a información reservada de los usuarios (revelación de secretos) mediante la utilización de identidades suplantadas (suplantación de identidad y usurpación de funciones públicas). Según ha manifestado, en esta oficina “no constan datos sensibles o secretos” y él era consciente de la situación “irregular” de los trabajadores, que “a lo sumo sería una irregularidad administrativa”, razón por la que dejaron de trabajar a los tres meses y regresaron  a su país, Argentina. 

Jorge Severo Alonso afirmó que estas dos personas a las que empleó son amigos suyos de confianza y que lo que les propuso es una colaboración retribuida de tal forma que percibieran un salario y experiencia y “contribuirían a aligerar la carga de trabajo en la oficina”. En su declaración incidió en que la trabajadora se dedicó a tramitar y gestionar “notas simples” y que el trabajador (padre de la empleada) llegó más tarde y se encargó del despacho de cancelaciones de hipotecas.

Así mismo, reconoció que tres meses después del inicio de la actividad cesaron porque se les caducaba el permiso de estancia en España y que “no se puede dar cumplimiento a ingresar cuotas de la seguridad social de los mismos porque es imposible”. 

En este sentido, indicó que a estos empleados, que solo tenían estancia en España en condición de turistas, “se les pagaba en efectivo” y que “no se les retenía el IRPF”, pero que el hecho de que no tuvieran permiso de residencia y trabajo en España “no obsta para que pudiesen desempeñar el trabajo por tener la confianza” del registrador y porque “firmaron la correspondiente cobertura de protección de datos”. El trabajador, dijo, percibía 1.400 euros mensuales y la trabajadora 1.350 y que ambos vivían en un apartamento contiguo al registro (una urbanización de lujo) que en “base a su amistad se las dejaba gratis”. Además, aclaró que aparte de los salarios eran “retribuidos en especie”. 

Según su declaración, en el Registro de la Propiedad las “únicas claves que existen” son las del programa de gestión de documento colegial y que “no existen otro tipo de claves”. Incidió en que actualmente hay once trabajadores en la oficina y que sus claves “no son intransferibles” puesto que las proporciona él mismo con el objetivo de “controlar” lo que hace cada uno de los empleados en cada momento, pero “no tiene trascendencia a terceros”.

Explicó que cuando llegaron los dos empleados argentinos se tardó en proporcionarles sus credenciales y que hasta que se les proporcionó utilizaron las claves de otra compañera, que es la mujer del declarante, Jorge Severo Alonso y que se encontraba en ese momento de viaje. 

El registrador aseguró ante el juez que ambos trabajadores firmaron “como todos los demás” el documento de regirse por la Ley de protección de datos, “documentos que se custodian por la oficial, que es la responsable”, indicó. Además, incidió en que “no hubo protestas de odiciales, ni de usuarios ni de nadie” y que “sí hubo un problema” con una notaría de Morro Jable “en relación a una nota simple” pero que fue un “fallo sin intención” y que “puede producirse en la práctica en ocasiones”. 

El denunciado ha afirmado que esta denuncia le ha generado “perjuicios morales, personales y laborales” y que su intención siempre fue “ayudar”. También afirma que está dispuesto a “enfrentarse a un procedimiento de carácter administrativo que es donde debería ventilarse esta cuestión”. Así mismo, incidió en que esta denuncia tiene ánimo de perjudicar su imagen y prestigio profesional.