El Tribunal Constitucional salva definitivamente la Biblioteca del Estado de Las Palmas

El largo proceso en el que se ha visto envuelto la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria desde que fuera autorizada su construcción con una licencia ilegal concedida bajo el mandato del alcalde José Manuel Soria (Partido Popular), ha finalizado. El Tribunal Constitucional acaba de inadmitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) frente a la declaración de utilidad pública del edificio, la solución aplicada por el Gobierno de España en 2015 para salvarlo tras dos sentencias del Supremo que ordenaban su demolición a instancias de los vecinos del edificio San Telmo, perjudicados por la cacicada consistorial. Ahora será el Estado el que, expropiando los derechos de los vecinos afectados consolidados judicialmente, deberá indemnizarlos mediante el correspondiente justiprecio previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.

En un auto del pasado 12 de diciembre, firmado por el magistrado César Tolosa Tribiño, el Constitucional inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que consideró en julio pasado que una disposición transitoria a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016 en la que se incluía la declaración de utilidad pública o interés social de la biblioteca podría “infringir tres preceptos constitucionales: el derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de separación de poderes y el derecho que tiene toda persona a que sus bienes y derechos solo puedan ser expropiados de conformidad con lo dispuesto en las leyes” (artículos 9.3, 24.1, 33.3, 117 y 118 de la Constitución Española)

Esa disposición adicional de los presupuestos de 2016, la número 69, justificaba la expropiación de los derechos de ejecución de las sentencias que daban la razón a los vecinos perjudicados por la licencia ilegal por motivos de “utilidad pública o interés social”. En concreto, por la titularidad pública del solar donde se ubica la biblioteca, su calificación legal como “bien de interés cultural” y su afectación “a la preservación de la igualdad de todos los ciudadanos a las condiciones de acceso a la cultura y el derecho a la educación”.

Ahora habrá de ser el Estado el que corra con el coste de indemnizar a los vecinos perjudicados por la pérdida de derechos al haberse autorizado esa biblioteca contraviniendo el Plan General de Ordenación Urbana, sin haberse redactado el Plan Especial exigible, por haber eliminado zonas verdes y por haber proyectado una pantalla arquitectónica que bloqueó sus vistas al mar. Corría el año 1997, los primeros tiempos de José Manuel Soria como alcalde con mayoría absoluta y de Juan José Cardona, que más tarde ocupó la alcaldía, como concejal de Urbanismo.

En una reunión celebrada en 2015 entre el secretario de Estado de Cultura, a la sazón José María Lasalle, y el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo (PSOE), el Gobierno central anunció que mediante una disposición transitoria a la Ley de Presupuestos para 2016, sería el Estado el que asumiera el coste de la expropiación de los derechos de los vecinos adquiridos mediante las dos sentencias del Supremo y una del Constitucional que declararon ilegal la biblioteca y obligaban a su demolición.

De ese modo, el Gobierno de Mariano Rajoy salvaba la biblioteca, un recurso muy utilizado por la ciudadanía, pero también al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de un desembolso millonario, y a José Manuel Soria, que verá ahora cerrado uno de los capítulos más polémicos de su alcaldía (1995-2003).

España sigue recibiendo laudos que ya suman casi 2.000 millones de euros por el recorte en las renovables decretado durante su mandato ministerial. 

Soria abandonó la política en abril de 2016 al aparecer en los llamados Papeles de Panamá y conocerse sus negocios en paraísos fiscales.