CASO MASCARILLAS CANARIAS

Una vista decidirá si el empresario investigado por estafa en el caso Mascarillas entra en prisión provisional

El juez instructor del caso canario de las mascarillas, Francisco Javier García García-Sotoca, ha citado a las partes el próximo viernes 14 de octubre para celebrar, a petición del fiscal Anticorrupción Javier Ródenas, una vista abreviada para valorar el ingreso en prisión provisional del empresario Rayco Rubén González, investigado por los presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales. En esa vista, prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, defensas y acusaciones podrán pronunciarse sobre la pertinencia o no de adoptar esta medida cautelar sobre el imputado.

González es el administrador de RR7 United S.L., una empresa dedicada al sector de la automoción y sin experiencia en el ámbito sanitario que resultó adjudicataria en mayo de 2020 de un contrato de emergencia del Servicio Canario de Salud (SCS) para la adquisición, por cuatro millones de euros, de un millón de mascarillas FFP3 (a cuatro euros la unidad). El objetivo era proteger al personal sanitario de los hospitales de las Islas en los primeros meses de la pandemia de Covid-19, en un contexto de escasez de material y alta competencia en los mercados internacionales. El empresario recibió el importe total del contrato por anticipado en dos pagos, pero nunca entregó la mercancía comprometida. 

En mayo de 2021, el SCS resolvió el contrato con RR7 United por incumplimiento de las condiciones pactadas. Dos meses antes había llegado al aeropuerto de Gran Canaria una partida de algo más de 900.000 mascarillas que acabaron siendo destruidas después de que la empresa fabricante 3M informara a la Agencia Tributaria Española que era mercancía falsificada. Pese a la resolución del contrato, y sin haber recibido ni una sola unidades, el SCS concedió una segunda oportunidad a la empresa. Con el contrato ya extinguido, le permitió cambiar el modelo de mascarillas y mantener el precio, aunque incrementando un 20% el número de cubrebocas. Tampoco en esa ocasión llegó al Archipiélago el material.  

Rayco Rubén González compareció el 29 de septiembre ante el juez instructor, pero se acogió a su derecho a no declarar siguiendo indicaciones de su abogado.

La prisión provisional se encuentra regulada a partir del artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez instructor podrá adoptar esta medida “cuando objetivamente sea necesaria” (por riesgo de fuga o de ocultación, alteración o destrucción de pruebas, entre otras causas) y cuando no existan “otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines”. 

La petición del fiscal Anticorrupción se produce después de que el magistrado Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, citara a declarar, en calidad de investigados, a tres familiares de Rayco Rubén González (su madre, su pareja y un primo) que figuran como administradores o apoderados de las sociedades que el empresario habría utilizado para ocultar el dinero presuntamente obtenido de manera ilícita y adquirir siete vehículos de lujo por un importe superior al millón de euros. 

Adoración Sánchez (madre de Rayco Rubén González), Belén María de los Ángeles Alemán (pareja) y Kilian Sánchez (primo) comparecerán ante el juez el 11 de noviembre, una semana después de que lo haga, por escrito y como testigo, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para aclarar cuáles eran las competencias del actual director del Servicio Canario de Salud (SCS), el también investigado Conrado Domínguez, como coordinador del Comité de Emergencias Sanitarias durante la pandemia de Covid-19. 

También han sido citadas a declarar el 17 de octubre otras dos testigos, ambas empleadas públicas vinculadas a la Secretaría General Técnica del SCS, en relación con el segundo pago (de dos millones de euros) autorizado a la empresa RR7 United en octubre de 2020, cinco meses después de la adjudicación del contrato y sin haber recibido ni una mascarilla. Otras dos técnicas de la Consejería de Sanidad que comparecieron el pasado 30 de septiembre ante el juez confirmaron que habían advertido a la entonces directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, sobre la inconveniencia de realizar ese segundo pago a la empresa adjudicataria ya que había riesgo de estafa.