Los afectados exigen cambiar la ley para que los PSIR no sean arbitrarios: “se confunde beneficio empresarial con interés general”

La coordinadora contra los PSIR de Cantabria exige un cambio legal que garantice que los Planes Singulares de Interés Regional se reserven solo para servicios e infraestructuras “de necesidad pública acreditada”, con estrictos controles sobre concesiones y beneficiarios privados. “Estamos viendo cómo se confunde beneficio empresarial con interés general”, denuncian los afectados de los cinco proyectos de Laredo, Olucas, Real de Piasca, Las Excavadas y Astillero-Guarnizo que impulsa el Gobierno de Cantabria.

La propuesta incluye que la aprobación de un PSIR exija una mayoría cualificada del Parlamento autonómico porque el Consejo de Gobierno está dictaminando el supuesto interés regional de proyectos que son rechazados masivamente en la calle o por la unanimidad de los plenos municipales. Incluso con el rechazo mayoritario del propio Parlamento de Cantabria. “Si tan evidente es el interés, entendemos que suscitará sin duda el apoyo de una mayoría cualificada”, estiman.

La coordinadora propone modificar la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (LOTUCA) para excluir al suelo rústico de especial protección. “Para salvaguardar el mejor suelo agrícola que debe garantizar la soberanía alimentaria de la comunidad”, justifican. Ahora, este suelo puede ser objeto de recalificación y construcción. De hecho, algunos de los mejores terrenos de pastos como La Pasiega, se han convertido en urbanizables. Lo mismo que pretende hacer el PSIR de Las Excavadas: convertir suelo agrícola en industrial.

Otra de sus reivindicaciones es recuperar en la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio) -el órgano que decie sobre el urbanismo en Cantabria- a los colegios profesionales que fueron excluidos por el actual Gobierno de Cantabria del Partido Popular en 2023: geógrafos, biólogos, aparejadores e ingenieros técnicos. La coordinadora pide que vuelvan a tener representación y voz en la comisión. El decreto que les expulsó de la CROTU “redujo los necesarios controles técnicos y otorgó mayor peso a la Consejería de Fomento”, explican.

Dos de estos colectivos -geógrafos y biólogos- votaron en contra del polígono de La Pasiega por su impacto natural y paisajístico, aunque no consiguieron frenarlo. Fue antes de que perdieran su silla en la CROTU.

Una de las últimas polémicas, en este sentido, es la negativa de tres colegios profesionales a aprobar el PROT (Plan Regional de Ordenación del Territorio). Arquitectos, geógrafos y agrónomos se ausentaron de la votación tras haber solicitado previamente que se retirase del orden del día la aprobación del documento porque no habían tenido tiempo de analizarlo. Fue una tramitación exprés: solo les dieron tres días para analizarlo.

Además, piden garantías en la información y participación pública previas a la declaración de interés regional. “Que nunca más ninguna familia se entere por el periódico de que hay un proceso en marcha que da por hecho el derribo se su hogar”, reclaman en alusión a cómo conocieron el proyecto de PSIR los vecinos de Rucandial.

La coordinadora contra los PSIR creen que esta propuesta de cambio legal propone medidas “lógicas y necesarias”, de sentido común, que pueden recibir un apoyo mayoritario. A partir de ahora van a trasladar esta propuesta a la sociedad cántabra y se van a reunir con los partidos políticos que quieran recibirles para pedirles que se comprometan con las medidas que proponen.