Solo un tercio del suelo expropiado a los vecinos en el PSIR del polémico macropolígono de Laredo se dedicará a uso industrial
El polémico macropolígono de Laredo que se tramita vía Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) solo destinará una tercera parte de la superficie a uso industrial, que fue la justificación que se dio para recalificar y expropiar casi 200.000 metros cuadrados a través de un procedimiento administrativo que supone expropiar al menos once viviendas y numerosas parcelas de los vecinos.
La necesidad de terreno para que se instalen empresas queda en entredicho con esta operación -según advierten los vecinos afectados- y mantiene la polémica sobre una operación urbanística que impulsó el propio Ayuntamiento de Laredo hace siete años y que han abrazado los sucesivos ejecutivos autonómicos con competencias en la materia.
Lo que iba a ser el futuro polígono industrial se divide en tres partes. Un tercio será para que se instalen empresas. Otro, para infraestructuras comunes, viales y zonas verdes. El 30% restante del suelo se destinará para uso comercial. Es decir, que podría construirse sobre él un centro comercial como el que se intentó hacer sin éxito hace más de una década en esta misma zona. De hecho, una gran superficie de distribución dispone de una cantidad considerable de terreno justamente en la ubicación donde se proyecta ese uso comercial.
Los afectados siguen plantando cara al proyecto y recelan de la presunta necesidad de suelo industrial que justificó la operación cuando finalmente supondrá una mínima parte del terreno. “Cuando hemos preguntado directamente qué empresas querían instalarse aquí nos han dicho que eso no se puede decir, que es secreto”, cuenta Borja Fernández, portavoz de la Plataforma de Afectados por el PSIR de Laredo.
“Expropian entre 12 y 13 euros el metro cuadrado y ellos lo van a vender a 250 euros”, se queja un vecino la zona. En este caso, el promotor es directamente el Gobierno de Cantabria a través de la empresa pública SICAN.
El recelo vecinal no cesa
El gestión del PSIR de Laredo generó un fuerte rechazo desde el principio. cuando se configuró como un macropolígono industrial que el Gobierno de Cantabria -tras la presión pública- redujo en tamaño, en viviendas expropiadas y en vecinos afectados. Inicialmente se planteaba ocupar más medio millón de metros cuadrados y expropiar 47 casas. Una operación que afectaba a 307 vecinos en total, entre todas las propiedades expropiadas.
Finalmente, el Gobierno se desdijo del plan inicial y redujo el polígono a menos de 200.000 metros cuadrados, un 65% menos de terreno, aunque se mantiene la expropiación de 11 viviendas y el número de afectados se ha reducido a 102.
Los afectados siempre han visto con recelo una operación urbanística que les quita sus propiedades, ubicadas cerca de la playa y del hospital, pero sobre una zona inundable que provoca muchos problemas cada vez que llueve de manera persistente.