Afectados por los PSIR de Cantabria forman una coordinadora y exigen paralizar inmediatamente “una normativa arbitraria y abusiva”
Cantabria está afectada por varios PSIR, los proyectos singulares de interés regional que han levantado polémica en distintos puntos de la geografía autonómica. Durante esta legislatura el Gobierno de Cantabria (PP) ha impulsado seis proyectos de recalificación de suelo y expropiaciones para promotores privados.
Ahora, cinco colectivos de vecinos y afectados por esta figura urbanística, con varios movimientos sociales detrás, se han unido en una coordinadora en la que apoyarse mutuamente. Un altavoz desde el que exigen la paralización inmediata de los proyectos porque consideran que se amparan “en una normativa arbitraria que no responde al interés general”.
La integran, junto a otros movimientos sociales, los afectados por los PSIR de Laredo, del complejo turístico Olucas, del macrocompleto urbanístico Real de Piasca, del polígono Federico Cobo y el centro de datos en el entorno de la ría de Solía y del parque empresarial Las Excavadas. Vecinos de Laredo, Ribamontán al Monte, Santander, Astillero, Tanos y Cartes. Todos los epicentros del rechazo a la política urbanística del Gobierno del Partido Popular, que ya han canalizado su protesta a través de la multitudinaria manifestación en Villaverde Pontones del pasado sábado organizada junto a los vecinos por Cantabristas.
La nueva coordinadora exige dos cosas: la paralización inmediata de todos los PSIR y un cambio legal que garantice su uso exclusivamente para proyectos singulares de interés general. No para complejos turísticos privados, como la piscina de olas, o el macroproyecto inmobiliario de 8.000 viviendas de Real de Piasca de Santander. “Para que nadie más tenga que sufrir esa arbitrariedad”, reclaman.
“Somos conscientes de que enfrentamos poderosos intereses que se benefician de este tipo de proyectos” -denuncia la voz de Alba Chocán, afectada por el PSIR de Real de Piasca- “pero en defensa de nuestras casas y nuestros pueblos estamos decididos a hacer prevalecer el interés general y a modificar una legislación injusta”.
Juan Gómez, de la Asamblea de Las Excavadas, explica que la figura administrativa del PSIR se justificaron hace 25 años para casos excepcionales de ámbito supramunicipal e interés general, como puede ser un hospital público. Sin embargo, amparados en un marco legal “cada vez más laxo” los gobiernos lo han ido utilizando “arbitrariamente, saltando por encima de cualquier ordenación territorial y normativa urbanística para beneficiar intereses privados en perjuicio, precisamente, del interés general de la comunidad”.
La coordinadora estima que el abuso de esta herramienta de excepción urbanística “no solo nos perjudica a los cientos de propietarios de terreno, actividades económicas e incluso viviendas sobre las que recae directamente”, denuncia Alba Chocán, de la Asociación de vecinos Bosques de Santander (PSIR de Real de Piasca). Una cuestión que afecta a todo el barrio, el pueblo o el valle, destruyendo el entorno y la calidad de vida.
La representante de los vecinos del entorno de Rucandial, afectado por numerosos derribos de casas, dice que la actual legislación, que permite utilizar arbitrariamente el PSIR, “nos afecta a todos porque nadie está a salvo, ya que genera reglas extraordinarias distintas del marco normativo”.
“Estamos decididos a hacer prevalecer el interés general y a modificar esta legislación injusta con el apoyo de toda la población de Cantabria”, explica. Por eso exigen al Gobierno de Cantabria que paralice inmediatamente todos los proyectos “que suponen un abuso terrible para muchos vecinos y una amenaza para toda la población cántabra”.
La coordinadora va más allá. También piden un cambio legal que garantice que se utilice exclusivamente para proyectos de interés general, “para que nadie más tenga que sufrir esta arbitrariedad”, solicita en nombre de todos los afectados.