Cantabria defiende que carece de competencia legal para prohibir el estacionamiento de autocaravanas en las calles
Queriendo plantear un sarcasmo, el consejero de Turismo de Cantabria, Luis Martínez Abad (PP) ha hecho este martes, en el Parlamento, un juego de palabras: ha dicho que no es lo mismo la DGT (Dirección General de Turismo) que la DGT (Dirección General de Tráfico). Ha hecho esta puntualización para justificar que el Gobierno de Cantabria carece de competencia legal para prohibir el estacionamiento de autocaravanas en las calles.
Su aclaración ha derivado del nuevo decreto de autocaravanas de Cantabria que es, según ha defendido, “fruto del diálogo” con las asociaciones empresariales del sector, porque ofrece, en su opinión, “seguridad jurídica” al flexibilizar trámites para facilitar la apertura de nuevas áreas y eliminar el límite máximo de plazas en las áreas de servicio para autocaravanas.
Así se ha manifestado este martes el consejero en el pleno parlamentario, después de que el PRC cuestionase un decreto que, desde el punto de vista regionalista, “empeora la situación” generada por la saturación de caravanas y la acampada ilegal. El PRC ha subrayado el “estrés brutal” que supone para lugares como el parque natural de Oyambre, porque el decreto permite pernoctar a cualquier vehículo de cuatro ruedas en la vía pública a menos que los ayuntamientos lo prohíban específicamente.
El diputado López Estrada ha criticado que el decreto no prohíba el estacionamiento o la pernocta en las calles. El consejero le ha respondido con humor que si esperaba que un decreto de Turismo regulase el tráfico, es que desconoce “qué DGT” tiene las competencias.
“He disfrutado mucho de las autocaravanas”, ha matizado el diputado Javier López Estrada (PRC), antes de advertir de que no por eso iba a dejar de ser crítico. Ha advertido de que el texto “no protege” al sector hotelero y de campings y al calificar de “competencia desleal” las autocaravanas aparcadas en primera línea de playa “sin apenas regulación”. El diputado del PRC ha cuestionado que el decreto supone una carga para los ayuntamientos porque el Gobierno autonómico “le pasa la responsabilidad una vez más” a los ayuntamientos, tanto regulatoria como sancionadora, en referencia a la regulación de viviendas de uso turístico.
Por su lado, el consejero de Turismo ha eludido hablar de parques naturales protegidos y se ha enfocado en el sector empresarial: “Somos, por una parte los empresarios y por otra parte las administraciones los que tenemos que ir adaptándonos a estos cambios”, ha dicho sobre el crecimiento de las autocaravanas.
Ha insistido en garantizar para “todo aquel empresario o institución pública que quiera operar ( lo haga en las mismas condiciones”. Y ha citado el caso del futuro párking de autocaravanas de Liérganes, que ya anunció en 2023, solo que ahora lo ha presentado como un proyecto que supondrá 700.000 euros del Plan de Sostenibilidad Turística.