Competencia incluye a otro directivo cántabro en la investigación por posible manipulacion de licitaciones de obra
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado el expediente sancionador iniciado en 2025 contra 12 empresas investigadas por una posible manipulación de licitaciones en el mercado de la obra civil en Cantabria, contra las que ha incoado un expediente sancionador, y cuatro directivos de las mismas, a la que ahora suma un directivo de la empresa Actividades de Seguridad Vial Cantábrico, S.L, que se dedica a mantenimiento y conservación de carreteras.
Así lo ha informado este martes la CNMC en un comunicado, en el que ha recordado que el expediente se inició en octubre del año pasado contra las empresas Actividades de Seguridad Vial Cantábrico; Aglocan Servicios y Construcciones; Arruti Santander (en liquidación); Cannor Obras y Servicios de Cantabria; Construcciones y Excavaciones Aníbal; Constructora Obras Públicas San Emeterio (COPSESA); Cuevas Gestión de Obras; Fernández Rosillo y Cía; Global Tektia; Palomera Obras y Proyectos; Rucecan, y Técnicos Asociados Minero Industriales.
El expediente también afecta a cuatro directivos de algunas de estas empresas, concretamente de COPSESA, Cuevas Gestión de Obras, Global Teknia Constructora y Palomera Obras y Proyectos, además de Actividades de Seguridad Vial Cantábrico, S. L.
Según ha detallado en un comunicado la CNMC, las citadas compañías supuestamente se habrían repartido diversas licitaciones de obra civil, edificación y otros servicios de construcción, convocados por diversos organismos públicos estatales, autonómicos y locales, así como por clientes privados, en la comunidad autónoma.
En concreto, habrían presentado “ofertas ficticias para concurrir de forma concertada”.
Según la CNMC, la manipulación de los contratos se habría realizado “mediante acuerdos e intercambios de información comercialmente sensible”.
Competencia ha subrayado que se trata de “prácticas contrarias” a la Ley de Defensa de la Competencia.
Según ha explicado, la CNMC inició el expediente sancionador tras analizar diversas licitaciones de obra civil, edificación y otros servicios de construcción convocadas por varias consejerías del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y otros consistorios de la comunidad.
Entre 25 y el 27 de marzo de 2025, inspeccionó las sedes de COPSESA, Palomera; Siecsa Construcción y Servicios y Técnicos Asociados Minero Industriales.
La CNMC ha señalado que una de sus “prioridades” de actuación la investigación de los cárteles por la “especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados”.
Ha recordado que dispone de un Programa de Clemencia que permite a las empresas integrantes de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten su detección.
Además, a las empresas que se acojan a este programa no les sería de aplicación la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, si resultaran finalmente sancionadas.
En marzo, se abrió un periodo máximo de 24 meses para la resolución de los expedientes.