Los ayuntamientos de Castro Urdiales y Santoña, así como el Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria, son las administraciones o entidades públicas de la comunidad autónoma señaladas por el Defensor del Pueblo como no colaboradoras y entorpecedoras de su trabajo al tener unos tiempos de respuesta a sus demandas que superan ampliamente lo habitual.
Según publica la institución que preside el exrector y exministro de Educación, Ángel Gabilondo, el Ayuntamiento de Castro Urdiales lleva 134 días sin responder a un requerimiento sobre un asunto relativo a convenios de gestión; el Ayuntamiento de Santoña lleva 65 sin atender una petición sobre prestación de servicios, y el Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria bate el récord, con 793 días sin responder a sus demandas.
El tiempo medio de respuesta al Defensor se cifra en 60 días en lo que atañe a los municipios y de 74,91 días en el caso de otras entidades públicas como el órgano colegial cántabro. Este es uno de los tres que en toda España “entorpecen” la actividad de la institución, junto a la Comunidad de Regantes Junta de Hacendados de Murcia y la delegación de Aquona en Campo de Criptana.
En cuanto a las administraciones autonómicas se refiere, Cantabria no está en el listado de “administraciones entorpecedoras”, cosa que sí ocurre con Madrid, Cataluña, Canarias, Melilla, Galicia y Murcia.