El Gobierno de Cantabria propone frenar la despoblación con más turismo tras fracasar la receta de toros, cajeros automáticos y menos impuestos
Los vecinos de San Felices protestaron el otro día porque van a cerrar la única oficina de banco que queda en el pueblo. Quedará solo un cajero automático, que es una de las soluciones que había propuesto el Gobierno de Cantabria para luchar contra la pérdida de población. En 2021 se subvencionó con dos millones de euros la instalación de 38 cajeros en lugares como Bárcena de Pie de Concha, Luena, Tudanca, Aguayo o Los Tojos. Los vecinos los utilizan fundamentalmente para sacar dinero: hasta ahora más de 22 millones de euros en cerca de 144.000 operaciones.
En Cieza, temen que cierre la escuela de Villasuso porque el próximo otoño no quedarán suficientes niños. En otros municipios de la geografía cántabra se quejan de la falta de comunicaciones.
Luena, por ejemplo, es un pueblo sin autobús de ida y vuelta. Si tienes que ir al médico o hacer un trámite en Santander no queda más remedio que hacer noche en la capital, si solo se depende del transporte público. El problema es que hay rutas en zonas rurales con muy pocos viajeros que no son rentables, aunque deberían mantenerse para evitar la desigualdad de servicios a sus vecinos. Precisamente por eso el Gobierno de Cantabria, ahora que está tramitando las nuevas concesiones de rutas, ha planteado el transporte a demanda para las zonas más despobladas. Pero parece que estos cambios no entrarán en funcionamiento durante esta legislatura.
Toros, cajeros automáticos, rebaja de impuestos y alojamientos turísticos. Hasta ahora las recetas para combatir la despoblación en los pueblos de Cantabria no está dando frutos. A duras penas se mantiene el equilibrio entre los escasos empadronamientos que se suman al censo rural y los fallecimientos de una población envejecida que no tiene relevo.
El Gobierno de Cantabria tramita estos días la ley de medidas fiscales contra la despoblación, que ya se puede consultar para hacer alegaciones. Un texto que parte del documento que elaboró el anterior Ejecutivo PRC-PSOE, que no llegó a tramitarse. La receta que propone es fomentar el turismo rural y establecer rebajas fiscales, deducciones y 'medidas de discriminación positiva' en la contratación pública, en las subvenciones y en el acceso al empleo público, para incentivar que los médicos, por ejemplo, acepten trabajar en estos lugares, lo cual cada día es más complicado.
Habrá incentivos administrativos, profesionales o económicos y también se facilitará el teletrabajo a los empleados públicos que residan en estos municipios. También se reservará una parte del crédito de las ayudas para los vecinos de estas zonas y se incrementará -como mínimo- un 20% “la intensidad”, dice el texto legal, de la ayuda.
El apoyo a los bares-tienda es otra de las soluciones que contempla la ley porque estos establecimientos son un servicio indispensable y centro social de la vida de los pueblos. El texto normativo también habla de favorecer el relevo generacional en comercios o actividades rurales, impulsar mercados estacionales y promocionar y dar visibilidad comercial a productos autóctonos, artesanales, ecológicos y de proximidad.
El documento mezcla muchos aspectos como la sanidad, la educación o la lucha contra la soledad no deseada y plantea soluciones en turismo, cultura y seguridad, además de combatir la brecha digital. Es decir, conseguir una buena cobertura para que funcionen sin dificultad los móviles y se pueda teletrabajar desde cualquier punto de la geografía cántabra. Algo que ahora no es posible, hay zonas de sombra y con dificultades de señal.
La nueva Ley garantizará que abrá escuelas abiertas en los municipios en riesgo de despoblamiento, donde se impartirán clases de educación infantil y primaria, con un mínimo de tres alumnos.
Expropiaciones para proyectos se interés público
Entre otras cuestiones, el proyecto de ley autoriza al Gobierno de Cantabria a hacer expropiaciones forzosas para proyectos o actuaciones declarados de interés público y “que puedan generar una significativa incidencia positiva en los municipios en riesgo de despoblamiento”.
Además, en todas las contrataciones del sector público autonómico se favorecerán “las adquisiciones de proximidad”: la utilización de productos locales, ecológicos, frescos y de temporada. En los contratos menores se solicitará la participación “preferentemente” de las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y autónomos para ejecutar las prestaciones de que se trate en municipios en riesgo de despoblamiento.
De hecho, en la preparación de los contratos y en los términos legalmente establecidos se procurará adaptar el tamaño de los contratos y su duración para facilitar la participación de las pymes, micropymes y personas trabajadoras autónomas locales.
Otras propuestas, para fijar población, sons recuperar antiguos oficios vinculados a la artesanía y a las artes, favorecer las oportunidades de empleo y asentamiento en el medio rural de personas jóvenes extutelados, dar servicios de cuidado para niños de hasta 3 años e impulsar lo que denominan 'casas amigas', como lugares para cuidar esos menores donde no exista infraestructura pública.
La futura ley quiere 'empoderar' a las personas mayores para garantizar “un envejecimiento activo” -y a la vez crear una red de voluntarios que las acompañen- y propone utilizar el helicóptero para emergencias sanitarias.
Otra de las cuestiones es que se apuesta por modelos de viviendas colaborativas para personas mayores, con discapacidad, necesidades especiales o en situación de soledad no deseada. Vivienda compartida o vivienda con apoyos e iniciativas compatibles con el cohousing, como modelos de comunidades autogestionadas, también se impulsan en esta nueva normativa.
81 pueblos con menos de diez habitantes
Actualmente hay 41 municipios en riesgo de despoblación de los 102 que tiene Cantabria. 81 pueblos de Cantabria tienen menos de diez habitantes. En seis pueblos solo está empadronada una persona. En otros, ya ha desaparecido hace años todo rastro humano. Porcieda lleva más de veinte años deshabitado y es un pueblo en venta que periódicamente es noticia en los medios. Sigue sin comprador. No es el único pueblo fantasma. Moroso, en Valderredible. Montabliz, en Bárcena de Pié de Concha. Beares y Enterría, en Camaleño. Vegaescobosa, en Luena. En todos ellos habita el silencio y el olvido.
Subvenciones taurinas para estimular empadronamientos
De todas las iniciativas que se ensayan contra la despoblación tal vez la más extravagante y controvertida es subvencionar corridas de toros en pueblos. La polémica medida del Gobierno autonómico del Partido Popular lleva tres años desarrollándose sin éxito: se han gastado 132.000 euros para conseguir cuatro nuevos habitantes en los cinco municipios rurales de Cantabria beneficiados con ayudas publicas para eventos taurinos: Rasines, Pesaguero, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y Tudanca. Es decir, cada empadronamiento cuesta 33.000 euros de dinero público.
En paralelo, el Ejecutivo cántabro ha apostado por facilitar la proliferación de alojamientos turísticos en los suelos rústicos, donde se están autorizando viviendas y apartamentos turísticos en suelo no urbanizable. La medida se justificó inicialmente para que los hijos pudiesen construirse una vivienda en el terreno de sus padres y quedarse a vivir en el pueblo. Aunque es común a todos los municipios, no solo como excepcionalidad en ayuntamientos despoblados. En cualquier caso, la normativa no permite específicamente el uso turístico del suelo rústico, pero se autoriza si el propietario lo registra como un único inmueble que integra diferentes apartamentos o alojamientos, por lo que en la práctica lo consiente. También en municipios sin problemas de despoblación.
Un texto legal contra la diáspora rural
Las medidas que propone el Gobierno en la futura Ley para hacer que los pueblos dejen de perder habitantes supone que todas las administraciones se sumen a la estrategia y que integren lo que denominan 'perspectiva demográfica' en todas sus decisiones y acciones. La idea es no solo atraer nuevos habitantes sino, en paralelo, “lograr que permanezcan quienes ya viven en el medio rural”, explica el Gobierno cántabro.
La normativa obliga a que el Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria presente un informe anual sobre la situación demográfica y territorial de Cantabria, que analizará las medidas adoptadas. Ese informe se aprobará en el Consejo de Gobierno y después se enviará al Parlamento de Cantabria.
Los municipios se clasificarán en tres categorías: riesgo de despoblamiento, riesgo grave de despoblamiento y municipios con tratamiento especial y diferenciado, aquellos que deben ser protegidos por su ruralidad, el envejecimiento de su población o su emplazamiento geográfico de alta montaña. Los requisitos concretos de estas categorías -que se revisarán cada dos años- los decidirá el Consejo de Gobierno.