IU impugna el acuerdo “a posteriori” del PP para incumplir el auto judicial de reapertura al tráfico bajo Faro Santander
Izquierda Unida ha impugnado el acuerdo de la Junta Local en el Ayuntamiento con el que, en su opinión, el PP intenta “dar cobertura a posteriori” al cierre del tráfico bajo el arco de Faro Santander, inaugurado la semana pasada.
IU ha registrado este martes dos escritos para pedir al juez de esta causa que anule la decisión del equipo de gobierno municipal, aprobada también la semana pasada y “de forma exprés”, que contempla un cambio sobre el rango de vial que discurre bajo el arco del Edificio Pereda, después de que el magistrado ordenara reabrir de forma provisional la circulación, a petición de IU. Este partido dio tres días para cumplir la decisión cautelar al Consistorio, que por su parte la recurrió, alegando que había cambiado la circunstancia que motivó la medida tras un acuerdo de la Junta Local que establece el régimen de uso del vial, como compartido y restringido.
Ante esto, la formación de izquierdas ha pedido al juzgado que incorpore al procedimiento y examine la legalidad del acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local el 7 de septiembre, el mismo día de la inauguración oficial del nuevo centro cultural, al entender que los 'populares' pretenden “dar cobertura administrativa a posteriori” al cierre del paso bajo el arco.
En el primero de los escritos presentados por IU ante el titular de la Plaza número 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander, se amplía el recurso al nuevo acuerdo municipal.
Y en el segundo -formulado en respuesta al traslado dado por el juzgado-, se opone a la petición del Ayuntamiento de levantar las medidas cautelares y solicita que se mantenga la reapertura provisional para la línea 5C2, taxis, residentes, vehículos sanitarios y reparto.
Cronología de los hechos
“El PP tomó primero la decisión de cerrar el paso y abrió el expediente después de que el juez apreciara que el cambio de uso carecía entonces de una resolución administrativa. Ahora, intenta utilizar un expediente elaborado a última hora para no cumplir el auto”, ha señalado el concejal de IU, Keruin Martínez.
En un comunicado, el edil ha destacado que la secuencia de hechos tras el auto judicial “es clara”, y ha indicado al respecto que el auto se conoció el 3 de septiembre; mismo día en que la Alcaldía ordenó abrir un expediente y solicitó seis informes municipales para tramitar el cambio de uso de la calle.
Ha añadido que los informes se emitieron el 4; y la Junta de Gobierno aprobó el acuerdo, “fuera del orden del día”, el 7. Al día siguiente, el Consistorio lo presentó ante el juzgado como “un cambio de circunstancias”.
Pero según Martínez no se trata de “una circunstancia ajena y sobrevenida”, sino que es el propio Consistorio el que “ha creado, después del auto (judicial), el acuerdo que ahora invoca para intentar dejarlo sin efecto”, según ha criticado.
En este sentido, ha considerado que los informes municipales incorporados al expediente “reconocen que la nueva pavimentación admite el paso de vehículos y que no existen bolardos ni obstáculos fijos”. Y ha agregado que el acuerdo “tampoco determina qué vehículos quedan excluidos, en qué horarios o mediante qué sistema de control”.
“Viario compartido y restringido no es viario cerrado”
Para el portavoz de IU, los propios documentos del Ayuntamiento “no demuestran que sea imposible permitir el paso limitado del autobús, los taxis, los residentes, los vehículos sanitarios y el reparto.
“Viario compartido y restringido no significa viario cerrado”, ha sentenciado el edil, para insistir en que la solicitud de revocación presentada por el Ayuntamiento -que además indicó que el tráfico iba a permanecer restringido hasta el día 18 por los actos de inauguración de Faro Santander- “no suspende el auto ni lo deja sin efecto”, sino que continúa vigente mientras el juzgado no adopte una nueva decisión.
“El PP está confundiendo la defensa del interés general con la defensa de una decisión política de Gema Igual”, la alcaldesa de Santander, según denuncia IU, que afea a la regidora que para poder “sostenerla está utilizando al Ayuntamiento, sus servicios y sus recursos jurídicos”, de modo que será la administración, y no el PP, la que tenga que “asumir las consecuencias de prolongar esta situación y de incumplir unas medidas cautelares dictadas”.