“No me va a presionar nadie para largarme de aquí”, dicen los primeros inquilinos de Hermanos Calderón a los que se les termina el contrato

'Nos quedamos'. Eso es lo que pone en un cartel colgado en una de las ventanas del piso de alquiler donde viven María L. Brizuela y F. Manuel Saiz, de 55 años y con dos hijos. Muchos carteles decoran los cristales de las 107 viviendas de renta asequible de la calle Hermanos Calderón, en Santander, que fueron vendidas por Fundación La Caixa al fondo de inversión Mosaic Propco.

En otras casas pone 'Nuestros hogares no son un negocio', 'Lucho por mi techo', o, 'Gema, te da igual el artículo 47'. La diferencia es que Brizuela y su marido son los únicos cuyo contrato vence en 2026, en concreto en noviembre, tras siete años en ese piso. Esta es la primera familia que afronta su posible salida. “Es mi casa, es nuestra casa, en noviembre no nos vamos, nos quedamos aquí”, defiende Brizuela con firmeza, sentada con Saiz, en una cafetería debajo de su bloque, en Peñacastillo, a las afueras de Santander.

La pareja acepta dar sus datos, pero pide no ser retratada. Acceden a que se vean sus manos y las entrelazan. Cuentan que, para acceder al piso de alquiler asequible, siete años atrás, tuvieron que pagar el mes de alquiler, el mes de fianza y un depósito de 1500 euros: “Suma que estaba sin amueblar, con los consiguientes gastos”. Entonces, Brizuela trabajaba en residencias de mayores y su marido era autónomo.

En junio de 2025, esta familia cuenta –con resignación– que estaba negociando la posible compra del piso. “El último precio que nos dio La Caixa eran 150.000 euros y nosotros ofrecimos 135.000 y ya nunca nos contestaron”. Cuando, en octubre, fueron notificados como los demás de la venta de los tres bloques de alquiler asequible al fondo de inversión, dice que llamaron a su arrendadora, “pero se desentendieron completamente”, afirma Brizuela.

En enero de 2026, “un señor con traje” llamó a su puerta para “tomar contacto con los vecinos”. Llevaba la ficha de la familia. “Sabía que habían intentado comprar. Nos dijo que el precio de venta era 248.000 euros... Y nunca más”, evoca Saiz, que hoy es panadero y su mujer tiene plaza de auxiliar en el hospital Valdecilla.

La tensión ha marcado a esta familia y a las más de ochenta restantes que han visto cómo, si no acceden a pagar el precio que oferta en cada caso el fondo de inversión, se quedan sin su casa. Saiz es pesimista –dice–, Pero Brizuela es optimista. En 2026, el Gobierno de España anunció un Real Decreto que permitía una prórroga de 2 años en vivienda habitual siempre que el contrato venciese antes de 2027. Brizuela y su familia solicitaron acogerse a la prórroga, pero fue rápidamente derogada.

Aun así, confían en que puedan quedarse, amparándose en la vigencia de la prórroga cuando la pidieron. Cuentan que les ha ayudado que su hija mayor es jurista, para entender que los procesos jurídicos se dilatan. Consultado al respecto, Juan Manuel Brun, abogado de las familias residentes en los 107 pisos dice a elDiario.es que “sería extraño que el juez contemplara el desalojo, en caso de que fuera instado –por Mosaic–”.

En el resto de mesas, cerca de las siete de la tarde de un día entre semana, la gente charla tranquila. Con dos vasos de café ya vacíos, Saiz dice que fue “más batallador” en su juventud, pero que ya no. Y Brizuela, que tiene la misma edad que su marido, se siente “cada vez más reivindicativa, cada vez más luchadora, cada vez más peleona”. En lo que ambos coinciden es en una idea que repite Saiz varias veces: “No me va a presionar nadie para largarme de aquí”.