El PRC se alinea con el PP y no ve problema en concertar la sanidad a 24 años vista mientras el PSOE habla de “un cheque en blanco” a la privada
La posible concertación con la sanidad privada de servicios de la pública durante 24 años y sin necesitar licitación previa ha superado el trámite en comisión de la Ley de Acompañamiento y será aprobada dentro de unos días al cumplirse el pacto PP-PRC para que ambas leyes salgan adelante.
La enmienda introducida a última hora por el PP en el debate presupuestario ha sido aprobada este jueves en Comisión de Economía con el apoyo del PRC y la abstención de Vox, que así ha protestado por cómo se han tramitado las enmiendas en el Parlamento. Los socialistas han votado en contra.
Los regionalistas han sido determinantes en que la enmienda acabe convertida en ley el 20 de diciembre, cuando se apruebe todo el paquete presupuestario para 2025. De este modo, en el caso de la enmienda de habilitación de convenios sanitarios con las empresas privadas por períodos de hasta 24 años y la posibilidad de que no tenga que licitarse, el PRC ha votado en sintonía con el PP.
Ambos partidos no ven ningún problema en que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) pueda suscribir convenios con organizaciones sin ánimo de lucro a partir de 2025, una figura que posibilitará que sigan realizando trabajos para la sanidad pública pero ya sin necesidad de concurso y a largo plazo.
El apoyo regionalista ha sido vital para sacar esta medida adelante dada la situación de minoría del Gobierno de Cantabria en el Parlamento. Los socialistas han sido los únicos que se han opuesto, considerando que se facilita a la sanidad privada “un cheque en blanco” que blindará la relación público-privada durante un cuarto de siglo.
La enmienda puesta sobre la mesa para su aprobación dentro de la Ley de Acompañamiento permitirá que lo que ahora se concursa se pueda conceder sin licitación y por un período máximo de 24 años, mediante la fórmula de convenio que ata a las partes salvo cambios puntuales que se puedan revisar.
En este sentido, la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria recogerá un nuevo artículo (90bis) en el que se contempla la asistencia privada para determinados tratamientos mediante la fórmula de convenio, que podrá ser ofertado en igualdad de condiciones, o no si el servicio solo puede ser operado por una empresa o por razones geográficas. Esta excepción permitirá firmar un convenio por 20 años, prorrogable por otros cuatro, por el cual un centro sanitario privado asumiría un servicio público de forma consolidada durante casi un cuarto de siglo.
Para Paula Fernández, diputada y portavoz en materia sanitaria del PRC, la medida no implica cambios con el pasado, es más, considera que dará estabilidad a la relación con los centros privados y contribuirá a reducir las listas de espera.
“Esto no supone que haya ningún concierto con una entidad privada, sino que mantiene los acuerdos habidos en legislaturas pasadas y da una estabilidad para, a partir de aquí, intentar reducir listas de espera que es el objetivo que todos queremos”, ha asegurado.
Los socialistas lo ven de otra manera y rechazan que se proporcione a la sanidad privada “un cheque en blanco” a 24 años vista.
“Esta medida está recogida en la Ley General de 1986, pero nadie lo había desarrollado en Cantabria, por lo que es legal, aunque no por ello justa o necesaria. Con un convenio singular se hipotecan decisiones de planificación sanitaria a un cuarto de siglo, es decir, cinco o seis legislaturas, lo que cercena la capacidad política de la administración sanitaria. De los creadores de la educación concertada llega la sanidad concertada. Una vez que se habilite es muy difícil dar marcha atrás”, ha valorado el exconsejero Raúl Pesquera.
“La Ley que introduce el Partido Popular para habilitar este tipo de convenios singulares con ONG y entidades religiosas (estamos hablando en el caso de Cantabria de Padre Menni y Santa Clotilde, fundamentalmente) es una ley con mucho calado, tiene tanto calado que incluso se ha habilitado la forma de que pasara lo más de puntillas posible para que nadie se enterara -ha añadido el socialista-. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que se recurre a una ley ómnibus para modificar otras leyes [por la Ley de Acompañamiento] y, en segundo lugar, se le añade nocturnidad y alevosía, porque no se recoge en el texto original, ya que entonces estaría dos meses de exposición pública, sino que se presenta vía enmienda en el último momento, dando un plazo de 15 días para que se pueda debatir”. “La forma ya nos determina cómo el Partido Popular quiere introducir un 'debate' para que nadie se entere”, ha sentenciado Pesquera.
La concertación ya existe, pero licitada, por un precio, y a cuatro años vista, lo que “es razonable”, ya que no hipotecaría la política sanitaria de gobiernos futuros. “Pero con los convenios a 20 años, si el Hospital Valdecilla, por ejemplo, pone un turno de tarde para operar cataratas, esto queda comprometido si hay un convenio a 20 años. ¿Estás 20 años sin poder hacer nada? -se ha preguntado el exconsejero de Sanidad-. De alguna manera se asegura una permanencia en un contexto ideológico. El ejemplo claro es el contrato público-privado de Serveo [antes Ferrovial] en el Hospital Valdecilla”.
Hospital Santa Clotilde y Padre Menni son dos de las instituciones sin ánimo de lucro que son contratadas habitualmente por el Gobierno de Cantabria para asumir carga de trabajo de los hospitales públicos. Dicha contratación se realiza por un procedimiento normal de concurso que, de aprobarse la medida, puede mantenerse o no. Lo que sí se obtendrá es un blindaje a 24 años que imposibilita cambios políticos de las directrices sanitarias.
Cuestionado por su planteamiento, el Partido Popular no ha contestado las preguntas de elDiario.es.